En el dicotómico mundo que divide el bien del mal existen pecados bienales y pecados mortales, por lo general definidos por fundamentos moralistas en los que no caben puntos intermedios: inocente o culpable es la disyuntiva. Esta sentenciosa actitud de quienes miden con vara de moralina a los seres humanos no admite el poder de la razón, puesto que el basamento que rige la sentencia será siempre de carácter subjetivo relacionado con pre-juicios, es decir, con dictámenes que anteceden a indagación de carácter racional que debe primar. Justa o no, la sentencia que emana del pre-juicio no siempre refleja la realidad de los hechos, y como dice el pueblo, las apariencias engañan. En el peor de los casos, existe intencionalidad previa que deja de ser apariencia para convertirse en sentencia. Esta parece ser la reflexión presidencial en la investigación de los Papeles de Pandora, una caja que abrió la revelación que involucra al mandatario Guillermo Lasso en un caso de evasión tributaria sobre dineros sacados del Ecuador e invertidos en compañías offshore constituidas en países considerados paraísos fiscales.
La noticia, dijo Lasso, debió ser otra: que para inscribir su candidatura renunció a la propiedad de acciones en dichas compañías offshore y que, contrariamente a lo que señalan los investigadores el mandatario habría declarado impuestos por una cifra sobre los «500 millones dólares», según el gobierno. Ese es el punto flaco de la postura de Lasso. Se lo acusa no de sacar fondos del Banco de Guayaquil y haberlos invertido en compañías fuera de su país, sino de no haber declarado impuestos proporcionales a los dineros sacados del Ecuador. Negándole al país recursos en la producción de bienes y la tributación correspondiente al erario nacional. Dos “pecados”, habría cometido Lasso: no producir riqueza local sino a través de empresas offshore, -14 en total-, y no tributar proporcionalmente sobre las ganancias obtenidas dentro del Ecuador; aportes que determinan recursos para la gestión de Estado, distribución de la riqueza nacional y obras públicas realizadas por los gobiernos.
El presidente Laso, en actitud que no deja de sorprender, se inclina por la confrontación y desafiante amenaza con revelar nombres de los evasores criollos en una guerra de palabras: “Pronto sabrán ustedes quiénes son los evasores de impuestos, aquellos que viven como ricos y tributan como pobres, aquellos osados que pretenden escudriñar en un patrimonio honestamente bien y públicamente conocido, frente a una actitud de aquellos que esconden del origen de su vida y el origen de su patrimonio”.
Fiscalizadores fiscalizados
Lasso está confiado en que el tema sea investigado por la Comisión de Fiscalización que conduce Fernando Villavicencio, quien se ha mostrado zigzagueante en sus percepciones acerca de los responsables de la corrupción. La razón es simple. Entre el fiscalizador y el fiscalizado, en este caso, existió una cordial invitación que fue aceptada con gusto por las partes. ¿Por qué Lasso no comparece a la Asamblea Nacional para proporcionar información requerida sobre los Pandora Papers y prefiere hacerlo en una instancia que controla uno de sus socios coidearios? El error presidencial radica en no medir fuerzas debidamente, subestimar y soslayar la acción del parlamento, abriéndose un frente generalizado con diversos sectores políticos que allí se expresan. En otras palabras, se puso la soga al cuello, porque su propia actitud aupó a toda la oposición -en su conjunto- en defensa de la competencia fiscalizadora del parlamento con derecho a ejercer oposición en abrumadora mayoría. Eso en política tiene un nombre: carencia de estrategias de alianza. Y en ese error mucho tiene que ver doña Alexandra Vela que oficia de ministra de Gobierno, cuya principal función es conseguir gobernabilidad para el régimen, gestión que muestra el candoroso fracaso de una dama en tierna edad de cuidar nietos y olvidarse de cuitas políticas que no están a su alcance manejar.
Una mayoría parlamentaria conformada por UNES, Pachakutik y PSC, decidió poner de lado a Villavicencio y su comisión y entregarle a la Comisión de Garantías Constitucionales, DDHH y Justicia, el poder de investigar los Pandora Papers. Era lógico que suceda, puesto que en su momento la Comisión de Fiscalización formó parte de un botín político entregado a Villavicencio en retribución a su apoyo y voto en las elecciones presidenciales a Lasso, según ha reconocido el susodicho. Es decir, el mandatario se granjeó de ese modo un fiscalizador de bolsillo, manualito, negociable. Ahora se ve más claro el papel jugado por Villavicencio en los juicios políticos a Pablo Celi y a Freddy Carrión, ex Contralor y ex Defensor del Pueblo, respectivamente. El país fue testigo de que en ambas fiscalizaciones políticas se vulneró el respeto a la legalidad vigente, gestión que redundó en beneficio transitorio del régimen de Lasso. Una vez más, toma y daca entre el poder Ejecutivo y Legislativo en acción. Una reiterada manera de hacer la política a cambio de algo, en beneficio propio. La sucia política por sobre, detrás o al margen del derecho, como un signo de estos tiempos criollos y censurables.
Al final del día, de estos amargos días para el presidente Lasso, el mandatario enfrentará a una instancia fiscalizadora -el país espera- menos sesgada, que investigará su vinculación con los Papeles de Pandora y la paradisiaca evasión tributaria que habría tenido lugar a instancias del mandatario, al invertir en empresas extramuros. No obstante, dicha investigación de la Comisión de Garantías Constitucionales, DDHH y Justicia en el parlamento deberá responder a una indagación fáctica, objetiva, con un enfoque racional y no moralista, sin prejuicios políticos subjetivos de naturaleza extraña al derecho vigente. La Asamblea Nacional tiene, en esta gestión, una inmejorable oportunidad de ganar puntos frente al país. Ahora veremos cuál es su contextura política y moral.
