El “gobierno del encuentro” no se encuentra así mismo, y lo que es peor, ya tiene varios encontronazos con diversos sectores que abren frentes conflictivos frente a los cuales el régimen demuestra escasa capacidad de maniobra.
Una notable incapacidad de gestión queda en evidencia en los primeros meses del régimen, atribuido por analista a una “falta de visión de país” y la aplicación obsesiva de “viejas fórmulas fracasadas”, sin escuchar el clamor ciudadano.
A este panorama se suma la incapacidad de funcionarios claves como la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, de cumplir con su función de lograr gobernabilidad para el régimen; Simón Cueva ministro de Economía y Finanzas, ex empleado del FMI en Bolivia, ahora encargado de proporcionar recursos a los planes de gobierno; y Fausto Cobo, ex director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador. (SNAI), responsable de la seguridad en el sistema penitenciario, y ahora, encargado de la seguridad del círculo presidencial más estrecho.
Esta trilogía del fracaso ha dado lugar al surgimiento de frentes de conflicto de creciente gravedad. Por un lado, un frente legislativo que se niega a llegar acuerdos con el régimen en la consecución de sus planes oficiales, un panorama de inédita inseguridad nacional, empezando por las cárceles en manos de la delincuencia allí recluida, y por otro lado un gobierno que escamotea recursos para resolver los problemas de áreas tan sensibles como salud, educación, seguridad entre otros.
Por boca de los propios funcionarios la situación en esos frentes se vuelve incontrolable para el régimen. Frente a la imposibilidad de conseguir gobernabilidad en el legislativo, la ministra Vela ha reconocido que “no es posible llegar a alianzas programáticas de largo plazo en la Asamblea”. Cobo renunció al SNAI y el ministro Cueva no logra convencer al país de aplicar las mismas fórmulas que le recomiendan sus ex jefes del FMI. Lasso frente a la pérdida de control de las cárceles y la necesidad de urgente recuperación ha dicho, “no es de la noche a la mañana, porque no se pueden hacer las cosas de esa forma”. Vela lo secunda con su ya habitual pesimismo frente a la realidad oficial: “bastante complicada y difícil”.
El régimen ve complicarse su escenario de gobernabilidad, seguridad y concreción de sus proyectos en una retahíla de incumplimientos o retrasos, fruto de erradas decisiones como la reducción de presupuesto en diversas áreas: seguridad, salud, educación y otras. La reiteración de la fórmula populista de contratar encuestadoras que le pintan un panorama favorable que, al final del día, resulta ser un volador de luces para llamar a una Consulta Popular.
El gobierno consecutivamente pierde gobernabilidad en el legislativo -o no la logró nunca en la Asamblea Nacional- y la comienza a perder en las calles. En el frente parlamentario el gobierno enfrenta un duro rechazo a sus planes oficiales al no aceptar a trámite la ley económica urgente por inconstitucional y “en territorio” enfrenta un creciente descontento popular.
El Ejecutivo no logra acuerdos con los transportistas, los sectores agrarios continúan reclamando precios justos para sus productos y el gobierno intenta buscar consensos con la dirigencia indígena con una agenda sobre el tapete: incremento constante de los combustibles, precios de productos agrícolas, rechazo a proyectos mineros y necesidad créditos productivos.
El régimen, en medio de este panorama, habla de dar una “batalla democrática” ¿contra quién, significa declarar la guerra a sus opositores y al país en los frentes parlamentario, social y delictivo? La primera batalla será la Consulta Popular antes de finaliza este año. Proceso que cuesta al estado 48 millones de dólares y la necesidad de contratar sondeos de opinión manipulados y propaganda de la dura.
Frente a los desencuentros oficiales el régimen se resiste a reconocer que estos tienen explicación en un equipo no experimentado de gobierno, falta de capacidad política, respuesta unilateral a la situación del país observando solo las exigencias de un sector: el banquero empresarial.
La falta de realismo político siempre tiene un costo muy alto. El gobierno en sus desencuentros impopulares está llamado a convertirse en un régimen antipopular y represivo, y ahogar así la protesta social en gases lacrimógenos y, tal vez, en la propia sangre ciudadana. El régimen del encuentro no encuentra salida a su ingobernabilidad, y de seguir a ciegas, continuará camino a un encontronazo grave con el país.
