La frase dejó de ser una metáfora para convertirse en una detonación que explica la actual situación de criminalidad con excesos de violencia inéditos en el país. Los acontecimiento que tuvieron lugar en diversos centros penitenciarios con un saldo de al menos 116 reos muertos y mas de 80 heridos refleja en nivel de violencia delictiva que vive Ecuador. Unos murieron por impactos de bala, otros fueron decapitados y también incinerados. Al menos 79 reos murieron en los enfrentamientos entre miembros de bandas rivales amotinadas en centros penitenciarios en Cuenca, Guayaquil y Latacunga, más que todos los muertos registrados el año pasado en las 48 prisiones del país.
El primer mandatario reconoció que la masacre acaecida en cárceles de Guayaquil, Cueca y Latacunga lo obliga a declarar el estado de excepción en todo el sistema carcelario. «Es lamentable que las cárceles se las pretenda convertir en un territorio de disputa del poder por parte de bandas delincuenciales. El Estado ecuatoriano va a actuar, debemos actuar, y la primera decisión que hemos tomado es declarar el estado de excepción del sistema carcelario de todo el territorio ecuatoriano», dijo.
La Fiscalía General del Estado (FGE) en un intento por dar explicación a lo sucedido, manifestó en un comunicado que al menos dos causas que determinan la masacre de mas de 100 presos en los centros penitenciarios. Según la entidad, los ataques violentos se produjeron por la lucha entre bandas delictivas que buscan “ostentar el poder” dentro de la cárcel. La segunda razón obedece a “a la intención de parte de las autoridades de trasladar a los cabecillas de organizaciones delictivas a otros centros penitenciarios del país”, señaló la Fiscalía.
Causas y sus efectos
Según analistas, la situación de violencia criminal que se vive en las cárceles del país, reflejan la situación que se vive en el país, donde “fuerzas oscuras amenazan nuestra convivencia», declaró en un video difundido por la Presidencia del anterior régimen en el que se aseguró que no hay «coincidencias» y que los sucesos carcelarios son «consecuencia» de un incremento del narcotráfico”. No es casual que estuviera organizado desde el exterior de las cárceles e internamente orquestado por quienes se disputan el liderazgo y tráfico de drogas en el territorio nacional. Según versiones oficiales, cinco bandas criminales están detrás de los sangrientos sucesos del martes. Se trata de Los Pipos, Los Lobos, Los Chone Killers, Los Tiguerones y Los Choneros, quienes se disputan el liderazgo vacante desde la muerte del líder de este último grupo, Jorge Luis Zambrano, «Rasquiña».
El portal especializado Insight Crime, los grupos criminales ecuatorianos operan frecuentemente “de manera fragmentada, actuando fundamentalmente como subcontratistas de organizaciones criminales extranjeras”. se trata de una “disputa del mercado delictivo y del narcotráfico que excede las fronteras del país». Más de un tercio de la droga producida en Colombia pasa por Ecuador rumbo a Europa y Estados Unidos. Las bandas disputan el control total del negocio, sin que signifique que no lo ostente en la actualidad, se mata por conservarlo. Ecuador se ha convertido en la «autopista de la cocaína hacia Estados Unidos y Europa, se estiman que unas 500 toneladas de droga salen cada año desde Ecuador hacia el extranjero.
El aumento del narcotráfico ha incrementado la población carcelaria en el país, mientras que no han crecido proporcionalmente las capacidades de supervisión y vigilancia penitenciaria. Por el contrario, respondiendo dócilmente a los planes de austeridad acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), estos sectores también se han visto afectados por los recortes que en su momento generaron una ola de protestas. El déficit de personal de vigilancia bordea el 70% en las cárceles del país. La falta de personal es también una de las razones de las declaratorias de estado de excepción de 2019 y 2020, pues la medida permitió la movilización de efectivos del ejército para enfrentar la violencia en las prisiones ecuatorianas. No obstante, la Corte Constitucional prohibió recurrir a este recurso para enfrentar la crisis carcelaria, ordenando en su lugar la elaboración de un plan que no ha podido ser implementado por falta de financiamiento.
El resultado es el abultado nivel de hacinamiento que dificulta la adecuada gestión de las cárceles ecuatorianas. Conforme el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), la capacidad carcelaria ecuatoriana es de 28.500 personas, pero el número de reos sumaba hasta hace unos meses 41.836, un hacinamiento del 42%.
Todo demuestra que el Estado y las autoridades de gobierno central actúan a la saga de los hechos y no llegan al fondo de las causas que explican el fenómeno. No se ataca el origen de la delincuencia que se encuentra en la crisis económica y social que vive el pais por un modelo económico fracasado que relega a la miseria a millones de ecuatorianos. La delincuencia nace en la miseria social no en la conducta individual. La respuesta solo policial o militar no es suficiente porque el fenómeno es recurrente y cíclico: a mayor violencia más delincuencia y viceversa.
La ausencia de planes oficiales de control de la delincuencia denota un Estado debilitado en su estructura y funciones, a merced a un modelo de gestión privatizador que pretende reemplazar las funciones estatales por la acción privada de empresas e intereses particulares que solo buscan hacer un negocio de las necesidades sociales.
Todo lleva a la conclusión que explica el titulo de este articulo: la cárcel es espejo social que refleja con toda nitidez la situación de descomposición del país.
