Nubarrones negros se ciernen sobre la aprobación de la proforma presupuestaria enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. La sesión parlamentaria del día de ayer puso en evidencia el mal clima que impera en el legislativo para aprobar la Proforma Presupuestaria Anual y la Programación Presupuestaria Cuatrianual (2021-2024).
Según el ministerio de Finanzas, el monto de la proforma del PGE 2021 es de USD 32 948,64 millones de dólares la cual contempla la llamada Cuenta de Financiamientos de Derivado Deficitarios (CFDD), que representa una disminución de USD 2 549,78 millones (2,45 % del PIB) comparada con el presupuesto inicial de 2020.
El gobierno ha indicado que los ingresos totales de la proforma totalizan USD 23 042,50 millones y los gastos ascienden a USD 27 855,18 millones, dando como resultado un déficit global de USD 4 812,68 millones sobre la línea de la Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento, equivalente a 4,63 % del PIB.
La proforma 2021 se sustenta sobre supuestos macroeconómicos tales como: Precio promedio del barril de exportación de petróleo: USD 59,80. Crecimiento del PIB: 3,02 %. Inflación (promedio): -0,05 %. Volumen de producción de petróleo: 177,26 millones de barriles. PIB nominal: USD 103 877,86 millones.
Pero en la danza de las cifras surgen contrapuntos entre el Ejecutivo y el Legislativo que impiden un consenso mínimo para su aprobación por lo que -según planes del gobierno- la proforma podría pasar por el ministerio de la ley.
Entre las principales observaciones de la oposición a la proforma presupuestaria constan los recortes presupuestarios para salud, educación, Gobiernos Autónomos Descentralizados y seguridad social. Según legisladores de UNES “el gobierno incumple al no presentar un Plan Nacional de Desarrollo necesario para aprobar u observar el presupuesto del Estado”.
Entre otras observaciones señaladas en la Asamblea Nacional se dijo que “la proforma tiene serias deficiencias técnicas, con cálculos mal elaborados”, tanto de ingresos como de egresos. Estas observaciones anticipan el chapuzón que impedirá el apoyo parlamentario a la Proforma del Estado enviada por el Gobierno de Lasso, considerada además “un desastre y una acopia, con ciertas modificaciones del documento presupuestario que presentó en su momento el régimen de Moreno”.
La Asamblea Nacional exige al Ejecutivo considerar y acoger las observaciones que se planteen en el legislativo, caso contrario la proforma no será aprobada tal cual fue presentada. No obstante, la bancada de CREO, en una justificación para muchos injustificada, hizo alusión a la necesidad de aprobar el presupuesto en virtud de que “es lo que corresponde hacer de conformidad con la ley”.
Sectores legislativos y sociales reflexionan en torno al imperio de una ley que se quiere imponer por sobre los desacuerdos que deben existir en democracia. El ministerio de la ley resulta impositivo, cuando a falta de consenso faculta al gobierno a gobernar a empujones.
Calles calientes
Mientras esto ocurre en un frío ambiente de la Asamblea Nacional, las calles se calientan y alejan aun más la tan ansiada gobernabilidad que necesita Guillermo Lasso para imponer su proyecto de gobierno. El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y otras organizaciones sociales, estudiantiles, indígenas y de otros sectores se movilizaron en el Paro Nacional contra las políticas de Guillermo Lasso de ayer, 15 de septiembre. Se sumaron, además, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y productores agropecuarios, entre otros actores.
Entre los malestares sociales que suben la temperatura del clima político constan “las evasiones tributarias de evasores que son grandes industriales, de la banca y grandes empresarios”, el aumento progresivo del precio de los combustibles que genera un alza del costo de la vida. Los trabajadores movilizados expresaron su rechazo a las reformas laborales que se avecinan y que buscan volver a la flexibilización y tercerización en la contratación de mano de obra. Los trabajadores organizados en un denominado Frente Popular de Pichincha manifestaron que esta movilización «no es el inicio de una nueva etapa», sino la profundización de un «proceso de lucha» que ya estaba en marcha contra el actual Gobierno que asumió en mayo.
El régimen se mantiene a la intemperie, sin apoyo legislativo y social a sus propósitos que generan un mal clima político con negros nubarrones a la vista.
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