Se cumplió la crónica de una destitución anunciada, o mejor, programada, en el contexto de la llamada “descorreización del país”. El ex Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, fue censurado y destituido del cargo en juicio político en la Asamblea Nacional. La censura contó con 75 votos afirmativos de las curules del Partido Social Cristiano (PSC), Izquierda Democrática (ID), CREO e independientes. El rechazo a la moción provino del bloque UNES y 14 abstenciones de asambleístas de Pachakutik (PK).
Las razones esgrimidas por sus interpelantes fueron “incumplimiento de funciones” y conducta que se refiere al “uso indebido de recursos públicos” asignados a la exautoridad, quien mantuvo una reunión privada a la que asistió en carro del Estado y acompañado por funcionarios públicos de seguridad. Sobre este evento existe un informe de la Comisión de Fiscalización que concluye en que esta cita no habría estado relacionada con sus funciones como Defensor del Pueblo. Carrión fue detenido y procesado por presunto abuso sexual, cargo por el cual será juzgado penalmente el 17 de septiembre. Según sus interpelantes, Carrión incumplió funciones al asistir a una reunión social el pasado 15 de mayo en el domicilio del exministro de Salud, Mauro Falconí, al utilizar el vehículo institucional y con seguridad de la Policía Nacional.
Razones de fondo
Carrión se volvió políticamente incorrecto y censurable a partir del informe que firmó en referencia a la actuación del régimen de Lenin Moreno durante las protestas sociales de octubre 2019. Una Comisión de la Verdad investigó los hechos que rodearon a las movilizaciones y emitió un informe que detalla que hubo un saldo de seis fallecidos y varios ciudadanos heridos por la acción de los aparatos del orden del Estado. Basado en ese documento, Carrión elaboró una denuncia por delitos de lesa humanidad contra el presidente Moreno y sus exfuncionarios Oswaldo Jarrín y María Paula Romo, ministros de Defensa y de Gobierno, respectivamente. Adicionalmente, el defensor del Pueblo encabezó el litigio judicial de familiares de personas fallecidas por Covid-19, cuyos cadáveres desaparecieron de hospitales de Guayaquil. La Defensoría del Pueblo acusó formalmente al ex ministro de Salud, Juan Carlos Cevallos, por inocular con privilegios a su madre y a una lista de vacunados VIP, en un evidente conflicto de intereses por sobre el programa oficial.
Carrión fue acusado por CREO, en el discurso de Diego Ordoñez, que propuso la destitución del ex funcionario porque “desde la cárcel decide ejercer funciones”. La ID instrumentaliza a una mujer, la novel asambleísta Yeseña Guamaní, para efectuar acusaciones feministas que debería resolver, en todo caso, la justicia ordinaria. No se diferencia entre el juicio político y el juicio penal y se arguye una supuesta violentación a una mujer. PK dividido, entre un sector que lo sanciona y otro que se opone a la censura, apoyando el informe de Carrión sobre octubre 2019.
Autodefensa de Carrión
El Defensor del Pueblo en su autodefensa argumentó que “los culpables por violación a los derechos humanos, Moreno, Jarrin y Romo, están fugados y yo estoy preso”. Aseguró, además, que se montó un incidente la noche del 15 de mayo como parte de una persecución política para “eliminarlo”, en una estrategia que busca “invalidar” el mencionado informe sobre las protestas de octubre del 2019 elaborado por la Comisión de la Verdad y citado por la Defensoría del Pueblo. Carrión no negó haber autorizado a sus abogados usar su firma electrónica para cesar en funciones mediante resolución a Zaida Rovira, defensora subrogante que reconoce haber “contratado 10 funcionarios” para la Defensoría del Pueblo en provincias. En razón de que Rovira “empezó a repartir la Defensoría y a anular la institución”, Carrión dirigió sus críticas a Y. Guamaní, a quien responsabilizó de buscar sacarlo de sus funciones para “repartirse” los cargos en la Defensoría del Pueblo entre personas vinculadas a la ex ministra Romo y a la Izquierda Democrática.
Carrión resultó ser un defensor indefenso, o mal defendido. Sus abogados nunca impidieron el encarcelamiento, e incluso desecharon versiones periodísticas que analizaban el trasfondo de los hechos argumentando que no convenía a “su estrategia de defensa”. Jurídicamente la defensa resulta ser un fracaso estratégico, y políticamente Carrión estuvo en la indefensión debido a una tibia posición de sus allegados en la Asamblea Nacional.
El pueblo debe aprender la lección. La mejor defensa es aquella que se auto ejerce. El pueblo debe prepararse para la defensa en todos los espacios de violación de sus derechos humanos, el derecho a la libre expresión y la democracia como forma de convivencia cívica en la que la participación popular sea una realidad verificada históricamente.
