En el país del absurdo los fiscalizadores terminan fiscalizados. La Fiscalía General del Estado allanó el despacho de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Bella Jiménez. La policía buscaba indicios del cometimiento del delito de concusión. Una vieja práctica parlamentaria que supone el abuso del poder cometido desde un cargo público, en beneficio personal. El caso de Jiménez ya tiene precedentes claros. Una denuncia señala que su hijo recibió dinero de una persona que pagó por conseguir un cargo de asesor 2, como favores de la legisladora. Bella se defiende y arguye que sus asesores “usaron sus celulares para beneficio propio”. Es decir, reconoce la irregularidad.
Bella sin alma, sin espíritu de integridad personal, delata a la gente de su confianza como trasgresores, no solo del código penal sino del código que rige la ética de las personas normales. El Código Integral Penal (COIP) en su artículo 281, inciso uno, sanciona el delito de concusión como un acto doloso con pena imprescriptible y privativa de libertad de tres a cinco años. La concusión -que proviene del latín concussio-onis- era severamente castigada en la antigua Roma, como una práctica frecuente de la soldadesca en territorios conquistados por el Imperio Romano, infundiendo temor para obtener un favor. En la actualidad, es una exacción hecha por un funcionario público en provecho propio, exigiendo dinero, multas, sanciones o prestaciones arbitrarias que lesionan el patrimonio de la nación.
Bella, fiscalizadora fiscalizada, hoy gestionaría cargos públicos a cambio de dinero, y por esa razón agentes de la policía realizaron ocho allanamientos en las ciudades de Quito y Guayaquil en busca de pruebas condenatorias. No obstante, su partido, la Izquierda Democrática, ya la juzgó y expulsó de sus filas. Jiménez fue dirigente del feminismo en la parroquia Ximena en Guayaquil, pero en el año 2011 se fue por diferencias en el trabajo territorial, según sus militantes. Bella argüirá que «como mujer es víctima de persecución» y apremio, aun cuando el feminismo no debe servir para alcahueterías, sin embargo, se dice que la mujer en su simultaneidad, es menos proclive que el hombre a ser corrupta. En delitos públicos habrían incurrido 32 asambleístas que tienen cuentas pendientes con el Estado por un monto de 82 millones de dólares como sujetos con responsabilidades civiles y penales. Entre ellos, 28 parlamentarios deben pagar 48,3 millones de dólares por concepto de glosas.
La conducta de la segunda vice presidenta de la Asamblea Nacional –como en la canción del italiano Riccardo Cocciante, Bella senz´anima– no deja “nada para agregar ni para dividir”. El país, en cambio, debe sumar y multiplicar voluntades para juzgar estos hechos. Un pueblo que elige corruptos no es víctima, se convierte en cómplice.
