No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, dice el pueblo. El gobierno cumplió cien días de gestión y hay deudas pendientes, sobre todo en promesas de campaña. Y la promesa central que fue garantizar gobernabilidad para cumplir el plan de gobierno, se diluye. La prematura alianza entre gobierno y oposición -pacto parlamentario suscrito por la bancada oficialista y Pachakutik e ID para controlar la Asamblea Nacional- parece llegar a su fin como todo romance prematuro. Concluida la luna de miel queda al descubierto el lado oscuro de la luna.
El régimen entregó la gobernabilidad a Pachakutik, pero Conaie y Pachakutik dijeron que no seguirán apoyando al gobierno para aprobar leyes en la Asamblea Nacional. El gobierno pierde así la posibilidad de conseguir gobernabilidad en el espacio donde se gestiona la política y se generan las leyes para gobernar. La ministra de Gobierno ha dicho que “espera hasta diciembre conseguir los consensos necesarios”, caso contrario el régimen echará mano a la consulta popular e incluso a la llamada “muerte cruzada” -que implica disolver la Asamblea Nacional- para gobernar por la vía de los decretos presidenciales. Perdida la gobernabilidad en el parlamento, el gobierno la buscará en la calle donde la movilización popular dicta la última palabra, y frente a eventuales protestas sociales el régimen no tendrá más opción que volverse antipopular y represivo. Como promesa reiterativa el régimen asegura que no derogará el decreto que pone fin al subsidio a los combustibles. Además, inició la reducción del tamaño del Estado con despidos masivos de funcionarios en el sector público.
Evaluación del trimestre
Una revisión de los primeros cien días de gobierno evidencia promesas, incumplimientos y nuevos pendientes oficiales. Voceros del gobierno señalan los primeros tres meses de gestión como “positivos”, en los cuales destacan el cumplimiento del plan de vacunación 9/100, disminución del “riesgo país”, firma de acuerdos en el comité de inversiones por 500 millones de dólares, inicio de gestión para incrementar la producción petrolera y minera, disminución de partidas arancelarias que mejoraría la situación agrícola, eliminación de impuesto a la herencia –que favorece principalmente a los ricos-, eliminación gradual del impuesto a la salida de divisas. El mensaje oficial es que ahora se viene atraer inversiones y reactivar la economía. Como primera acción, el Ejecutivo envió al parlamento su proforma presupuestaria, sin plantear una reducción significativa del gasto público.
No obstante, sectores diversos de oposición enfatizan en que hay ofertas incumplidas, deudas pendientes y propósitos oficiales impopulares. Una panorámica de los cien días muestra un clima de violencia, desempleo e inseguridad. No se observa un mejoramiento de los ingresos y la Asamblea Nacional aun no recibe los proyectos de leyes del Ejecutivo destinados a la “reactivación económica”. Se ofreció subir salarios y la medida no se concreta, mientras la familia sigue sin empleo pleno. El Estado ofreció establecer precios mínimos de sustentación para productos como el arroz y el acuerdo con los productores está todavía en veremos. Los hospitales continúan sin medicinas en sus bodegas y los pacientes deben comprar medicinas que debió proporcionarles el Estado.
Los bancos no bajan los intereses y no se concreta el acceso a créditos blandos de la banca pública para los sectores menos favorecidos que no son sujetos de crédito en el sistema financiero.
Entre las deudas oficiales impagas se puede mencionar que está pendiente el mejoramiento de la economía, fortalecimiento a la dolarización, reducción de impuestos, control de la corrupción y recuperación de lo robado, sigue pendiente trabajar con gente honrada mientras todavía hay delincuentes en los círculos oficiales. Se ofreció luchar contra la corrupción, pero ésta continua tan campante. Persiste la entrega de cargos públicos a cambio de apoyo parlamentario. Está pendiente combatir a la delincuencia -no hay un plan de prevención y represión global-, la policía interviene tardíamente para contar los muertos y las balas empleadas. Falta apoyo a la educación, existe un 50% de establecimientos educativos que permanecen sin conectividad, mientras que un millón 700 mil estudiantes deben recibir “clases virtuales” en esas condiciones. Crece la sensación popular de que las ofertas de campaña resultaron ser demagógicas.
El diálogo del país del encuentro no avanza en la medida de lo esperado. Gobierno perdió gobernabilidad en el parlamento, si el régimen pierde credibilidad en la calle podría volverse represivo ante el descontento popular.
¿El Gobierno está en buena posición política? Encuestas dicen que sí. Según sondeos de opinión la Aprobación al presidente estaría en un 70% y la credibilidad en 64%. Se mide “Apoyo a la gestión”, pero las encuestas no preguntan por las causas de los problemas de fondo: crisis, desempleo, inseguridad, etc. Entre las prioridades de los ecuatorianos se menciona la necesidad de generar empleo, bajar la pobreza, acabar con la corrupción, apoyar emprendimientos o iniciativas.
El gobierno se impone la fórmula populista de gobernar con simpatías transitorias de mayorías ciudadanas amorfas que se reflejan en las encuestas. La gobernabilidad no se la consigue en la calle, en todo caso allí se la pierde. El gobierno ha dicho que esperará hasta diciembre conseguir apoyo parlamentario para sus leyes, mientras la Credibilidad de la Asamblea Nacional es de un 16,4% y la Aprobación de la gestión un 23,4%.
Sectores de oposición han prometido “seguir actuando de acuerdo a sus principios”, con una “oposición frontal, firme, al lado de la gente”. Para ello marcan líneas rojas: ley de emprendimiento apoyado con incentivos tributarios, aumento del IVA, reducción del impuesto a la renta, reformas tributarias, reformas laborales, creación de dos códigos, uno para trabajadores dependientes otro para contratos ocasionales, ley de seguridad social privatizadora, entre otras iniciativas del gobierno que no dejarán pasar.
El reto del régimen es claro: Lograr equilibrio entre el Estado, la familia y el mercado. En particular, apoyar a la mujer, a la juventud y a los sectores más vulnerables con políticas diferenciadas a su favor para reducir el impacto de la pandemia en aquellos ecuatorianos que terminan siendo los más golpeados. El gobierno del Guillermo Lasso está en la disyuntiva de ser o no ser lo que prometió, lo que es capaz de cumplir frente lo que se atreva a concebir para el país. El pueblo permanece vigilante a los plazos que se cumplan y las deudas que se paguen.
