Cuando se inicia la décimo octava semana de gobierno y el régimen del presidente Guillermo Lasso no cumple 80 días de gestión, las contradicciones políticas en el país se agudizan, sin que éste consiga la gobernabilidad necesaria para cumplir con los planes oficiales prometidos en campaña. Las alianzas con sectores políticos, fruto del romance parlamentario inicial para lograr el control de la Asamblea Nacional, parecen llegar a su fin. Y hoy el gobierno tiene minoría en el órgano legislativo en solitario, con una veintena de votos de la bancada oficialista para la aprobación de leyes que son de su interés. El eslogan publicitario de ser “el gobierno del encuentro” quedó en afirmación vacía. Tempranamente, el movimiento oficialista CREO rompió la alianza electoral con el PSC -que le habría dado mayor base de sustentación-, y el pacto con el movimiento Pachakutik por el control de la presidencia de la Asamblea Nacional parece sucumbir al vaivén de las contradicciones políticas que se iban a producir, tarde o temprano, entre sus representantes.
Este es un gobierno relativamente débil, que luce en minoría, aun cuando las encuestadoras contratadas por la presidencia hagan piruetas por hacer aparecer un apoyo por sobre el 70% a favor del gobierno, aquel no es más que el reflejo instintivo de la gente por retribuir los intentos de vacunación confundidos con la política general que el Estado debe implementar en favor de la ciudadanía. Ya se ha dicho, la política sanitaria es mucho más que vacunar.
El régimen gobierna sin sustento político en la Asamblea Nacional, que es el espacio donde ocurren los hechos en términos de leyes, pactos y componendas. En otro espacio donde sucede la política, la calle, tampoco el gobierno tiene allí un respaldo popular activo en capacidad de movilizarse en sustento del régimen. Frente a las movilizaciones de la oposición que reactivan la conflictividad nacional, sin apoyo el régimen no tendría más alternativa que recurrir a la represión, cuando todo indica que se debe manejar con mesura frente a una conflictividad represada durante mucho tiempo por la pandemia, y aún el escenario político económico que llevó a las protestas de octubre 2019 no se termina de resolver.
Las contradicciones persisten. Se quiere imponer doble código laboral en el país –uno para trabajadores formales otro para informales-, el precio de los combustibles sigue subiendo sin control, se continúa tratando de promulgar una ley tributaria rechazada por todo el mundo, el sector arrocero reclama revisión del precio de sustentación para su producto, amplios sectores exigen derogar la llamada “ley humanitaria”. Las prioridades del gobierno son distintas, entre otras, reducir el déficit imponiendo nuevos impuestos al pueblo, porque la recaudación tributaria no alcanzaría para cubrir el hueco fiscal o continuar endeudándose internacionalmente.
Lo habíamos previsto en un artículo anterior. Las contradicciones se impondrían solas. Larga es la lista: contradicciones entre la economía del pueblo y el alza de productos de primera necesidad, de los empresarios contra los impuestos, de los ecologistas contra las políticas extractivistas en la agenda oficial, de sectores indígenas con el fin al subsidio de los combustibles, de los trabajadores con las reformas laborales, de los universitarios contra la ley de Educación Superior, en fin, contradicciones de la juventud contra la falta de oportunidades de vida.
No obstante, el gobierno insiste en imponer criterios que van en sentido contrario a los intereses populares. El presidente Guillermo Lasso, en respuesta a los sectores que contradicen las políticas oficiales, ha dicho que no derogará los decretos que eliminan el subsidio a los combustibles y anunció que la aplicación de la focalización del subsidio tardaría al menos dos meses. El mandatario reitera que sus opositores “solo buscan la desestabilización de la democracia con fines simplemente protervos. Pero aquí les decimos claro: no estamos pintados en la pared y no vamos a hacer lo que ellos quieran, sino lo que le conviene al pueblo ecuatoriano”. Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, calificó como “provocaciones” dichas expresiones: “Me parece la respuesta del presidente como un acto irresponsable, como un acto de provocación. Está provocando una reacción negativa del pueblo”. Y esa reacción se expresa en la movilización del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) convocada el 11 de agosto en contra del incremento del precio de los combustibles, entre otros temas relacionados con la generación de empleo y seguridad social.
La difícil salida
El régimen tiene la alternativa de convertirse en un gobierno plebiscitario y consultar al pueblo para imponer sus políticas, o aplicar la “muerte cruzada”, que implica elecciones en seis meses. En este caso, una nueva elección provoca un clima beligerante que no contribuiría a estabilizar la economía del país. En tanto, la consulta popular es una apuesta al vacío que responde al oportunismo de aprovechar el reflectivo apoyo popular publicado por encuestadoras que, al final del día, no garantiza respaldo a lago plazo. El gobierno debería presentar propuestas más creativas, distintas a las salidas populistas.
Voceros del gobierno señalan que “sin acuerdos económicos no habrá acuerdos políticos”, cuando en realidad es todo lo contrario, sin acuerdos políticos no existe posibilidad de acuerdos económicos entre el gobierno y la oposición. Alguien tiene que ceder, y ese alguien es quien está políticamente en minoría parlamentaria. Está en juego la forma de concebir el desarrollo del país que deja al descubierto las contradicciones existentes entre los derechos populares frente a las necesidades políticas de un Estado neoliberal. Quienes apoyan al gobierno insisten en que “se necesita confianza, gobernabilidad, certidumbre, disciplina, perseverancia”. Sin embargo, hace rato la política dejó de ser un mero discurso, para convertirse en la necesidad de hechos concretos, que las cosas sucedan en la realidad. No basta con las buenas intenciones, anhelos subjetivos o declaraciones rimbombantes. El discurso oficial intenta construir el imaginario de “un país libertario, luz de América, ejemplo democrático, atractivo a la inversión extranjera, modelo de vacunación”, etc. Pero esas frases oficiales chocan con la realidad de un país con falta de trabajo, estabilidad laboral, salud, educación, seguridad social, acceso a servicios públicos y carente de esperanza ciudadana. Más allá de la propaganda metafórica, la situación del Ecuador demuestra que dentro de la lógica neoliberal no hay solución, dicha política lo ha intentado todo y en diferentes países, con estrepitosos fracasos sociales y rutilantes logros económicos a favor de los privilegiados de siempre.
El modo de operar del gobierno debe dejar de ser autosuficiente que, con autoengaños pretende cubrir una realidad insoslayable: está solo -solo con el FMI-, y la urgencia de aplicar las recetas fondomonetaristas es de tal urgencia que el organismo internacional pasó de ser prestamista a la conducta mendicante de regalar dinero a los 150 países deudores.
Sin el apoyo político interno necesario para gobernar con estabilidad, el régimen -consciente o no- si no concede no obtendrá gobernabilidad posible para llevar a cabo sus planes. No se puede tener tan corta vista para no percibir que gobernar va más allá de sortear ciertas coyunturas, y que la gobernabilidad a largo plazo implica resolver temas de carácter estructural en una sociedad. Para eso se necesita consensos y el gobierno carece de la fuerza política en la Asamblea Nacional para conseguirlos y, fuera de ella, poco hace por consolidar el aprecio popular.
En ese sentido, el actual repite la historia de regímenes anteriores. El gobernante debe comprender que la arrogancia clasista no es buena consejera en el poder. El poder requiere de lucidez, inteligencia y sensibilidad en la implementación de políticas sociales claras, sin dobleces. La política es, cada vez menos, la posibilidad de imponer por la razón de la fuerza, políticas sin razón popular. Sin capital político un régimen se ve obligado a recurrir a la fuerza represiva para imponer gobernanza, todos en el país esperamos que este no sea el caso. La principal contradicción de un gobierno es pretender decir que es aquello que no logra ser, para tratar de ser algo distinto a lo que realmente es, y caer en disonancia consigo mismo.
Y la mayor desgracia de un país: cuando las fuerzas políticas de la derecha y de las izquierdas pierden capacidad de superar las contradicciones sociales que terminan imponiéndose solas.
