Soplan vientos de conflicto en el país del encuentro. Se avecina para la semana próxima movilizaciones populares convocadas por los trabajadores y por el movimiento indígena, si el gobierno no responde hasta el 10 de agosto a sus requerimientos.
El régimen de Guillermo Lasso debe dar una respuesta concreta a los pedidos del movimiento indígena respecto de la derogatoria de tres decretos ejecutivos que liberaron los precios de los combustibles. El plazo fijado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), surge en relacion con una asamblea prevista para el próximo martes que analizará la posibilidad de plegarse a medidas de protesta. El Presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, dijo que esperan una respuesta “inmediata”, por lo que recalcó que Lasso tiene que “tomar una decisión antes del 11 de agosto, día que se incrementarán los precios de los combustibles. Mientras se acumula, más satura la crisis. La reacción social va a ser más fuerte”, enfatizó. Y en esa línea, articularán acciones de manera progresiva con los trabajadores de los sectores rurales, que podrían plegarse a la movilización convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) para este 11 de agosto. El FUT convocó a una marcha de protesta, el próximo miércoles desde las 16:00, en contra de la vigencia de la Ley de Apoyo Humanitario, la falta de empleo, la liberación de precios de combustibles y las reformas a Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).
La réplica del régimen no se hizo esperar. Lasso en un acto público, dijo: “Nosotros los representamos a ellos -a los pobres-, no aquellos que se visten como pobres, pero son mercantilistas, capitalistas y solo buscan la desestabilización de la democracia con fines simplemente protervos. Pero aquí les decimos claro: no estamos pintados en la pared y no vamos a hacer lo que ellos quieran, sino lo que le conviene al pueblo ecuatoriano”.
¿Quién tiene la regla de oro de las conveniencias populares? Al menos, no quienes tienen un origen distinto a los más afectados por los inconvenientes de la vida.
El pueblo y los sectores vulnerables tampoco son una caricatura pintada en el muro de los lamentos. Sus reivindicaciones deben ser escuchadas por un gobierno que se ufana del diálogo. La intransigencia política es lo propio de un régimen indispuesto a ceder, que no dialoga sino con sus amigos, mientras lenta, silenciosa, subrepticiamente, viene tratando de imponer su agenda neoliberal, sin que se note: primero, reformas laborales para flexibilizar los derechos de estabilidad de los trabajadores; luego, la ley de “oportunidades” que maquilla la explotación laboral con la opción de trabajo temporal, y reformas tributarias que exoneran de impuestos a empresarios y poderosos, y ahora, acabar con el subsidio a los combustibles que desatará una inflación asumida por el bolsillo de la gran mayoría de 17 millones de ecuatorianos. No es convincente el gobierno cuando argumenta que “se subsidia a ricos, contrabandistas y narcotraficantes”. El Estado tiene la obligación de gobernar, sino para todos, al menos para la mayoría, sin confundir al pueblo y normar claras políticas que sancionen acciones ilegales.
Era cuestión de tiempo, se veía venir que el transitorio y frágil acuerdo parlamentario en procura de la mentada gobernabilidad, más temprano que tarde, se haría trizas en su fragilidad. El movimiento indígena organizado en la CONAEI no se muestra dispuesto a ceder en el tema del subsidio a los combustibles, y su brazo político enguantado en Pachakutik no haría buen negocio apoyando en la Asamblea Nacional, leyes de claro corte impopular propuestas por el régimen.
El actual es un gobierno de minoría parlamentaria que ha caído en el mismo error de sus antecesores. Gobiernos anteriores -de Rafael Correa y Lenin Moreno- incurrieron en la torpeza de no saber establecer una política de alianza con sectores orgánicos de la sociedad: movimiento indígena y trabajadores sindicalizados. Para estos regímenes son sectores considerados subsidiarios, susceptibles de ser manipulados, cuando no reprimidos mediante la judicialización de su protesta social. Mal ejemplo político, sin duda. No se puede responder con arrogancia clasista a los requerimientos populares, utilizando el mismo léxico febrescorderista para descalificar a sus opositores apagando el fuego con gasolina.
Se avecina un vendaval político y social si no se logra establecer acuerdos mínimos que satisfagan a las partes en conflicto, que no están pintadas en la pared ni talladas en piedra.
