La crisis del Municipio Metropolitano de Quito devela la lucha por el poder en el país que se expresa localmente en la capital quiteña. Una pugna por el control político del gobierno autónomo descentralizado que ha conducido a la ciudad a una paralización administrativa sin precedentes. Como plato fuerte, en el fondo de un problema político con ribetes jurídicos subyace una crisis de representatividad que habla del fracaso de la democracia formal en la ciudad y de la nula participación ciudadana de sus habitantes en las instancias de poder local.
En un análisis de fondo, el programa la Oreja Libertaria, de Radio Pichincha trató el tema bajo la conducción de Luis Onofa y Leonardo Parrini con invitados especiales, el doctor Augusto Barrera, ex alcalde de Quito y la Vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, abogada Sybel Martínez.
La ciudad sin rumbo
La ciudad vive una crisis que le ha hecho perder el rumbo, que no solo implica una dinámica de conflicto político, en momentos de la fase aguda de la crisis “se tiene afectación en la propia capacidad operativa y de ejecución administrativa del municipio y de la ciudad”, no obstante, diversos problemas de la ciudad que requieren solución inmediata son ajenos al debate en el que está inmerso el municipio. En esta realidad se reflejan tres niveles de análisis, “un deterioro muy profundo de la representación política que no ha podido poner por encima de sus intereses individuales o partidarios el interés de la ciudad”. En segundo lugar, “enfrentamos a una muy mala gestión en estos dos años”, existe, además, un retraso de cinco años anteriores en que no se ha definido un modelo de gestión. Un tercer elemento es que “tenemos una estructura de poder local que refleja una lógica de poder nacional en la que hay conflictos de intereses”, con el protagonismo de sectores de poder que han demostrado tesis clasistas y racistas que expresan en una visión absolutamente retardataria de lo que es la ciudad, señala Barrera.
Este protagonismo ya se manifestó en la propia administración de Barrera con “una arremetida de sectores de poder” contra una política progresista. En cambio, muchos de los contenidos de la política de estos dos últimos años en el municipio, no han sido precisamente contenidos de una política progresista; la administración de Yunda “ha sido profundamente débil, cuando no cómplice, frente a un conjunto de grandes intereses inmobiliarios. A nivel del concejo y de voceros municipales sus miembros, están más cerca de esos intereses que del campo popular y democrático”, según el ex alcalde.
El sistema judicial ecuatoriano se ha mostrado permeable a influencias políticas que han cooptado la justicia en función de dirimir sus contradicciones. En este conflicto de la ciudad existe la politización de la justicia y la judicialización de la política, en opinión de Sybel Martínez. De estos hechos, versiones de prensa dan viva cuenta de lo que sucede al interior del Consejo de la Judicatura: “Queda claro que se ha metido mano en la justicia, ha existido injerencia, se trató dos acciones de protección que cayeron en manos de dos jueces habiendo 300 para sortear la competencia del caso entre ellos”, recuerda Martínez.
En torno a la agenda de la ciudad, los temas prioritarios deberían tomar en cuenta algunos elementos. En los años noventa hay un proyecto hegemónico en el municipio quiteño representado por Maguad y lo que ocurre es el colapso de un modelo de gestión que estuvo vigente en las alcaldías de Sixto Durán, Paz, Mahuad y Sevilla. Frente a este modelo existe una agenda que reivindica la diversidad política en la ciudad. Hay que pensar en “un modelo de construcción democrática en que los servicios públicos no estén privatizados, una agenda eficiente en la que es perfectamente compatible combinar la política democrática más una modernización progresista, más una ciudad de inclusión”, señala Barrera. El desafío consiste en la recuperación de un proyecto amplio, inclusivo, para retomar el rumbo de la ciudad. La salida de la crisis no puede ser la privatización de sus servicios, en un contexto de bajo crecimiento económico, de desigualdad y vulnerabilidad, de pobreza extrema y debilitamiento de la cohesión social.
A llegado a tal punto la situación en la ciudad, que la sociedad llama a la acción para poner un alto a lo que sucede con las autoridades municipales que no han estado a la altura de las necesidades ciudadanas, carente de derechos.
Se ha perdido el sentido histórico de los cabildos como espacio de participación popular, dejando al descubierto una grieta entre la representación política y los intereses mayoritarios de los habitantes de la ciudad. Mientras se espera la solución jurídica y política de la crisis, subyacen de manera profunda conflictos al interior del municipio. La ciudad requiere una solución jurídico institucional, y una solución respecto de la sensatez de cómo debe actuar el concejo que ha perdido las perspectivas de una urbe que vive una tragedia social.
¿Una mayor participación ciudadana será posible en estas circunstancias?
Martínez señala que “la participación ciudadana requiere más allá que una junta de notables” para debatir soluciones de corto, mediano y largo plazo de los problemas de los habitantes más vulnerables. La ciudad del futuro es una ciudad humanista donde prevalecen los intereses colectivos por sobre los intereses particulares en una ciudad de derechos.
Denuncia de injerencia política
Frente a una denuncia en el sentido de que fuerzas extrañas a la ciudad estarían “intentando tomarse el municipio de Quito”, Barrera expresó al respecto, que “se han activado sectores en la perspectiva de intervenir en este conflicto y hay que decir que es posible solo en tanto el concejo no asuma con absoluta frontalidad sus funciones”.
En las últimas horas se filtró una información en el sentido de que se están realizando varias reuniones con las cámaras de la producción en el seno de una llamada “comisión de ciudad” que tratará el tema de la situación municipal de Quito para afinar un plan de acción que va más allá de una manifestación que se hará el 10 de agosto. Dicha manifestación, coordinada por Paco Moncayo y otros ex alcaldes como Roque Sevilla, contaría con la participación de las cámaras de la construcción, cámara de comercio de Quito, cámara de industriales, el arzobispo de Quito y los medios de comunicación, oportunidad en la que se planteará un pedido directo a la Corte Constitucional para que aplique el artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y control constitucional por la gravedad del caso para que “salten el proceso lento y tomen la decisión inmediata de sacarle a Yunda del puesto que está ocupado”. Luego, cuando se hayan tomado la alcaldía se plantean “constituir una comisión de la ciudad que hará propuestas al nuevo alcalde, cuando tengamos un gobierno decente”, propuestas sistemáticas para volver a manejar la ciudad, ese es el plan por ahí estamos yendo”, dice la información.
Uno de los actores activistas de estas iniciativas son los medios de comunicación, como un factor preponderante para impulsar algunas decisiones de políticos que no han dado la talla frente a la problemática de la ciudad.
En definitiva, la ciudad vive una crisis de convivencia democrática, de representatividad y participación ciudadana, en el sentido de democracia participativa. La estructura del Estado mantiene una estructura de democracia formal, pero ésta debe tener una mayor calidad con partidos que estén conectados con la sociedad, con procesos democráticos en la discusión de programa en organizaciones que respondan a esas lógicas “que hay que fortalecer con mecanismos de financiamiento, con organizaciones políticas que no sean de alquiler y sean expresión de la sociedad”. Esa democracia, según Barrera, se potencia con la dimensión de una democracia participativa en donde el comité barrial, que se ha desmantelado, es fundamental con ciudadanos que trabajen en temas de derechos humanos. En esta ruta la ciudad volverá a ser el espacio para vivir.
