La crisis que atraviesa la alcaldía de Quito genera diversas reacciones en la ciudad. Un sector de ciudadanos piensa que se trata de un problema personal entre miembros del concejo municipal que se expresa en ambiciones del alcalde y el vicealcalde vinculadas a oscuros negocios privados cometidos desde su investidura. Otros consideran que es, prioritariamente, un litigio jurídico entre la aplicación de leyes generales y ordenanzas municipales que enfrenta en un conflicto de jerarquías a diversas instancias del sistema judicial ecuatoriano. Ambas motivaciones formarían parte de una lucha por el poder, o poderes inherentes a un gobierno seccional o autónomo descentralizado. No obstante, la situación del cabildo quiteño no es óbice para repensar la ciudad en términos de su convivencia ciudadana que es, en última instancia, lo que importa en sentido social.
A la vista de los últimos acontecimientos que dicen relación con la decisión de la Corte Provincial de ratificar la sentencia de una jueza, en primera instancia, que otorga protección al alcalde Jorge Yunda y, por tanto, deja sin efecto su remoción del cargo, en horas de la noche de ayer una manifestación motorizada organizada por partidarios de S. Guarderas exigió la salida de Yunda, dejando en evidencia el conflicto político que subyace a la crisis municipal.
A quienes siguen de cerca los intríngulis legales, les desvela la disputa jurídica existente entre la Corte Provincial (CP) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en torno a la jerarquía y legitimidad de sus resoluciones y señalan que a Guarderas todavía le queda la opción de apelar a la Corte Constitucional el fallo de la CP, extendiendo un capítulo más de la telenovela. Un Frente Cívico de Quito, se manifestó exigiendo “que se vayan todos”, concejales y el alcalde. En tanto, Yunda comenzó a restaurar autoridades e inaugurar obras.
Amerita decir que ninguna de las posiciones expuestas considera seriamente a la ciudadanía, sus derechos e intereses. Situación que denota la identidad de la ciudad, su personalidad o carácter que está marcada por lo que han sido y son sus habitantes. Quito, a través de su historia, ha concitado diversos reconocimientos, siendo el más importante el que le han dado sus propios anfitriones de ser una “ciudad para vivir” y en la que propios y extraños han encontrado un hogar en la urbe capital.
Quito fue reconocida, en septiembre de 1978, Patrimonio Cultural de la Humanidad en virtud de sus valores culturales y arquitectónicos. Título que la compromete frente a la comunidad internacional y le exige conservar su prestancia citadina.
La ciudad en su condición de capital de la República es centro de irradiación de valores cívicos en que la inclusión y participación ciudadana, convivencia democrática y acervo cívico son valores imperecederos que se deben defender a capa y espada. El legado histórico de Quito, emerge como fuente de dichos valores, entre otros, la tradición libertaria de haber protagonizado el primer grito independentista contra el yugo español, heredad emancipadora de Eugenio Espejo que convierte a la ciudad en luz de América, y la rebeldía de sus hijos que habla de una impronta cultural que trasciende en el tiempo.
La opción de ser una ciudad hospitalaria, obliga a pensar en el planeamiento urbano de Quito, en la infraestructura de sus servicios, en la movilidad y la seguridad ciudadana de su gente. Pero, además, en destino receptivo del visitante, en la oferta turística de la ciudad como fuente de ingresos y carta de presentación.
El debate en torno al destino quiteño no debe centrarse en las apariencias legales, entuertos políticos o negocios privados de sus autoridades. El consenso en Quito debemos buscarlo en torno al carácter de la ciudad, de los derechos ciudadanos y participación incluyente de sus habitantes, solo así será posible preservar su personalidad identitaria. Esas son las prioridades que debemos acordar y promover los habitantes de Quito, de cara al futuro de la capital para convertirla en una ciudad para vivir.
