La situación en el Municipio de Quito dio un giro, para muchos inesperado, cuando la tarde del viernes último la Corte Provincial de Pichincha dejó sin efecto la remoción del Jorge Yunda como Alcalde de la cuidad, ratificando el fallo de la jueza en primera instancia que había aceptado la acción de protección en favor del alcalde en funciones. La corte integrada por los jueces Raúl Mariño, Cenia Vera y Guadalupe Narváez aceptó parcialmente la acción de protección a favor de Yunda y rechazó la apelación del vicealcalde S. Guarderas a la medida. El edil municipal reaccionó en los siguientes términos: “Fui electo en las urnas, luchar por los derechos de un ecuatoriano y de quienes votaron por él se llama democracia”, dijo Yunda.
Y en sus palabras, Yunda, tocó un tema de fondo: ¿Gobernar con el 20% de la elección popular es democracia? ¿Quién garantiza la participación y representación ciudadana democrática inspirada en el sentido último de lo que es un cabildo?
Detrás del novelón que ha significado la crisis del municipio de Quito, realidad que refleja el abandono en el que se encuentra la ciudad sin servicios básicos adecuados, destrucción de infraestructura por falta de mantenimiento, inseguridad ciudadana en manos de la delincuencia, caos vehicular, juicios por corrupción municipal en el manejo de la crisis sanitaria, ente otros males citadinos, subyace una lucha por el poder que refleja la correlación de fuerzas políticas expresadas a nivel nacional.
Lucha que no es de hoy, que se viene expresando en la alternancia entre los tres últimos alcaldes. Dos de los cuales, notoriamente cuestionados por la voluntad popular. El anterior -Rodas- acusado de desconocer a la ciudad y su problemática por su residencia en el extranjero, y el actual, señalado como ineficiente y carente de representatividad. La lucha por el poder en el cabildo quiteño sería reflejo y rezago de la decisión popular a nivel nacional expresada en las últimas elecciones presidenciales, marcadas por el histórico enfrentamiento entre las tendencias neoliberales y progresistas en el país.
Una denuncia circuló en los últimos días en el sentido de que “fuerzas extrañas a la alcaldía estarían detrás de tomarse el municipio de Quito”. Desde el ministerio de Gobierno se trata de unificar a los concejales de Quito en la línea de Santiago Guarderas -que para muchos sale por dónde entró, por la ventana-, señala la denuncia.
La alcaldía convertida en botín de intereses sectoriales representa una disputa, con la ley y el derecho utilizados en favor de una y otra parcialidad, evidenciándose en el ínterin que el sistema de justicia es permeable a todo tipo de influencias políticas. Bien o mal existen dos personas que reclaman la legitimidad de la alcaldía: el alcalde original -J. Yunda- asegura que se le ha devuelto el puesto, mientras que el alcalde reemplazante -S. Guarderas- prepara acción extraordinaria para presentarla en la Corte Constitucional argumentando su legitimidad en el fallo del Tribunal Contencioso Electoral. No es menos cierto que, más allá de las leguleyadas esgrimidas por los abogados de uno y otro bando, la alcaldía de Quito, como el gobierno más cercano al pueblo, debe recuperar el sentido histórico de los cabildos: ser la instancia de participación popular directa que toma las decisiones en la ciudad.
Las preguntas ciudadanas de rigor: ¿Hacia dónde va la ciudad? ¿Quién la conduce en la realidad en representación de los intereses ciudadanos, con garantía de solución a los graves problemas citadinos? ¿A condición de qué es posible una real participación ciudadana?
En tiempos en que la situación del municipio de Quito expresa el fracaso de la democracia formal, ¿no será que deberíamos seguir el ejemplo de Chile, país donde un cabildo ampliado asumió la rectoría vigilante de la ciudad capital?
