La cárcel es el espejo de la sociedad. Tras las rejas se refleja lo que ocurre afuera como consecuencia y expresión de la sociedad, según sus contradicciones. Los acontecimientos que tienen lugar en centros carcelarios confirman que Ecuador es una sociedad descompuesta en su valores cívicos, con un Estado cooptado y sustituido en su roles por la delincuencia organizada al servicio de narcomafias de origen foráneo y local. Los Centros de Rehabilitación Social -llamados así eufemísticamente- no cumplen su cometido, convertidos en lugares de hacinamiento carcelario desde donde opera el crimen y perfecciona en una escuela del delito a generaciones de reos reincidentes.
Según el diccionario, rehabilitar significa perdón y olvido, reinserción de una persona que regresa a la sociedad solo por el hecho de haber cumplido a medias un porcentaje de la condena original, favorecida por diversos mecanismos atenuantes de reducción de penas y no, necesariamente, por cumplir un proceso de restauración de valores como culpable de un delito. Rehabilitar entonces es acción de exculpar y perdonar, es decir, una medida que depende de la voluntad subjetiva del carcelario y no de un cambio objetivo en la conducta del encarcelado. Rehabilitación Social equivale a perdón cívico, no a una restauración de valores en el individuo rehabilitado por la sociedad. Prueba de ello es la reincidencia del delito, incluso dentro de la cárcel, como una forma de vivir. En los centros de hacinamiento -que alcanza el 30% en las cárceles en el país, según las autoridades- se roba, asesina y viola como una práctica criminal reiterada a través del tiempo.
¿Cómo se mide el arrepentimiento del reo y, lo que es más importante, qué garantiza un cambio axiológico y conductual de su personalidad que lo rehabilite en condiciones de reinsertarse en el núcleo social, superadas las causas de su delito?
El presidente Guillermo Lasso declaró en emergencia el sistema carcelario debido a los últimos acontecimientos ocurridos en cárceles de Guayaquil y Latacunga, que dejan hasta el momento una estela de 22 muertos -sumando 79 en este año-, 72 reos heridos, cinco policías flagelados, la agresión sexual de una agente policial por parte de un convicto en el área de máxima seguridad y la fuga de un centenar de reos. El mandatario advirtió a los responsables del motín en tono de sentencia: ”Se equivocan si creen que nos va a temblar la mano. Les quiero decir que todos ustedes serán derrotados (…) Las mafias serán derrotadas. La paz, la fuerza de la ley y el Estado de derecho imperarán, por fin, en el Ecuador”, sentenció Lasso.
Tras la amenaza estatal, el presidente adoptó cuatro medidas: declarar el estado de emergencia en el sistema carcelario, establecer control militar en el perímetro exterior y control policial en los filtros 2 y 3 de los centros carcelarios en conflicto, reemplazar al director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) y nombrar al coronel de ejército en servicio pasivo, Fausto Cobo, como director del organismo.: “La criminalidad es la que provoca la violencia, el Estado tiene que poner la fuerza necesaria para imponer el orden”, declaró el nuevo director de la SNAI. ¿Será esto suficiente para acabar con la delincuencia criminal que actúa dentro y fuera de las cárceles?
Crisis social estructural
El Estado no solo está llamado a mostrar medidas de fuerza, facultad de reprimir al reo insubordinado, fundamentalmente debe actuar de manera preventiva con políticas públicas que reduzcan o eliminen las causas de la delincuencia. Ya no es dable hablar de “rehabilitación social” y de “máxima seguridad”, cuando ambos conceptos no existen al interior del sistema carcelario, reflejo de la descomposición social de un país que reclama transformaciones estructurales a su modelo de desarrollo y formas de gobernanza. Un sistema carcelario permisivo del constante ingreso de armas y explosivos, el enfrentamiento entre bandas con muertes masivas, secuestro de policías dentro de los recintos penitenciarios, tráfico de drogas, entre otras anomalías incorregibles.
Las causas se las puede encontrar, según expertos, en la falta de una política criminológica que permita una verdadera rehabilitación integral de las personas condenadas y privadas de su libertad, bajos presupuestos estatales para los centros carcelarios, lentitud del sistema de justicia, corrupción de sus funcionarios, irrespeto a los procesos debidos y garantías procesales a los derechos humanos, inexistencia de un sistema de información carcelario adecuado, mala alimentación e ineficiente servicio médico carcelarios, extrema pobreza y falta de capacitación del personal de guías penitenciarios, politización y altos niveles de corrupción entre quienes dirigen el sistema de cárceles, un estado total de ocio de la población penitenciaria sin trabajo ni educación intracarcelaria, maltrato físico y crueles torturas a los reclusos y reclusas que encuentran en la violencia la única respuesta posible a una situación oprobiosa en un hacinamiento sin precedente.
No obstante, las causas están esencialmente en la carencia de una visión integral de la problemática social que amerita un cambio profundo en sus estructuras políticas, sociales y económicas que desestimulen la causalidad de la delincuencia. El delincuente no nace, se hace en sociedad, se perfecciona en las escuelas carcelarias del crimen y se reitera como una forma de vida por las necesidades insatisfechas que lo condenan a la miseria y a la marginalidad social. Si no cambiamos a la sociedad, jamás cambiaremos el sistema de rehabilitación social que refleja la miseria de un país.
Proporcionalmente una escuela más es un delincuente menos, un oficio más es un reo menos. La delincuencia reincidente está en proporción inversa con aquellas medidas de justicia social que garanticen el derecho al trabajo, a la educación, la salud, seguridad social y la recreación, etc. A mayor oportunidades educativas y laborales, menos delitos por marginalidad y resentimiento social.
El error de la ceguera social
Cuánto se equivocan las autoridades pensando que la solución a lo que llaman «crisis carcelaria» -que en el fondo es crisis social- se encuentra en aprobar más leyes o construir mas edificios. Si piensan que esto va a solucionar los graves problemas de la delincuencia, la corrupción, el nepotismo, el abuso de autoridad, las coimas y la impunidad de las clases dominantes y las personas con poder, se equivocan. Sin darse cuenta que el problema radica en la falta de una verdadera rehabilitación de quien ya delinquió y de una atención prioritaria y emergente a los sectores sociales que han sido desatendidos por años.
Se equivocan quienes creen que con medidas “humanitarias” van a resolver la problemática social. El «humanitarismo» solo busca “proteger”, el humanismo es una visión transformadora de la sociedad, incluido un sistema penitenciario que es un espejo empañado y sucio de la descomposición social. Un concepto humanista cuestiona el sistema capitalista que es el origen de todos los problemas que nos aquejan como sociedad, porque atañe al sentido profundo de lo que significa ser un ser humano. No hay alternativa, existir individualmente para la vida colectiva, con la historia como referente de futuro o existir para la destrucción de la vida presente.
¿Será posible, acaso, que un ser humano sea solidario, consciente de su ser social, equitativo y justo en este sistema que lo niega como ser humano? ¿Será posible alcanzar una sociedad humanista liberada del flagelo de la explotación política, económica, social y cultural en la marginalidad humana? Rotundamente no en la barbarie en la que vivimos. Cambiar profundamente nuestro modelo de vida vigente es una obligación no solo moral, sino una urgencia para la supervivencia de la especie humana, No actuar es dejar impune al crimen social, y con él, a todos los crímenes en la sociedad del miedo que pretende redimirse en la cárcel, espejo que refleja y muestra el sucio rostro de la injusticia social.
