Frente a la urgente reactivación económica que tenemos que iniciar los ecuatorianos, el país debe identificar los recursos que la hagan realidad. Se dice que Ecuador es un pobre país rico, empobrecido vive sentado sobre una fuente de riqueza, y esa figura popular deja de ser una metáfora cuando constatamos los recursos que nos prodiga el subsuelo patrio.
En las cuatro regiones geográficas Ecuador tiene recursos naturales junto al recurso humano, testimonio de que el hombre es la naturaleza que toma consciencia sí misma. No en vano, nuestras culturas ancestrales se asentaron en territorios ricos en recursos para sobrevivir en provincias como Morona Santiago y Zamora Chinchipe en el sureste del Ecuador. En la Amazonía ecuatoriana, los territorios indígenas abarcan el 57,45% y las áreas naturales del Estado ocupan un 26,17% de la región. Información del Ministerio de Minería confirma que las concesiones mineras corresponden al 30% de la superficie total las provincias mencionadas, en una zona donde gran parte de estas actividades se sobreponen a la Cordillera del Cóndor, no sin conflictos por la presencia de proyectos industriales petroleros y mineros en territorios ancestrales.
Uno de los grandes retos de la sobrevivencia humana consiste en superar la contradicción entre el hombre y la naturaleza, eventualidad que será posible una vez superada la contradicción del hombre con el hombre en lucha fratricida. Contradicción que se expresa, precisamente, en el debate por el buen uso de recursos naturales como fuente de financiamiento para el desarrollo económico del país. En esa perspectiva, en nuestra investigación registramos la dinámica existente entre actores concurrentes al debate en territorios donde existe el recurso susceptible de ser explotado como fuente de financiamiento en la recuperación de territorios amazónicos y del país en general. Una premisa en la discusión territorial es el derecho que les asiste a los pueblos y nacionalidades ancestrales al usufructo directo de dichos recursos. En torno de esa premisa es que comunidad, Estado, empresas inversionistas y ONGs exponen sus argumentos en una rica muestra de relaciones y discursos. En consecuencia, se conoció una denuncia acerca de hechos que tuvieron lugar en la comunidad shuar de Tinkimints, en la provincia de Morona Santiago, en circunstancias de que fueron retenidos ingenieros de la empresa SolGold que realiza actividades de exploración de recursos mineros, por parte de opositores al proyecto. En ese contexto fue agredido el rector de un colegio que facilitó el diálogo entre la empresa y la comunidad. El hecho concluyó al final del día con un llamado a la paz y al respeto entre los miembros de la comunidad para evitar así hechos instigados por ONGs foráneas, según testimonios de comuneros de Tinkimints y a través de un comunicado de la empresa.
Los «socios» del bosque
El Pueblo Shuar Arutam (PSHA), circunscripción territorial indígena localizada en la provincia amazónica de Morona Santiago, integrado por comunidades organizadas bajo un Consejo de Gobierno, ha establecido en su plan de Vida un código minero que regula la actividad en términos artesanales, practicada por miembros de la propia comunidad. No obstante, se opone a la presencia de compañías foráneas que ejerzan minería a gran escala en territorios de la circunscripción. El PSHA cuenta con apoyo de fundaciones que, valiéndose de un convenio con el Programa Socio Bosque, financian actividades comunitarias y estructuran sus instancias de gobierno. El convenio suscrito entre el PSHA y el Programa Socio Bosque en el 2019, establece que a cambio de acciones protectoras del bosque la comunidad recibe recursos financieros para su convivencia. Socio Bosque entrega incentivos económicos a campesinos y comunidades indígenas que se comprometen voluntariamente a la conservación y protección de sus bosques, páramos u otra vegetación nativa. La entrega de este incentivo está condicionada a la protección y conservación de sus territorios, lo que significa que las personas reciben el incentivo una vez que cumplan con las condiciones de seguimiento determinadas en el acuerdo suscrito con el Ministerio del Ambiente. El Programa Socio Bosque conserva actualmente alrededor de un millón 58 mil hectáreas de bosques y páramos nativos, e involucra a más de 120 mil ciudadanos y ciudadanas del país.
En esa línea de acción, ONGs, nacionales y extranjeras, resignan la acción de la comunidad a la protección de bosques y selvas amazónicas y estimulan económicamente emprendimientos locales de carácter artesanal y turístico. La relación convenida entre el PSHA y Socio Bosque fue impulsada en sus inicios por Fundación Natura, aupada luego por otras fundaciones que actúan en red y propician acciones ambientalistas contra toda actividad industrial en la región, provenga de la gestión del Estado o como iniciativa de la empresa privada local o transnacional. En este sentido incurren en contradicción, puesto que mientras se oponen a la presencia empresarial internacional, no muestran similar rechazo a la injerencia de ONGs, entre canadienses, norteamericanas y nacionales, que actúan en la región.
El Estado y su rol nacional
El Estado en calidad de entidad rectora de políticas públicas reguladoras de la actividad industrial en el uso de recursos naturales, al desentenderse de su rol deja libre acceso a las ONGs que terminan sustituyéndolo en su función social y comunitaria. Eso implica que la comunidad no identifica con claridad a su aliado estatal que, conforme mandato constitucional, está llamado a garantizar derechos y deberes ciudadanos. Al mismo tiempo, deja de regular relaciones armónicas que deben existir entre circunscripciones territoriales amazónicas y circunscripciones territoriales indígenas en particular. Prueba de ello es que uno de los puntos álgidos del debate al interior del pueblo shuar discute la vigencia de un convenio establecido por los centros Warints y Yawi con una compañía inversionista en proyectos de exploración minera en la región. Dicho convenio, suscrito para tres años, garantiza que las actividades exploratorias sean realizadas con presencia prioritaria de la mano de obra local, generación de infraestructura social y usufructo del beneficio comunitario en una eventual explotación del recurso minero en la zona.
ONGs y su influencia en la región
En la región amazónica actúan 36 ONGs, entre extranjeras y nacionales, cuya influencia se hace sentir en las comunidades, a través de códigos claramente identificados en su comunicación por redes sociales y otros medios locales. Entre las estrategias detectadas constan: equiparación de género, a través de cuotas especiales en el acceso de mujeres al trabajo, la política y la educación; discurso ecologista y desarrollista de libre acceso a recursos naturales. Mito del desarrollo, puesto que nunca ningún lugar ha alcanzado la meta deseada. Aceptación de los colonizados, devaluación de la cultura propia, trabajo, tecnología y filosofía de vida de las instituciones sociales. Romantización de la pobreza, división del trabajo patriarcal en doméstico no productivo y mujeres relegadas a colonias internas del sistema.
Estas representaciones están cargadas de un discurso colonial que expone a América como “naturaleza”, es decir, una negatividad que se representa singularmente como el “Tercer Mundo” al que se debe salvar. La ONG actúa como redentora de un espacio lejano “donde se ponen a prueba ideales sociales y utopías políticas”, según manifiesta O´ Gorman. Bajo esta cosmovisión, el shuar es expuesto como símbolo de lo natural: paisaje y objeto; al mismo tiempo es un pobre sujeto al que se debe salvar (romantización de la pobreza), mediante la visualización de sus prácticas sociales en videos y memes en redes.
Para determinar el rol de los diversos actores en la reactivación económica en medio de relaciones contradictorias, desiguales e impositivas, se debe buscar el consenso considerando que una prioridad nacional y social consiste en recuperar la capacidad productiva del país y, en particular, de la región amazónica. Existe la urgente necesidad de desarrollo e inclusión social de nuestros pueblos, siempre bajo la égida del Estado plurinacional e intercultural que nos cobija, sin distinción, a todos los ecuatorianos.
