Las investigaciones en torno al asesinato del ex presidente haitiano, Jovenel Moise, develan nuevas implicaciones de los aparatos militares y policiales latinoamericanos en el magnicidio. El mandatario fue encontrado muerto en su residencia a las afueras de Puerto Príncipe, capital de Haití, el pasado 7 de julio, después de que un grupo de hombres fuertemente armados asaltara la vivienda de madrugada. La policía haitiana informó de que tras un enfrentamiento que se prolongó hasta la noche, había detenido a 18 exmilitares colombianos, a los que acusa de cometer el asesinato de Moïse. Las relaciones de estos militares revelan vínculos con ciudadanos norteamericanos y colombianos que habrían participado en el crimen como hechores intelectuales y materiales. La policía colombiana identificó a un exfuncionario haitiano, Joseph Felix Badio, como el responsable directo de ordenar a dos mercenarios colombianos matar al presidente de Haití, cuando el plan inicial era capturarlo.
Estos detalles ilustran una faceta clave de la guerra en Colombia, los medios de ese país hicieron hincapié en el caso de Manuel Antonio Grosso, un paracaidista y miembro de las fuerzas especiales antiguerrilla que publicó fotos en redes sociales hace una semana desde República Dominicana. Estos indicios señalan a una industria de mercenarios que, salidos de los esquemas de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo financiados por Estados Unidos, se han involucrado en distintos conflictos internacionales debido a su gran habilidad militar y su disposición de cobrar salarios bajos. Se conoce que los salarios en el ejército colombiano son, según declaraciones de exministros de Defensa, entre 15% y 20% menores de lo que puede recibir un retirado en el exterior por operaciones contratadas de manera privada.
Crimen político
Un mensaje de audio atribuido a Martine Moise, viuda del asesinado presidente haitiano, fue publicado este 10 de julio de 2021 en su cuenta oficial de Twitter. En el audio, de dos minutos y veinte segundos, la mujer atribuye el ataque armado a “mercenarios” y relaciona el motivo del asesinato con el deseo del presidente de celebrar un referéndum para aprobar una nueva Constitución: “Ustedes saben en contra de quien estaba luchando el presidente. Enviaron mercenarios para asesinar al presidente en casa, con toda su familia, porque quería carreteras, agua, elecciones y el referéndum al final del año, lo asesinaron para que no haya transición en el país”, dice Martine Moise.
El carácter político del crimen y su relación con efectivos militares y policiales latinoamericanos dio pista a la policía internacional para indagar en esos vínculos. La investigación llega a establecer que el jefe de seguridad del palacio presidencial en Puerto Príncipe, Dimitri Hérard, hizo este año varios viajes a Colombia, Ecuador, Panamá y República Dominicana, cuyos propósitos se desconocen. Según interpol, Hérard es uno de los sospechosos de participar en el magnicidio del presidente Moïse.
Las relaciones de Hérard con Ecuador son de larga data, la Academia Militar Eloy Alfaro en Quito es el lugar en el que Hérard se había entrenado en 2012, incluso desde entonces tenía cédula ecuatoriana. Dimitri Hérard formó parte en Quito de los 10 oficiales y 30 soldados haitianos que recibieron formación e instrucción en la Escuela de Formación de Soldados “Vencedores del Cenepa”. La capacitación que recibieron fue para continuar la Misión de Apoyo para la Reconstrucción de Haití-Ecuador (Marhec), según la revista Ejercito Nacional. De regreso a su país, en 2017, se incorporó a la guardia presidencial, en esa instancia es investigado por presunto tráfico de armas que, conforme un artículo del Centro para la Investigación Económica y de Políticas (CEPR), la policía de Estados Unidos, relaciona a Hérard con el tráfico de armamento en Haití. Cuando Moise asumió la presidencia, Hérard operaba una empresa de seguridad privada, una práctica que se ha hecho frecuente y común entre oficiales de policía.
Una escuela del crimen golpista
Esta realidad develada por el crimen del presidente haitiano, Jovenel Moise, llama a la reflexión sobre temas claves de la convivencia social en nuestros países latinoamericanos, y el rol que juegan en esa convivencia los aparatos militares y policiales en la región. Según nuestra Constitución las fuerzas armadas y policiales cumplen la función de preservar la soberanía, la paz y la seguridad en nuestros territorios, pero los hechos ocurrido en Haití contradicen ese imperativo.
A partir de esta realidad surgen varios interrogantes. ¿Qué rol efectivo en la práctica cumplen nuestros cuerpos armados, quién los capacita y a quiénes responden en sus funciones?
La doctrina de la Seguridad Nacional, ideología que ampara las acciones de las FFAA latinoamericanas, instituye que la formación de los efectivos militares del continente americano debe responder a las necesidades de defensa frente enemigos y amenazas externas. En la difusión de los principios de esa doctrina fue una pieza clave la Escuela de las Américas fundada por el gobierno norteamericano en 1946 bajo el nombre de Centro Latinoamericano de Adiestramiento, ubicada en el Fuerte Amador de la zona del canal de Panamá con el propósito de capacitar a los efectivos militares de la región latinoamericana. Esta escuela adoctrinó a miembros de las FFAA de nuestros países en principios político-militares vinculados con la seguridad estratégica de Estados Unidos en el marco de la guerra fría, que fueron formulados en la década de los años 60 del siglo pasado por los ideólogos militares norteamericanos con el propósito de contrarrestar la amenaza comunista en los países del tercer mundo. En particular, las élites militares de Chile, Brasil y Argentina, contribuyeron a desenvolverlos en la llamada doctrina de la seguridad nacional con el objetivo de suplantar a las ideologías políticas y de subsumir en su planteamiento global todos los objetivos nacionales permanentes del Estado. El Centro Latinoamericano de Adiestramiento, fue el escenario de esta institución formadora de los oficiales de las fuerzas armada de la región. En el año 1949 esta institución y demás escuelas de servicio que funcionaban en ese lugar, fueron unificadas en el Fuerte Gulick de Panamá bajo el nombre de U.S. Army Caribbean School, que en 1963 fue cambiado por U.S. Army School of the Americas, mejor conocida como Escuela de las Américas.
Del mismo modo como los aparatos ideológicos del Estado –educación, iglesia y otros- sirven para crear una ideología e influir en la formación axiológica de los individuos, los aparatos armados del Estado –fuerzas armadas, policía- entran en acción en la práctica para reprimir cuando los primeros no logran o fracasan en su cometido teórico. Los países latinoamericanos destinan ingentes recursos para ese propósito. Por mencionar dos ejemplos. Ecuador y Chile tienen matices en sus gastos de defensa. El gasto público en defensa en Ecuador creció a 66,3 millones en 2019, es decir un 2,7% hasta 2.472 millones de dólares, lo que representa el 6,55% del gasto público total, es decir, el 2,29% del PIB, según datosmacro.com. El gasto público en defensa en Chile disminuyó 139,7 millones de dólares en 2019, es decir, un 8,04%, hasta 4.544 millones, lo que representa el 7,18% del gasto público total y el 1,82% del PIB.
Costa Rica es un país que no tiene fuerzas armadas. A partir de 1921, el gobierno central costarricense comenzó a destinar más dinero de su presupuesto a la educación y salubridad, y en consecuencia, las filas del ejército fueron recortadas y se destinaron más recursos a la policía. El 1º de diciembre de 2021 se conmemoran 73 años de la abolición del Ejército en Costa Rica. Si bien este no es el único Estado sin Fuerzas Armadas, es uno de los casos de mayor éxito en la consecución de un sistema político estable, democrático, con importantes conquistas sociales y con un rol significativo en el sistema internacional.
La interrogante pertinente que debemos hacernos, a partir de los hechos de Haití, es si resulta conveniente para la paz y la democracia en los países latinoamericanos la existencia de aparatos armados. ¿Qué sentido tiene cuando otra fuerza armada orgánica, la del crimen organizado y financiado por mafias del narcotráfico las superan y doblegan? ¿Qué función cumple la existencia de las FFAA en un país, para qué y contra quién?
No pueden los aparatos militares de nuestra región bajo la lógica del armamentismo y la doctrina de “seguridad nacional” formar golpistas y asesinos a sueldo para ejercer el terrorismo militar de Estado. Las instituciones militares deberían proclamar entre sus efectivos una ideología humanista, pacifista y democrática, pero no lo pueden hacer por su propia razón de ser, convicción y doctrina. Si no es posible que lo hagan, deben estar constitucionalmente sometidas a las políticas públicas emanadas de las instancias civiles de la sociedad. Las fuerzas armadas en la práctica deben cumplir estrictamente las políticas y leyes civiles que rigen a las instituciones del sistema y poder político de las naciones.
La historia confirma que solo la voluntad del pueblo y sus instituciones democráticas garantizan la convivencia social en paz.
