A 50 días de iniciado el gobierno, el régimen de Guillermo Lasso enfrentó el primer paro laboral en plena crisis del sector arrocero del país que reclama precios justos de sus productos. La medida iniciada en horas de la tarde del lunes incluyó la paralización de actividades laborales y el bloqueo de carreteras en la provincia de Los Ríos y Guayas, en las vías Jujan-Tres Postes, Puerto Inca-Naranjal, Santa Lucía-Limonal y Daule-Los Lojas, principalmente el acceso a Daule, considerada la capital arrocera del Ecuador.
Durante el paro convocado por el Movimiento Nacional Campesino, los agricultores derribaron un árbol que obstruyó una de las carreteras y el llamado a la movilización paralizó las actividades en la costa, en tanto que el régimen se reunió con los dirigentes arroceros para buscar una solución al conflicto.
En el epicentro del problema se expresa la crisis del sector arrocero que afecta a miles de pequeños productores propietarios de 5 hectáreas de promedio, mientras que los grandes productores consiguen con dificultad mantener los márgenes del negocio. Las raíces de la crisis se originan en los altos costos de producción y los bajos precios de comercialización del producto. Los agricultores manifiestan que producen a $ 33,00 una saca de 210 libras que venden a $20,00 con la consecuente pérdida. Para solventar el negocio exigen un precio de $35,00 por saca. A ese ritmo comercial los productores se ven impedidos de cumplir con las dudas en los bancos y hoy enfrentan juicios de coactiva hasta por 1.200 dólares. Su solvencia depende del crédito que pueda ofrecerles BanEcuador, pero la institución estatal demora el trámite de los préstamos al punto que un crédito que debió ser otorgado en febrero se lo efectúa en diciembre. Según un agricultor de Daule, ahora trabajan a pérdida y han tenido que despojarse hasta de sus enseres para pagar las deudas que mantienen con los bancos.
La raíz del problema
En el fondo del problema subyace una situación crítica del sector arrocero. Los agricultores producen más de lo que se consume localmente y por sobre las exportaciones del producto. La producción nacional de arroz bordea el millón 600 mil toneladas anuales y el país consume un millón 200 mil. Existe un excedente que sobredimensiona la oferta y esto hace que los precios de mercado se derrumben. Adicionalmente, el país no cuenta con una adecuada infraestructura de secado y almacenamiento de arroz, hasta lograr colocar el producto en los mercados; faltan silos y bodegas, incluso, existe arroz que se ha podrido mal almacenado debido a la humedad. Hace algunos años existía la Empresa Nacional de Almacenamiento (ENAC) que compraba el excedente del producto y lo mantenía hasta colocarlo en los mercados.
La existencia del excedente arrocero que incide en los bajos precios afecta especialmente a los pequeños agricultores. En Ecuador existen 830 Unidades Productivas Agropecuarias (UPA), la mayor parte integradas por miles de pequeños productores arroceros propietarios de solo 5 hectáreas de cultivos. Además, se suma el hecho que entre ellos existe baja asociatividad que les permita conseguir mejores precios internacionales de Urea por volumen. Todo lo cual se traduce en una baja productividad, que en el territorio nacional es de 3 toneladas por hectárea, mientras que nuestros vecinos peruanos producen siete.
Semillas de solución
El gobierno debe comprar el arroz para regular los precios de mercado, disminuyendo la sobreoferta. El Estado se puede convertir en uno de los principales consumidores, a través de instituciones como las FF.AA., cárceles y hospitales cuya población consume arroz diariamente. Los intermediarios que hacen su negocio, se los puede eliminar comprando directamente al productor. El arroz está entre los cinco productos más consumidos en el país: pan, arroz, gaseosas, leche y carne de pollo. El gobierno debe estimular las acciones tendientes a elevar la productividad con siembra de mejores semillas y una adecuada tecnificación de los procesos productivos.
Los ministerios de Agricultura y de Gobierno se hicieron cargo de atender el conflicto para poner fin al paro de los arroceros mediante un diálogo con sus dirigentes. Las reuniones lograron acuerdos entre los que constan la creación de mesas de trabajo para fijar el precio del arroz. Control militar en las fronteras para evitar el contrabando de arroz proveniente del Perú. No se concederán permisos a piladoras de arroz en las fronteras. Se abrirán bodegas en zonas productoras de arroz para facilitar la comercialización. El gobierno emprenderá un plan de mecanización de la producción arrocera y se entregarán semillas para reconvertir cultivos, entre otros puntos.
Richard Intriago, Presidente del Movimiento Nacional Campesino, señaló: «Estamos levantando las medidas de hecho en todo el país. Hacemos un llamado a todos los compañeros y compañeros a deponer la medida de hecho. El Gobierno Nacional empezará lo más pronto posible, a resolvernos los problemas del sector agropecuario». No obstante, mientras el Gobierno anunciaba el acuerdo con el Movimiento Campesino, un sector de los arroceros desconocía el documento, cuestionaba una reunión a la que no se los convocó, y continuaba con el paro en Santa Lucía. Representantes del gremio señalaron que no hay conocimiento en las esferas del poder, el ministerio de Agricultura debe asesorarse de técnicos que conozcan el problema agrario.
A estas alturas de la vida, para convertir a la agricultura en un factor de desarrollo nacional no basta con la vocación agrícola, también hay que sembrar la semilla del fomento al sector desde un Estado fecundo en políticas públicas agrarias.
