Los primeros cien días de gobierno, considerados claves en la consolidación del nuevo régimen, han develado la miopía deliberada de las líneas editoriales de canales estatales que no perciben ni discriminan entre lo que es informar y promover campañas de difusión favorables a los intereses oficiales. Desde contenidos “humanitarios” como la vacunación, hasta la promoción abierta o encubierta de nuevas medidas políticas y económicas impulsadas desde Carondelet, son puestas a consideración del público en tono promocional, cumpliendo estrategias de marketing contempladas en la agenda de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia.
El cambio de gobierno ha develado la parcialidad de los medios informativos, tendencia que no exime a canales públicos, incautados o privados. Ejemplo constituye TC Televisión, identificado en su línea editorial con los propósitos oficiales del gobierno, no obstante, los esfuerzos hechos por el gerente del canal, Rafael Cuesta, de deslindar responsabilidades gubernamentales en el ataque perpetrado ante sus cámaras a Leonidas Iza, presidente de la Conaie, considerado oponente al régimen de Guillermo Lasso.
Se ha vuelto cotidiano en la programación televisiva del canal incautado, montaje de campañas, sensacionalismo provocador, banalización de la noticia, crónica roja informativa, denuncias callejeras insustanciales. Consignas que parecen trivializar la realidad, sin tratar temas trascendentes para la sociedad ni abordar las causas, a fin de encontrar posibles soluciones orientadoras de un público subestimado en su pasividad acrítica. Muestra de ello es un programa matinal recientemente estrenado en TCTV, conducido por tres mujeres y un hombre que, entre ellas, tratan apresurada y superficialmente temas vistos bajo la mirada de un populismo informatvo que busca dar espacios de denuncia ciudadana sobre temas que, si bien pueden ser cautivadores a una audencia, no contribuyen a resolver los problemas estructurales que afectan a la comunidad.
Alguien debe financiar esta cruzada. ¿Con qué recursos ha hecho las últimas contrataciones TC Televisión –por ejemplo, pagar el sueldo a Carlos Vera que, según se conoció, percibe 26 mil dólares mensuales-, cuando el Gerente del TCTV, Rafael Cuesta, en reciente declaración afirmó que el canal no percibe recursos del Estado? Llama la atención del televidente el esfuerzo que se observa en pantalla de los canales estatales contratando nuevo personal, para supuestamente mejorar formalmente su programación frente a la competencia privada. Hace menos de dos semanas, Úrsula Strenge, recibió la propuesta de TCTV para unirse al staff de un matinal de variedades en su nueva temporada, luego de una primera negativa de la comunicadora el canal le hizo una oferta imposible de rechazar. Una televisión estatal poco atractiva y variada no cumple con los propósitos de capturar mejor teleaudiencia, de eso se dieron cuenta sus directivos bajo la mirada atenta de la Secom presidencial.
El proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) establece una transitoria que da paso a la transferencia de las acciones de los medios incautados, “con el fin de viabilizar su venta para la recuperación de recursos a favor del Estado”, según explica la Secretaría de Comunicación (Secom). La estrategia es poner programas televisivos convertidos en meros shows -frecuentes en las pantallas de TC Televisión-, en procura de rating que suba los bonos al canal, y con ellos el valor de su patrimonio en la perspectiva de venderlo al mejor postor. Más o menos algo así como engordar la gallina para venderla a un mejor precio. En ese afán, no se escatiman esfuerzos en la contratación de nuevos rostros funcionales a sus propósitos, anchor, reporteros y talentos de pantalla -como suelen llamar a los animadores- a fin de captar una sintonía que permita mejorar la cotización del canal ante eventuales compradores, se trata de cautivar una audiencia ávida de espectáculo y sensacionalismo informativo.
Leyes y decretos en la agenda mediática
Con una medida decretada para cien días, el Gobierno busca captar inversión privada para cumplir su meta de duplicar la producción petrolera en sus cuatro años de gestión, para ello el presidente Lasso firmó el Decreto 95. Tambien concibió reformas tributarias que por definición consisten en la modificación de la estructura de uno o varios impuestos o del sistema tributario, con el fin de mejorar su funcionamiento y dar impulso a la gestión privada. Además de reformas laborales que contemplan la suspensión de los empleados por tres meses, con la opción de renovar por tres meses más, tiempo durante el cual el trabajador no recibiría la remuneración ni la aportación al Seguro Social. Anticipándose a los hechos, Lasso manifestó: “Muchos nos van a querer acusar de que queremos precarizar el trabajo”.
Estas reformas de manera acrítica son difundidas en los medios sin orientación al público, con escasa información contrastada buscando la anuencia del televidente. Lo que se suma a la supuesta apertura de espacios de denuncia sobre temas que si bien pudieran cautivar a la comunidad, no revisten trascendencia nacional. Mientras tanto, realidades como la delincuencia cotidiana, sobreseimiento de implicados en casos de corrupción estatal o privada, captación de dinero a través de mecanismos ilegales, son descritos sin causalidad aparente ni cobertura a las razones estructurales de su cometimiento. Una suerte de carrusel de hechos repetitivos de un canal a otro, sin que los medios informativos profundicen en su investigación tras las causas o los responsables.
Cada día vemos desfilar por las pantallas sicarios asesinos instrumentos de una guerra declarada entre mafias; burócratas corruptos liberados o sobreseídos por una justicia comprada; contralores que despachan desde su celda; alcaldes destituidos que se burlan de la ciudadanía con nuevas leguleyadas para permanecer en el cargo; ex funcionarios públicos eximidos de juicios políticos a su cuestionable gestión, y un largo etcétera. Una secuencia de hechos y personajes descritos por una prensa de televisión meramente contemplativa y acrítica.
Algunos acontecimientos son minimizados, otros criminalizados con excesos, desde la responsabilidad oficial frente a hechos bullados, hasta las causas ocultas de la represión oficial en octubre del 2019. Soslayan, ocultan o distorsionan noticias como el incendio de la Contraloría, buscando culpables entre ciudadanos que protestaban en las calles, mientras quienes diluyeron glosas y que supuestamente tendrían verdaderas razones para incinerar las pruebas de su proceder, salen liberados de toda sospecha.
Un periodismo que actúa en desmedro de la imparcialidad que debe distinguir a un medio informativo profesional, público, incautado o privado, con irrespeto a las líneas informativas que no presentan o no comparten en mediática parcialidad o miopía periodística.
