El camino trazado por el pueblo chileno hacia una nueva Constitución que deje atrás la herencia pinochetista, no es nada fácil, y está plagado de buenas intenciones y de malos augurios.
Serán meses de confrontación de ideas y posturas ideológicas – señala una fuente -, de disputas en cuanto a contenidos, de medición de correlación de fuerzas, de presiones de grupos hegemónicos y de poder. En ese marco, mantener al pueblo movilizado, al mundo social activo, a la ciudadanía participando en cabildos y asambleas, y las demandas populares sobre la mesa, será fundamental.
El proceso de cambio comienza este 4 de julio, un cambio que cuenta con la oposición de sectores conservadores de la derecha chilena, el poder financiero en procura de mantener el texto constitucional heredado de la dictadura cívico-militar con cambios parciales. Piñera y su gobierno, vienen cerrando el paso a una nueva Constitución pretendiendo abortar el proceso constituyente iniciado en la segunda administración de la presidenta Michelle Bachelet.
Los acontecimientos en las jornadas de protesta popular del 2019 desembocaron en una crisis social, política e institucional sin precedentes que aceleraron la necesidad de transformaciones estructurales en el país del sur. Se volvió urgente el hecho de contar con una Constitución emergida desde las representaciones populares que establezca derechos sociales, un sistema político participativo que supere a la democracia formal y un modelo de desarrollo más soberano y equitativo.
El camino insoslayable es hacia una Asamblea Constituyente, como expresión sustancial de la representación, soberanía y participación del pueblo. Pero presiones de poderes hegemónicos, acuerdos elitistas de fuerzas políticas tradicionales, incidencia de poderes fácticos y una negativa actuación del Parlamento, llevaron a la instalación de una Convención Constitucional llena de candados y subterfugios que ahora habrá que superar, saltar y corregir. Dicha convención es paritaria con representación de la diversidad social, gracias a la movilización ciudadana y el voto popular que no le otorgó a la derecha el tercio que quería para vetar contenidos, marcando notorias derrotas de esa tendencia. Sin embargo, la derecha chilena es poderosa e insiste en boicotear las transformaciones estructurales que el pueblo eligió en las urnas hacia un país más justo, equitativo y democrático.
Una tarea pendiente es generar un reglamento que contribuya a potenciar la soberanía de la Constituyente y desarme los amarres que introdujo la derecha en el debate por una nueva Carta Magna. Paralelamente, queda pendiente la discusión de un documento constitucional que garantice derechos, refuerce el papel del Estado, consagre un modelo de desarrollo nacional sustentable y de paso a las demandas que provienen de diferentes sectores sociales, el mundo indígena, la juventud, los sindicatos, la intelectualidad, campesinos y diversos exponentes de la sociedad chilena.
Los próximos meses se proyectan en Chile como de una aguda confrontación entre las posiciones populares y la derecha política y grupos hegemónicos de poder, una zona de turbulencias en que solo la movilización y vigilancia popular garantizan un cambio de rumbo.
