La existencia de recursos naturales en territorios ancestrales del Ecuador ha sido considerada por unos como una suerte de fatalidad geográfica, mientras que otros ven una oportunidad histórica. Allí donde algunos fomentan el aislamiento ancestral, otros bogan por la integración productiva de los pueblos y nacionalidades amazónicas como factor esencial de la reactivación económica del Ecuador. Donde unos profesan anti extractivismo primitivo, otros propugnan la industrialización de los recursos naturales.
En el trasfondo de un tema coyuntural subsiste una narrativa que enfatiza en la existencia de una “dinámica por el poder en la Amazonía”, en consecuencia que en la Constitución vigente la falsa dicotomía entre Estado y comunidad ya ha sido zanjada. El Estado se define “plurinacional e intercultural”, no obstante, en la práctica hay sectores interesados en que dicho mandato constitucional no se haga efectiva como realidad histórica.
La discusión que tiene lugar en las comunidades ancestrales, en particular en el Pueblo Shuar Arutam, discurre en torno a la dinámica de la democracia comunitaria y acerca de la conveniencia de su integración a los procesos productivos de una minería sostenible, renglón esencial para la reactivación económica del país. El debate sobre del derecho a la libre determinación del Pueblo Shuar Arutam, pone sobre la mesa argumentos en la necesidad de incorporar a los Planes de Vida comunitario el buen uso y beneficio de recursos naturales renovables y no renovables existentes en la región.
Una rica y fundamentada discusión trata sobre la defensa ambiental de los territorios, al calor del necesario diálogo consultivo que debe existir con el Estado sobre procesos productivos que puedan realizarse en la región. En la discusión cobra relevancia la legitimidad actoral de las dirigencias indígenas, la representatividad de su bases y los interlocutores foráneos válidos que concurran al debate. Queda trasparentada la injerencia de organizaciones no gubernamentales (ONG), la acción de empresas inversionistas y el propio rol del Estado en el uso, defensa y beneficio de los recursos naturales amazónicos. Reservas en el orden minero, hidrocarburífero y maderero que deben servir como fuente de riqueza para sacar a los pueblos y nacionalidades del abandono social y al país de su estancamiento económico en crisis.
Cierto es que, cualquiera fuere el enfoque respecto del tema, existe un destino ineludible que convoca a las comunidades ancestrales a dar cuenta de su protagonismo histórico de cara a los planes de vida y al futuro de sus habitantes. Nuestra investigación periodística registra un debate histórico, a momentos complejo, que tiene lugar en el seno de la comunidad shuar a propósito de la celebración de un convenio firmado entre los centros shuar Warantis y Yawi relacionado con un proyecto de inversión en minería sostenible impulsado en territorio shuar por una compañía canadiense, según manifestó Marcelo Wachapá, síndico de Yawi: “Todos, empresa Lowell y el Estado, estamos unidos (…) Hemos tomado decisiones para que los recursos vengan directo a la comunidad y para eso estamos viendo las necesidades de cada familia (…) Nosotros, como representantes de Warints y Yawi, hemos firmado este proyecto por tres años y los compañeros del directorio son asesores, este proyecto que hemos firmado tenemos que respetar”.
La dirigencia del Pueblo Shuar Arutam se opone a dicho convenio y su Presidenta, Josefina Tunki, expresó en rueda de prensa: “No a las empresas, tenemos posición firme, no queremos que nuestro territorio, ríos y lagunas, se contaminen (…) No se ha informado debidamente, las empresas mineras se están posicionadas de manera ilegal dentro del PSHA, y están generando procesos de división y destrucción del tejido social del pueblo shuar”. Marlon Vargas, Presidente de la CONFENIAE, manifestó que “es preocupante lo que está pasando dentro del territorio shuar de Morona Santiago”. Preocupación compartida por Jaime Vargas, de la CONAIE, quien convocó “a la unidad de los pueblos y comunidades para ratificar el fortalecimiento de las guardias indígenas que den seguridad y autonomía a nuestros territorios, no conformaremos otro ejército”, señaló.
Desde Toronto, Canadá, la representante de Mining Watch, Kristine Francescone, señaló: “Han firmado lo que llaman “convenios de impacto beneficio”, una figura que se maneja aquí en Canadá, fueron firmados con territorios indígenas shuar, lo cual es sumamente preocupante (…) el Consejo de Gobierno del PSHA publica una carta donde se denuncia que es un proceso de consulta ilegal, sin consentimiento (…) queremos informarles que se mandó más de 450 cartas a todo el mundo. Más de 40 organizaciones han mandado su propia carta a la empresa minera canadiense. Eso es importante para que se sientan respaldados”.
Consultada Mining Watch sobre el papel de “respaldo” que juegan las organizaciones no gubernamentales, su representante reconoció que “depende de la ONG, diría que a veces las empresas compran o pagan a ONG´s conservacionistas para hacer estudios sobre lo que fuera, y de esa manera se infiltran en el territorio. Las empresas grandes tienen siempre su aparato llamado “social” donde sí financian a ONGs que hacen estudios socioeconómicos y de esa manera pasan información de forma no transparente para que la empresa sepa mejor cómo manejar la situación en la zona. Nosotros no tenemos trabajos en el territorio, nosotros damos eco a pronunciamientos que vienen de organizaciones con respecto a empresas canadienses”.
La rueda de prensa terminó abruptamente con la suspensión de preguntas cuando un grupo de comuneros intentó manifestar su opinión: “Seamos claros y transparentes y que se permita a los líderes de los centros intervenir (…) Centros Shuar Warints y Yawi defendemos el proyecto de exploración inicial en enlace con nuestro aliado estratégico, la compañía Lowell. Se ha llegado a un acuerdo para trabajar con la empresa minera. Los que se oponen cuando dicen no a la minería quieren llegar a un puesto político. Cada comunidad tiene su territorio y lo puede administrar de acuerdo con sus profesionales. Las autoridades tienen que escuchar las necesidades de esas comunidades”.
Al término de la conferencia mediática, en medio de la confusión, se escuchó decir: “Cuando queremos hablar del tema del proyecto no nos dan espacio, y a veces no nos invitan a las asambleas de las organizaciones. (…) Queremos diálogo, podemos reunirnos todos los representantes. No vamos a levantar ningún machete, defenderemos el proyecto con documentos y diplomacia. El pueblo es el que da poder y quita poder”.
Actores contradictorios
A la dinámica de la discusión concurren actores interesados en el destino que se otorgue a los recursos naturales existentes en territorios shuar: las comunidades, ONG´s, empresas y el Estado. La historia demuestra que las comunidades ancestrales y pueblos originarios de territorios amazónicos son los principales beneficiarios -deberían serlo-, de toda actividad económica que tenga lugar en su región. No obstante, la historia registra un panorama diferente cuando la presencia de compañías foráneas que explotaron recursos no renovables, sin control, ha significado una secuela de daños ambientales aun no reparados. Esta situación marcó las primeras contradicciones irreconciliables entre habitantes originarios y advenedizos en la región. Las empresas transnacionales, sin control del Estado o con su complicidad, han creado “una novísima modalidad de plusvalor: el plusvalor medioambiental, en torno a la apropiación extraterritorial de la biodiversidad amazónica”. Si bien, “todos los modos de producción de base rural, previos al capitalismo han afectado y modificado el entorno natural de manera drástica” -como señala Alvaro García Linera, en su estudio Geopolítica de la Amazonía -, no es menos cierto que el sistema capitalista trastoca las coordenadas de referencia del medio ambiente para con la sociedad. La naturaleza es aquí reservorio de vehículos materiales del valor de cambio, de la ganancia”.
Esta realidad dio lugar a que en la sociedad capitalista surjan Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que “si bien en los países del primer mundo existen como parte de la sociedad civil – la mayoría de las veces financiadas por empresas transnacionales -, en los países del tercer mundo varias ONG’s no son realmente Organizaciones No Gubernamentales, sino “Organizaciones de Otros Gobiernos en territorio; un remplazo del Estado en las áreas en que el neoliberalismo del pasado propició su salida, alcanzando incluso a sectores como la educación, a través de los intentos de privatización y salud, por ejemplo USAID”.
Estas organizaciones, señala García Linera, “en tanto organismos de otro gobierno y como poseedores de recursos financieros, definen la temática, el enfoque, la línea de financiamiento, etc. desde las prioridades de ese otro gobierno, constituyéndose en un poder extranjero dentro del territorio nacional”. De hecho, algunas ONG´s en Ecuador “han sido el vehículo de la introducción de un tipo de ambientalismo colonial que relega a los pueblos indígenas al papel de cuidadores del bosque amazónico (considerado propiedad extraterritorial de gobiernos y empresas extranjeras), creando de hecho una nueva relacion de privatización y extranjerización de los parques nacionales y las tierras comunitarias en las que el mismo Estado ha perdido tuición y control”.
En Ecuador ha hecho falta una “geografía real del Estado”, tanto en mapas como en los territorios. Geografía real que “verifique a la autoridad estatal como de orden público, con efecto de cumplimiento y legitimación social” en la administración de los recursos naturales. El destino de las reservas minerales y no minerales existentes en la región amazónica no puede ser otro que el de fuente de riqueza para el progreso comunitario y factor primordial en la rehabilitación económica del país.
La contradicción entre extractivismo capitalista y progreso comunitario no puede ser presentada como otra falacia. La actividad humana es posible únicamente mediante la transformación de la naturaleza. En el caso del aprovechamiento de la naturaleza, su complejidad puede ir desde la extracción de materia prima natural renovable como alimentos, madera, caucho, o no renovable como minerales, hidrocarburos, etc. Si concebimos al “extractivismo” como la actividad que solo extrae materias primas, sin introducir mayor transformación en la actividad laboral, entonces todas las sociedades del mundo, capitalistas y no capitalistas, son también en mayor o menor medida extractivistas. El debate central para el progreso económico de la sociedad no es si somos o no extractivistas, sino en qué medida la industria va superando la dependencia capitalista como modo de producción, tanto en su variante extractivista como no extractivista. Frente a un ecologismo ingenuo que piensa que una sociedad puede escapar a la destrucción ambiental por sí misma, es preciso recordar que dicha destrucción es inherente al capitalismo global, y que la única forma de superarlo es también planetaria. Resulta por demás ilusorio sostener que el extractivismo o el no‐extractivismo, son vacunas contra las injusticias, la explotación y la desigualdad. Dado que en sí mismos no son modos de producir ni formas de gestionar la riqueza; la actividad industrial extractivista no es un destino, pero suele ser el punto de partida para superarla. Para romper la subordinación a actividades industrializadoras de relativo impacto, no es suficiente dejar de producir y hundir en mayor miseria a los pueblos circundantes, para que luego el neoliberalismo se haga cargo sin solucionar los problemas de fondo.
En este debate existe una cierta “liturgia política” que mutila a los gobiernos y a los pueblos de los medios materiales para satisfacer las necesidades de la población, generar riqueza y distribuirla con justicia. La industria extractivista demonizada no se supera cerrando minas, pozos petroleros y retrocediendo en la obtención de recursos básicos de subsistencia, como lo sugieren sus críticos. En última instancia, son los propios actores de este proceso los llamados a dirimir los desencuentros del hombre con el hombre y del hombre con la naturaleza. Solo entonces sabremos si disponer de recursos naturales bajo subsuelo ancestral es una fatalidad geográfica o una oportunidad histórica.
Fotografía: https://www.yanacocha.com/wp-content/uploads/exploraci%C3%B3n2.jpg
