En los últimos días la Fiscal General de la Nación, Diana Salazar, ha subido el perfil conteniendo en sus manos “papas calientes”, como dice el pueblo. En relación con el caso Las Torres por el que está preso el contralor Pablo Celi, Salazar escribió en su cuenta de Twitter: “Mientras los procesados sigan en el poder será muy difícil que la justicia haga su trabajo con celeridad y transparencia. Veo con preocupación cómo algunas personas continúan gozando de respaldo de quienes les deben favores. Impensable”. Y agrega a continuación: “Insisto. No cuenten conmigo para torcer a la justicia, yo no le debo favores a nadie. Ningún procesado debe gozar de privilegios en ninguna circunstancia peor si es por cobrar favores que se hicieron con dineros del pueblo ecuatoriano”.
No hemos visto en ningún noticiero o espacio de opinión periodística en el que la prensa criolla haya entrevistado a Diana Salazar sobre el tema y ampliado sus declaraciones. No. Hay un sospechoso silencio. Silencio que otorga ventajas a P. Celi y a sus protectores que alude Salazar.
En medio del silencio mediático hay una excepción que destacamos y difundimos por convicción. El periodista Francisco Herrera Arauz es el primero, sino el único, en tratar frontalmente el tema en su espacio de opinión semanal pregrabado y distribuido en redes sociales. Arauz, con coraje, emplaza a la Fiscal Salazar a revelar los nombres de quienes estarían “respaldando” a P. Celi por supuestos “favores que se hicieron con dinero del pueblo ecuatoriano”. El emplazamiento va más allá, Arauz señala que “mientras más encubran a Pablo Celi, más se ensucian con su corrupción”, y revela que D. Salazar se negó a asistir a la audiencia en la que se debía otorgar la libertad a Celi por el caso de “delincuencia organizada” y desvanecer glosas por cinco millones de dólares a los empresarios privados participantes en contratos ilegales en el sector petrolero. Existe un claro delito de peculado por el que se debe enjuiciar a P. Celi. Los encubridores que lo respaldan saben por qué lo hacen -insinúa Arauz-, como la contralora subrogante, Valentina Zarate, que “funge de contralora para sostener en el cargo a Pablo Celi”. Celi es un peligro en la cárcel porque “les sabe mucho a sus protectores”, por eso la prioridad es sacarlo de la prisión y restituirlo en el cargo para que “siga protegiendo a funcionarios” implicados en corrupción.
Sospechosamente, Celi enferma de Covid justo cuando se le vencía la licencia de 60 días solicitada cuando fue detenido, y ahora se apresta a solicitar licencia por otros dos meses aludiendo motivos médicos. La fiscal Salazar resulta valiente al encarcelar a P. Celi, ahora debe demostrar serlo revelando los nombres de los protectores de Celi. “Salazar se niega a proteger a quien ha creado toda una tendencia delictiva en el país para perseguir al correismo, porque para eso fue contratado Celi”, sugiere Arauz.
Silencio mediático
¿Qué dice la prensa sobre este caso, a quién indaga sobre el tema, por qué no entrevista a Diana Salazar para que aclare su denuncia? Es muy grave el silencio de la prensa. El silencio otorga. Comunicadores que silencian “a su manera”, reporteras con mini falda que “denuncian” huecos sin bacheo en las calles, ex actores de farándula convertidos en “periodistas” que preguntan en las puertas de los hospitales por qué las mujeres embarazadas no han sido vacunadas, entrevistadores que ponen la respuesta en la boca a sus entrevistados de siempre, forman parte de una prensa obsecuente que nada dice con relación a este caso de corrupción.
Diana Salazar tiene otras papas calientes en sus manos. La reciente denuncia del asambleísta Fausto Jarrín en contra de Lenin Moreno y Maria Paula Romo por prestar armas al gobierno boliviano de J. Añez para reprimir las protestas ciudadanas que provocaron varios muertos y cientos de heridos en ese país en octubre del 2019, es otro escándalo en sus manos. La Fiscal Salazar debe dar curso a la denuncia sobre este atentado a los derechos humanos y demostrar que está hablando en serio, dispuesta a hacer justicia.
Por dignidad del cargo la Fiscal debe revelar los nombres de los encubridores de P. Celi, y dar paso a la investigación contra L. Moreno y M. P. Romo por complicidad en violación a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
