El legislador de UNES, Fausto Jarrín, denunció ante la Fiscalía General del Estado al ex presidente Lenin Moreno y a la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, porque el régimen anterior suministró pertrechos militares ecuatorianos a Bolivia para ser usados en las protestas de octubre de 2019. En el material bélico entregado constan bombas lacrimógenas, proyectiles de distinto tipo y granadas para uso de la fuerza pública boliviana contra población civil y la participación en el golpe de Estado en Bolivia en el 2019. El asambleísta Jarrín dijo que el material se entregó “sin ninguna razón, sin ninguna justificación, pertrechos militares -gases, municiones, balines,- al gobierno de facto de Janine Añez, con los cuales reprimió la ciudadanía boliviana”.
¿Cómo sucedieron los hechos?
Nuestra investigación determinó que luego del golpe de Estado en Bolivia perpetrado por Janine Añez en noviembre de 2019, el gobierno de Lenin Moreno envió granadas y proyectiles en calidad de préstamo en el marco de un acuerdo de cooperación con el Estado boliviano. El caso se vincula a una trama de acuerdos regionales antisubversivos, violatorios a la soberanía de los países, negociados entre empresas y diplomáticos, represión policial y militar, entre otros hechos relacionados con la transferencia de armas de Ecuador al régimen de Bolivia.
El 14 de noviembre del 2019, dos días después de que Janine Añez se proclamó presidenta de Bolivia, en una reunión de gabinete se aprobó el Decreto Supremo 4078 que indicaba que “el personal de las FFAA que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y la estabilidad pública estaría exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad y proporcionalidad en virtud de los artículos 11 y 12 del Código Penal, Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal”. Este decreto fue “usado y aprobado en el gabinete para reprimir con base al principio de cooperación regional para la represión, porque al día siguiente ocurrió la masacre de Sacaba (Cochabamba) donde se perdieron decenas de vidas y hubo más de 120 heridos”, según versión del ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo.
En la reunión se encontraban presente los comandantes de Policía y Fuerzas Armadas, quienes fueron consultados por la presidenta Añez si había suficientes elementos para reprimir a los manifestantes, y ambos le aseguraron que no había para “seguir combatiendo a las hordas”. Ante esta respuesta la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, abandonó la reunión y luego de 15 minutos retornó y dijo a los asistentes haber conseguido todo lo que se buscaba y preguntó a los Ministros de Defensa y de Gobierno cuánta cantidad requerían. Ese día Bolivia notificó, mediante nota formal a Ecuador, un permiso para un sobrevuelo sobre territorio ecuatoriano de un avión Hércules C-130 de la fuerza aérea boliviana. El 16 de noviembre se dispuso que el avión se traslade a Ecuador para llevar a Bolivia “proyectiles y granadas”, según comunicación entre José Luis Cordero, agregado de Defensa y militar de Bolivia en Ecuador e Iván Inchauste, Comandante General del Ejército. El sábado 16 de noviembre la nave arribó a Quito, en tanto, el Jefe de gabinete de Arturo Murillo, Sergio Menéndez, envió un mensaje a Brayan Berkman, representante de la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS) comprometiéndose a que “la adquisición de gases lacrimógenos para Bolivia solo sería a través de su empresa”.
Mientras Ecuador enviaba granadas y proyectiles a Bolivia, los miembros del clan López y Murillo usaron esa empresa para la compra de material de la brasileña Cóndor y en ese negociado robaron 2,3 millones de dólares al Estado, según se manifestó. El robo se perpetró con la compra de armamento no letal a intermediarios, situación que no había ocurrido antes. El gobierno de Jeanine Añez firmó tres decretos y la empresa Bravo Tactical Solutions compró dicho material de la compañía brasilera Cóndor por 3,3 millones de dólares. Dos días despues revendió a Bolivia lo comprado, en 5,6 millones de dólares, dinero que fue enviado a bancos en los Estados Unidos en dos partidas, y luego retornó a las cuentas del clan boliviano.
José Luis Frías, que fue quien embarcó los pertrechos a Bolivia, ya declaró ante la justicia boliviana. Frías es parte del Ministerio de Defensa y manifestó que se debería devolver los armamentos que entregó Ecuador. Entre tanto, Luis Fernando López, ministro de Defensa del gobierno de Añez, no cumplió con la Ley 400 sobre el control de armas porque no tramitó la autorización para el tránsito de dicho material bélico a territorio boliviano. Se conoce que Ecuador compró ese material a Cóndor y que pagó USD 12 dólares por cada gas, mientras que en Bolivia se canceló USD 37 dólares por cada unidad.
Por la devolución del pertrecho militar hay un acta de entrega-recepción del material de Ecuador a Bolivia, lo que demuestra la realización de la entrega. El 27 de mayo de 2020, el comandante de la Policía de Ecuador solicitó a Bolivia que se devuelvan “los proyectiles y granadas” entregadas en noviembre del 2019, luego de medio año no se devolvieron esos materiales.
Los acuerdos de colaboración militar entre Ecuador y Bolivia están tipificados en el Plan Cóndor, implementado en noviembre de 1975 por los regímenes de Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela, cuyo tenor establece un pacto para la represión regional. Con el préstamo de armas ecuatorianas a Bolivia se vulnera la soberanía y los procedimientos porque se usó la cooperación regional para la represión en abierta injerencia de un Estado a otro.
En nuestro país se espera que la denuncia del legislador Fausto Jarrín prospere ante la Fiscalía y el gobierno ecuatoriano coopere con la investigación para dar con la verdad histórica de lo que pasó en el contexto del golpe de Estado boliviano. Sin duda se trata de un hecho político que, como tal, debe suponer en justicia una sanción a quien deba recibirla por un acto atentatorio a los derechos humanos.
