La ciudad de Quito luce llena de huecos. Se observan huecos en las calles de los barrios, huecos en el cumplimiento de obras retrasadas, huecos en la ética del gobierno autónomo descentralizado, huecos en la credibilidad de sus representantes. Y el Municipio y su Alcalde no alcanzan al bacheo de tanta desesperanza citadina. Esa es la peor irregularidad del burgomaestre cuestionado por la ciudadanía.
Fue el propio edil que fue horadando la confianza de los quiteños que organizados en frentes profesionales y otros colectivos ciudadanos presentan al Concejo Metropolitano solicitudes de remoción de Jorge Yunda apelando a causales de existencia de sobreprecio en contratos, posible peculado en la compra de pruebas PCR, nepotismo, injerencia de familiares en las decisiones del Municipio, ausencia de rendición de cuentas, ocultamiento de información presupuestaria de su gestión y obstrucción a la participación ciudadana que, en este caso, protagonizó el juicio político al alcalde Yunda. En la madrugada de este jueves el Frente de Profesionales por la Dignidad solicitó y argumentó, a través de su reprentante Andrea Moreno, la salida del Alcalde. Horas antes, una solicitud de remoción presentada por Marcelo Hallo, representante del colectivo Quito Unido, fue retirada por “estar seguro de que no se tomarían en cuenta sus argumentos”. Presentar una propuesta de remoción del alcalde no implica, automáticamente, aceptación afirmativa del Concejo Metropolitano, solo supone atender a la solicitud y darle trámite.
Queda pendiente el fallo judicial sobre eventual despilfarro de recursos públicos municipales. El proceso judicial en marcha por causas administrativas es paralelo al juicio político, por el cual el abogado de Yunda reclama su carácter político, desconociendo que el Concejo es un organismo fiscalizador, precisamente, en términos de eficiencia, trasparencia y ética. Aquello atingente a los asuntos administrativos y legales lo juzga la ley ordinaria.
“Me sacan por mi color de piel”, ha dicho Yunda. No se trata de un tema epidérmico, el asunto es más de fondo, toca la columna vertebral de su alma que lo descubre de cuerpo entero como un político incapaz de hacer una lectura correcta de la realidad que lo circunda, un funcionario ineficiente, sin transparencia en sus actos públicos, abandonado a su suerte por sus propios coidearios y su familia que terminan haciendo otro hueco donde enterrar sus despojos políticos. En este caso, su abogado defensor ha amenazado con llevar el tema a la Corte IDH que, según dijo, podría restituirlo, lo cual de ser así, contradice el derecho a fiscalización que todo organismo colegiado tiene sobre sus representantes en el terreno de la política. No hay cosa peor de un político que entrar en la politica y pretender salir incólume.
En el juicio político del edil quiteño se abstuvieron 6 concejales -hasta ayer defensores de Yunda-, y 3 votaron por su destitución, al final del proceso se alcanzaron 14 de los 21 votos necesarios que exige la ley para la remoción del burgomaestre. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE), al que apelará Yunda, no debería reparar en las abstenciones aun cuando la ley exige pronunciarse a favor o en contra de la solicitud de remoción. Los concejales no se abstuvieron de votar, y en todo caso votaron por la abstención, que no es lo mismo. El debido proceso se ha cumplido en un juicio político que hace sentido al cuestionamiento administrativo, mientras que los fallos administrativos tratados por la ley ordinaria otorgan legitimidad a los actos políticos.
La ciudad de Quito esta mañana amaneció con más huecos en su rostro citadino, un foramen en su propia dignidad; para algunos es como horadar en “la carita de Dios”, para otros en “una ciudad para vivir”, que hace rato dejó de serlo por obra y gracia de sus propios alcaldes.
