No son 12 del patíbulo sino 21 concejales que como en la película de Robert Aldrich (1967), tienen en sus manos la suerte de su objetivo, el Alcalde de Quito. Suerte por demás echada, luego de que la Comisión de Mesa del Concejo Metropolitano aprobó y notificó el pasado 28 de mayo su informe sobre dos pedidos de remoción que pesan contra Jorge Homero Yunda Machado.
El edil quiteño -conocido como Loro Homero- es un médico de 55 años que irrumpió en la política proveniente de la farándula en calidad de músico y radiodifusor. En un mensaje de Twitter Yunda escribió que “valió la pena entrar a la política”, sin embargo, no ha podido demostrar la no vulneración de tres causales del Cootad para su destitutución, entre las que constan disposiciones de ordenanzas sobre despilfarro, uso indebido o mal manejo de fondos del GAD quiteño, incumplimiento de leyes y resoluciones emitidas por el Concejo y no acatar disposiciones que garantizan la participacion ciudadana.
Como en un guión cinematográfico, el paso de Yunda por la Alcaldía de Quito no está exento de suspenso, cuyo final quedó en manos de los 8 concejales correistas en el Concejo Metropolitano que requiere de la voluntad de 14 de sus 21 miembros para mantenerlo en el cargo. Entre los ingredientes de la trama hay diversos hechos relacionados con procesos legales por supuestos actos de corrupción, la actuación de Yunda durante el paro de octubre del 2019 que, como en el cine mudo, no dijo una sola palabra en defensa de la ciudad ante la protesta popular en contra de la eliminación del subsidio a las gasolinas. La popularidad de Yunda rodó por los suelos, no obstante, cuando la ciudad sufrió el ataque de la pandemia el alcalde metropolitano instala carpas médicas y brigadas móviles en el antiguo aeropuerto. En ese mismo contexto, Yunda aprobó la adquisición de cien mil pruebas PCR para testear los contagios virales entre los habitantes de la capital, pero el precio de los test y la sensibilidad de las pruebas fueron cuestionados. El resultado de la gestión determinó que el exsecretario de Salud del municipio capitalino, Lenin Mantilla se mantenga prófugo, y Jorge Yunda junto a exfuncionarios de la Secretaría de Salud enfrente un proceso legal.
La parte espectacular del guión la protagonizó el hijo del Alcalde, Sebastián Yunda, músico conocido como Baby Yunda, en cuyo celular incautado en allanamientos la policía encontró chats con diálogos sostenidos por él con personal del despacho del Alcalde. En las conversaciones se habla de gestiones para reuniones, compra de bodycams y la venta de terrenos. A partir de entonces, el deterioro de la credibilidad del Alcalde le granjeó la pérdida del apoyo de los concejales que, uno a uno, se fueron sumando al pedido de renuncia a Yunda. La situación del burgomaestre se agravó con la intervención de la Fiscalía en una investigación por el delito de delincuencia organizada, relacionado con los contratos de repavimentación para las vías de Quito, mientras el camino de Yunda en el cargo continúa empedrado de malos presagios. La Contraloría aprobó en junio del 2020 un informe con indicios de responsabilidad penal por contratos de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) suscritos para la pavimentación, repavimentación, rehabilitación y bacheo de vías, entre otras, el bulevar Amazonas, borde sur occidental del parque Bicentenario Fase 1 y construcción de un puente elevado prolongación de la Av. Simón Bolívar. A este escenario se suma el manejo de la obra de infraestructura más grande de la ciudad, Metro de Quito, que aun no tiene definido un modelo de gestión para su operación.
Yunda tiene todavía una instancia de apelación en el caso de ser removido del cargo por juzgamiento de su responsabilidad política en los hechos que le imputan. El Tribunal Contencioso Electoral es la corte que reitera o rechaza la destitución del Alcalde. La ciudad se juega el derecho a elegir y destituir a un representante con una gestión contaminada de evidente corrupción que, sin rubor, se niega a renunciar. En el terreno judicial, luego de que Juan Pablo Albán dejara la defensa de Jorge Yunda, el nuevo abogado del alcalde quiteño, Washington Andrade, declaró en un canal de televisión que su cliente “sigue trabajando pese a la persecución, si no se sataniza la compra de pruebas PCR sería una buena gestión”.
Como a los protagonistas de la película de Aldrich, a Yunda se le “dañó el plan” y ahora, con pena y sin gloria, espera el final de una funesta trama para la ciudad.
