El gobierno nacional se dispone realizar reformas legales al ejercicio de la comunicación en el país, en el intento propone derogar el reglamento de la Ley Orgánica de Comunicación vigente, y envía una nueva LOC a la Asamblea Nacional. Dialogamos con un estudioso de la materia, el sociólogo y académico Hernán Reyes, quien realiza dos lecturas analíticas -política y jurídica-, sobre la coyuntura reformatoria a la información y comunicación del Ecuador.
¿Cuáles son esas lecturas?
En lo político, esta situación plantada por Guillermo Lasso desde su primera candidatura, corresponde a una afinidad completa de su visión política de la sociedad y de los medios de comunicación privados. Para él, la única comunicación importante es la de los medios privados, y sabemos cuál fue la posición de estos medios frente al gobierno de Rafael Correa y cómo ha sido en temas de la libertad de expresión. Para ellos siempre la mejor ley es la que no existe; Lasso ofreció en su discurso derogar la LOC y eso no lo puede hacer porque sería inconstitucional. La Constitución vigente en su disposición transitoria primera dice que tiene que haber una ley de comunicación, pero lo que ha hecho es plantear un proyecto de ley que cercena los contenidos fundamentales de la LOC vigente. Es un guiño a los medios de comunicación privados ante los cuáles él sabe que va a tener el apoyo irrestricto frente a esto, ya se ha visto en Teleamazonas cómo salieron Fundamedios y la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) a felicitarle y palmear en la espalda al Presidente.
¿Qué aspectos de la LOC vigente están siendo cercenados con la derogatoria de su reglamento?
La derogatoria del reglamento a la LOC vigente es muy grave, porque significa dejar inaplicable a la LOC, y el incumpliendo del numeral 13 del Artículo 147 de la Constitución que se refiere a las atribuciones y funciones del Presidente de la República, según el cual está obligado a emitir reglamentos de las leyes que se aprueben. Al derogar el reglamento el Presidente estaría incumpliendo funciones y esa figura es muy grave para un Presidente de la República, puede incluso ser objeto de llamado por parte de la Asamblea Nacional. Este aspecto es relevante porque no es solo el hecho del nuevo proyecto de Comunicación que envía a la Asamblea, sino que esta medida deja en la indefensión a la gente al no poder aplicarse la LOG y, por tanto, la ciudadanía ya no puede ejercer sus derechos de comunicación e información por la medida del Ejecutivo. Esta medida saca todos los contenidos del Artículo 91 de la LOC que se refieren a temas vinculados con la comunicación comunitaria, distribución de frecuencias, distribución y reparto de recursos de publicidad, temas importantes desde el punto de vista social y económico. Al mismo tiempo, envía un nuevo proyecto de Ley de Comunicación que es una suma de buenos deseos de carácter normativo, y una descripción de principios sobre la libertad de expresión que, si bien es cierto, están en los instrumentos internacionales, dichos así, no apuntan a garantizar derechos constitucionales que en el Ecuador existen sobre comunicación e información en estos momentos.
¿Qué concepto de libertad de expresión trae implícito la nueva LOC propuesta, llamada de defensa de la libertad de expresión?
Básicamente tiene un carácter individualista, considera a la libertad de expresión como un derecho individual cuando ya hace bastante tiempo -y eso está contemplado en la Constitución- son derechos de carácter colectivo. Por eso es que en concordancia con esta mirada reduccionista lo que se hace es eliminar, por ejemplo, el derecho a la comunicación intercultural. En la práctica, si bien este nuevo proyecto de ley lo incluye, no está asegurando de ninguna manera el cumplimiento de ese derecho, porque en la LOC todavía se mantiene la disposición de que los medios de todo tipo deben incluir un 5% de contenidos interculturales y eso es lo que posibilita en realidad que productores indígenas interculturales y comunitarios y sus organizaciones, puedan visibilizarse y emitir contenidos a través de los medios. Al derogar el reglamento de la LOC actual se saca todo lo que tiene que ver con medios públicos y medios comunitarios. El concepto que está presente es que la comunicación y la libertad de prensa corresponden a los medios privados, vuelve a la vieja idea de que la comunicación privada es la única comunicación posible, en tal sentido privatiza de facto otra vez el ejercicio de la comunicación.
¿La nueva ley daría carta blanca a los medios de comunicación privados tradicionales?
Absolutamente, sería una ley permisiva con los medios porque está eliminando derechos fundamentales, como es el derecho a la rectificación. Está eliminando la posibilidad de que el espectro radioeléctrico se redistribuya en términos igualitarios, es decir, los derechos de igualdad y de acceso igualitario a la comunicación e información los está restringiendo. La reforma que hizo Moreno había eliminado la posibilidad de que los medios públicos ocupen espacios igualitarios del espectro radio eléctrico, bajó de 33% a un 10%. Ahora Lasso ni menciona a los medios públicos y solamente dejaría a los medios privados y a los medios comunitarios, lo cual de hecho es la medida más radical en contra de las colectividades y grupos sociales que se expresan únicamente a través de esos medios.
¿Uno de los contenidos de la LOC vigente fue sancionar esa figura llamada “linchamiento mediático”, qué casos más sonados existen en el país?
Particularmente nunca estuve de acuerdo en la figura, más aun, en el contenido del artículo que ya fue reformado en la ley actual, porque la colocaba en una situación complicada frente a organismos internacionales de derechos humanos. Siempre la figura de linchamiento mediático fue denostada por las relatorías sobre la libertad de expresión de la ONU y de la Comisión Interamericana de DDHH, tal como estaba redactada era prácticamente inaplicable. De hecho, al eliminar las regulaciones que existían sobre los medios de comunicación, en cuanto a su posicionamiento frente a temas judiciales y políticos, se da carta blanca a los medios para que ahora puedan decir cualquier cosa de cualquier persona, complementado además por la eliminación de la figura de injuria y penalización de la calumnia. Esto es muy grave porque ahora los medios de comunicación privados están con las manos absolutamente sueltas, y son los que más han tomado posición a favor de los grupos de poder y los que más han abusado de la llamada libertad de prensa para atacar a una persona en términos judiciales, sin que se les pueda acusar de lesión a la dignidad y la honra, incluso, de que puedan libremente acusar de un delito a una persona sin sufrir las consecuencias jurídicas de esa acción.
Hace un tiempo el comunicador Andrés Carrión reconoció que los periodista se convertían en actores políticos y actuaban como jueces contra determinadas personas…
Hay una realidad que es demasiado evidente, esto hace que seguirlo negando es como tapar el sol con un dedo. Algunos periodistas han recocido de que los medios de comunicación ya no son objetivos, neutrales, imparciales como era la canaleta que habían venido defendiendo durante mucho tiempo. Estoy pensando, por ejemplo, en Luis Eduardo Vivanco, de La Posta, que ha reconocido de que los medios se posicionan y que eso está bien, y que hay una posición subjetiva en el trabajo de los medios. Carrión reconoció en un momento determinado de que, efectivamente, habían atacado y arremetido contra ciertos temas y contra ciertas personas y que habían actuado como actores políticos. Hay una cantidad enorme de estudios académicos que muestran a los medios privados convertidos en actores políticos. Me parece que las evidencias hacen que varios periodistas, no se sabe -como tú dices, si por hidalguía o por necesidad-, reconozcan este hecho.
¿A dónde nos conduce esta coyuntura, a qué nos exponemos como ciudadanos con los cambios en el ejercicio de la comunicación propuestos por el gobierno?
Nos exponemos a que la polarización política, la odiosidad que se ha generado en Ecuador precisamente por la actuación de medios privados se profundice, porque al tener carta blanca y estar cercanos al poder, seguramente a cambio de favorecerle, es decir, de silenciar las críticas y cuestionamientos, de no ejercer un periodismo que finalmente interpele al poder van a ahondar el tono de sus discursos en contra de cualquier actor político o social que responda y cuestione las políticas de este gobierno. Plan de gobierno que ya conocemos y va a tomar medidas que van a chocar con los intereses de los sectores más pobres y vulnerables de este país y sus necesidades. Por tanto, estos escudos que va a tener el régimen en los medios privados van a ser la moneda de cambio o intercambio con esta modificación que quiere hacer de la normativa legal en el campo de la comunicación. Esto es regresivo en derechos, es volver a los años oscuros del periodismo y de la comunicación en el país.
