Cuando en Ecuador todavía la derecha no termina de acomodarse en el poder, tomando posiciones en el parlamento y a la espera de que Guillermo Lasso asuma el 24 de mayo, en Chile la tendencia neoliberal de Sebastián Piñera y su proyecto político en las elecciones municipales y de la Convención Constituyente que redactará la nueva Constitución, sufre una estrepitosa derrota en las urnas.
El país de Allende, Neruda y Mistral nos enseña una lección que aprendió en la lucha social por la justicia, la democracia y la paz: en política no existen dádivas, todo se lo consigue luchando. Y esa lucha se la forja en las calles y se la gana en las calles.
Frente a las políticas de gobiernos neoliberales el legalismo institucional es una trampa, se respeta los procesos democráticos no aquellas maniobras que camuflan y disfrazan de democratismo a la injusticia social, incluso con preceptos constitucionales. Las instituciones responden a una realidad ideológica de un país, a la correlación de fuerzas políticas que en determinado momento conciben esas instituciones, las constituyen y las instrumentalizan en concordancia con sus intereses sectoriales. Hacer un mito del respeto a la legalidad establecida, es otra trampa; la ley antes de ser ley es necesidad política, es opción social que luego se convierte en instrumento de legitimación de una realidad impuesta por voluntad política. Si bien la ley es para todos, no es de todos, sino de un sector hegemónico de la sociedad, impuesta primero de hecho y luego aplicada de derecho. La realidad social crea jurisprudencia.
La dictadura pinochetista se instaló en el poder por la violencia e impuso una ley a la fuerza, los gobiernos que le sucedieron heredaron una Constitución a imagen y semejanza de la dictadura que legitimaba el paradigma social concebido por los militares que, obviamente, contemplaba privilegios políticos, económicos y sociales del sector ciudadano que propició el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Una Constitución engendrada en el odio, los privilegios y la represión, que en su texto refleja la necesidad de marginar a la gran mayoría del país del ejercicio de sus derechos. Una ley puesta por delante con las armas garantizando su aplicación desde atrás. La injusticia legalizada, la discriminación legitimada y la miseria naturalizada en un texto constitucional oprobioso redactado por los vencedores del asalto armado al poder en Chile.
El pueblo chileno tuvo que aprender esta lección al fragor de la resistencia contra la dictadura de Pinochet y la posterior convalecencia del país herido de gravedad por el fascismo instaurado por los militares. Debieron pasar tres décadas de ignominia, castigo inmisericorde de una dictadura criminal hasta que el pueblo chileno “despertó”, reaccionó y se reveló en octubre del 2019, masivamente, en jornadas de lucha callejera sin precedente en contra del gobierno neoliberal de Sebastián Piñera, heredero político del pinochetismo y sus políticas antipopulares y represivas.
Las jornadas de octubre del 2019 representan la protesta de un pueblo agobiado y la incapacidad de un gobierno de afrontar la crisis. Todo comenzó con el intento del régimen de Piñera de subir el valor del pasaje del Metro (tren subterráneo) a 830 pesos (1,17 dólares), en un país donde el 50% de la población gana menos de 400 dólares mensuales. Chile es el más claro ejemplo del neoliberalismo económico: el 1% de la población más adinerada se quedó con el 26,5,% de la riqueza en el año 2017, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió al 2,1% de la riqueza neta del país, según informe de la Cepal. De un total de 56 países, Chile es el noveno más caro. Al alza del pasaje del Metro se sumó el alza de la luz, agua y servicios de salud. Estas medidas de Piñera colmaron la paciencia de los chilenos y se desató la protesta ciudadana que convirtió el descontento popular en estallido social, con un saldo de 36 muertos y 3.400 heridos por represión militar y policial en octubre del 2919.
Fue al calor de esa lucha decidida y valiente, que rebasó las instancias partidistas e institucionales, que nacieron nuevos líderes ciudadanos, hombres y mujeres que se jugaron la vida en la consecución de sus derechos. Día a día, mártir tras mártir, protesta a protesta el pueblo chileno fue conformando un gran frente nacional dispuesto a cambiar la Constitución pinochetista, echar la ley a la basura y darse una nueva legitimidad popular. Luego de un largo camino plagado de trampas tendidas por la derecha política y legitimadas por sus leguleyos, justificadas por los vocingleros a sueldo, sacralizadas desde el púlpito del poder, el pueblo logró imponerle al régimen la necesidad de un Plebiscito en el que el pueblo elegiría la opción de darse otra Constitución y al cuerpo colegiado constituyente que redactaría el nuevo documento constitucional.
El domingo 16 de mayo, históricamente, el pueblo chileno se pronunció por cambiar la Constitución vigente y eligió en un imponente triunfo de la voluntad popular a los hombres y mujeres que darán al país un nueva ley suprema, producto y reflejo de sus intereses y necesidades más sentidas. Todas las fuerzas políticas del país presentaron candidatos. Los partidos de izquierda, centro y derecha, organizaciones sociales, sectores étnicos y de género y una importante gama de ciudadanos sin militancia ni pertenencia organizacional, destacados en las jornadas de lucha de octubre del 2919.
El resultado fue un aplastante triunfo popular con una abrumadora derrota para la derecha que en la Convención Constitucional elegida no alcanzó el 1/3 que necesitaba y solo ganó 37 cupos, pese a impulsar una lista unitaria que agrupó al gobierno y a sus seguidores. Partidos tradicionales como la Democracia Cristiana y otros, que integraron la ex Concertación que gobernó al país durante 30 años luego de la dictadura pinochetista en alternancia con la derecha, también sufrieron una importante derrota al alcanzar 25 cupos (16%) en la nueva convención. Una denominada Lista del Pueblo, integrada por personas sin vínculo partidista y conocidos por su participación en las protestas de octubre, logró 24 escaños. Importante resultado obtuvo la Lista Apruebo Dignidad, conformada por el Partido Comunista y el Frente Amplio que logró 28 escaños (18%). Los independientes lograron 11 escaños, mientras que los 10 pueblos originarios que habitan el territorio (mapuches y otros), participando por primera vez en una elección lograron 17 escaños en la Convención Constituyente. La representación de género del nuevo organismo tiene 77 mujeres y 78 hombres. En las elecciones municipales destaca el triunfo de Irací Hassler, joven militante comunista y feminista, elegida Alcaldesa de Santiago, apoyada por organizaciones territoriales en un proyecto llamado Alcaldía Constituyente que por primera vez lleva a los comunistas al gobierno municipal de la capital chilena.
La elección de la Convención Constituyente -que tiene 9 meses para redactar la nueva Constitución de la República- estremece los cimientos políticos tradicionales de Chile. Emerge un nuevo sujeto político popular que está rechazando las prácticas neoliberales que predominaron durante tres décadas pos dictadura, como la herencia que impidió trasformaciones de fondo en el país del sur. Esta realidad quedará plasmada en la nueva Constitución que los chilenos deberán ratificar en un futuro plebiscito y en las elecciones presidenciales de noviembre próximo.
Chile en su decisión de cambio social ha hecho honor a la proclama inscrita en su escudo nacional: Por la razón o la fuerza.
