Un tácito reconocimiento de conculcación al derecho de libertad de expresión e información admitió ayer el gobierno de Lenin Moreno, al reconocer que Radio Pichincha Universal no incurrió en infracciones durante las jornadas de protesta nacional en octubre del 2019.
La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) reconoció que Radio Pichincha Universal “no cometió ninguna infracción, ni irregularidad”, en el contexto del Paro de Nacional de Octubre de 2019. En este periodo, la emisora sufrió múltiples ataques, fue censurada y cerrada, durante 16 días.
Una comunicación emitida desde Radio Pichincha Universal señala que “la Ing. María Teresa Avilés Burbano, Directora Técnica Zonal 2 y de la Función Sancionadora de los Procedimientos Administrativos Sancionadores de ARCOTEL, emitió la resolución No. ARCOTEL-CZO2-2021-017, en la cual reconoce que no existe el supuesto hecho fáctico que originó el cierre de Radio Pichincha Universal; con lo cual se comprueba que el medio de comunicación no es responsable de ninguna infracción o irregularidad, en el contexto del paro de Octubre 2019”.
Durante el paro nacional que tuvo lugar en octubre del 2019 y en ejercicio profesional de cobertura informativa, la emisora salió del aire el 9 de octubre por orden de ARCOTEL. Luego de 16 días de censura el 25 de octubre en juez Mario Cadena acepto la acción de protección a favor de Radio Pichincha Universal y reconoció que hubo una vulneración al derecho al debido proceso, en cuanto a la motivación, y al derecho de libertad de expresión, con la suspensión de actividades de radiodifusora y todo ocurrió basado en un informe del Ministerio de Defensa.
En lo sucesivo, el 23 de enero del 2020 la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicación dispuso la “extinción del titulo habilitante de Radio Pichincha Universal”. Como prueba de la violación a la libertad de prensa durante el gobierno de Moreno, Radio Pichincha Universal “sufrió dos cierres y múltiples ataques a sus servidores, a sus emisiones en vivo y agresiones a periodistas”. También la emisora enfrentó “más de 1.500 denuncias por supuesto copyright por parte del Gobierno y una denuncia directa de parte del Ministerio del Interior, ahora Ministerio de Gobierno para inhabilitar la plataforma digital de la radio”. Tras estas acciones se confirma la existencia de una flagrante represión oficial a la libertad de prensa.
No será este el último caso en que el régimen saliente reconozca haber cometido atropellos contra las libertades y la democracia, como menú de una mesa servida para el gobierno entrante. El país tiene conciencia de los ingredientes del banquete servido, estipulados en la receta fondomonetarista de expedición de leyes neoliberales, reducción de impuestos empresariales, corporeización de los activos del Estado, venta de servicios públicos, intento de privatizar la seguridad social, entrega del control del BCE a la banca privada, desinstitucionalización de país, instrumentalización de la justicia en persecución política, conculcar derechos a la libre expresión e información de los ecuatorianos.
Demasiado tarde para golpes de pecho.
