Entre las múltiples disyuntivas futuras, el país enfrenta dos alternativas urgentes: mantener un sistema de seguridad social público, obligatorio y universal, o convertirlo en un sistema privado, opcional y alternativo. Este panorama está en la mira de ambos gobiernos, el agónico y el naciente, como expresión de continuidad política. Continuismo que se inserta en un recetario fondomonetarista de estirpe neoliberal que marca la hoja de ruta conjunta.
Mauricio Pozo, ministro de Finanzas, anunció que el gobierno saliente, en alianza con el gobierno entrante, se dispone ejecutar “ajustes arancelarios”. Como contexto justificativo se menciona que Ecuador duplica el arancel promedio de la región. La medida forma parte de una agenda que incluye otros ajustes, como reformas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, puesto en la mira de la privatización. En esa perspectiva se ha puesto en marcha una campaña mediática que busca posicionar la idea de que la institución tiene problemas que se agravarían a corto plazo, si no incurre en cambios sustanciales a su rol social de brindar protección a la familia.
Los ajustes concebidos en el IESS se relacionan con las fuentes de financiamiento para fondos de pensiones de jubilación y la edad para jubilarse, cobertura de salud para los miembros de la familia del afiliado, aumento de los aportes del trabajador y una progresiva privatización institucional.
La campaña de “desprestigio” del IESS está en marcha con la intervención de voceros y analistas que posicionan la idea de una institución al borde de la quiebra y en imposibilidad de seguir ejerciendo sus competencias. Si no cambia el IESS -se ha dicho- el próximo año “no se podrá atender jubilaciones”, porque se agotan las reserva del IESS en el 2023. Frente a lo cual se propone retornar al aporte estatal del 40% para financiar las pensiones de los jubilados desde junio próximo. La conclusión es que, si el Gobierno no cumple con dicho aporte, el déficit institucional acumulado al 2023 sería de 70.000 millones de dólares, y en tal caso, el sistema tendría una condición de insostenible e insolvente a mediano y largo plazo. Para aliviar la situación se propone un ajuste gradual al porcentaje de aporte de los trabajadores con un incremento del 0,5% cada 10 años, durante los próximos 40 años.
Otra de las medidas de ajuste consistiría en aumentar en tres los años de la edad de jubilación que en la actualidad es de 60 años y 30 años de servicio; aun cuando en la práctica la edad promedio para jubilarse es de 62 años. Otro de los servicios vigentes adquiridos como derecho y que se propone eliminar, es la entrega de cobertura de salud al cónyuge e hijos menores de 18 años, rubro que actualmente es financiado con 3.41% del salario de aportación.
Los alcances de estos ajustes a la seguridad social se comprenden con mayor claridad a la luz de la historia institucional. Investigaciones del académico Juan Paz y Miño establecen que en el contexto de la Revolución Juliana, en 1925, se crea “la primera Caja de Pensiones, definitivamente establecida en 1928 con el concurso de la Misión Kemmerer y años más tarde se crea la Caja del Seguro. Es en 1970 cuando ambas cajas se fusionan en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Posteriormente, la Constitución de 2008 abrió una nueva época: la seguridad social pública y universal.
Diversos artículos de la Carta magna se refieren a la seguridad social: “el Art. 367 establece que “el sistema de seguridad social es público y universal y no podrá privatizarse y atenderá las necesidades contingentes de la población. La protección de las contingencias se hará efectiva a través del seguro universal obligatorio y de sus regímenes especiales”. El Art. 370: “El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma regulada por la ley, será responsable de la prestación de las contingencias del seguro universal obligatorio a sus afiliados”. De otra parte, la Constitución hace referencias a esta seguridad social como un “deber primordial del Estado” que debe garantizarla (Arts. 3, 32, 66); es un “derecho irrenunciable” (Art. 34); es un derecho para niñas, niños y adolescentes (Art. 45); es uno de los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos cooperar en la seguridad social (Art. 83); la política de seguridad social es de “competencia exclusiva” del Estado (Art. 261); se extenderá, en forma progresiva, a quienes realizan trabajo no remunerado en el hogar (Art. 333); las prestaciones de la seguridad social se financiarán “con el aporte de las personas aseguradas en relación de dependencia y de sus empleadoras o empleadores; con los aportes de las personas independientes aseguradas; con los aportes voluntarios de las ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en el exterior; y con los aportes y contribuciones del Estado” (Art. 371); “Los fondos y reservas del seguro universal obligatorio serán propios y distintos de los del fisco, y servirán para cumplir de forma adecuada los fines de su creación y sus funciones. Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio” (Art. 372); seguro social campesino, con régimen especial (Art. 373); afiliación voluntaria (Art. 374); e incluso por disposición transitoria 23ª: se creará “la entidad financiera” de propiedad del IESS, “responsable de la administración de sus fondos” (actual BIESS).”
No obstante estas disposiciones constitucionales, quienes preconizan la privatización del IESS argumentan que los ciudadanos deben tener “la libertad de elegir” el sistema de seguridad social que les convenga. Y a renglón seguido proponen reformar el sistema para que el Estado pueda competir con el sector privado en igualdad de condiciones. Eso sería “lo moderno” y necesario porque está en “riesgo el financiamiento futuro de la seguridad social y en peligro las pensiones”. Los ajustes propuestos contradicen el derecho social, según investigaciones de Paz y Miño, porque desdicen derechos laborales y servicios universales que de otro modo no tendrían los trabajadores, si no es a través de la garantía del Estado. Pero el Estado estorba bajo la mirada del neoliberalismo. En recientes declaraciones, Guillermo Lasso, lo reconoce cuando señala: “El problema está en el sector público, pero hay un potente sector privado”. El estorbo estatal conduce a la privatización de la seguridad social, que en ningún país latinoamericano que ha privatizado los seguros públicos ha tenido éxito, porque no ha resuelto la cobertura a la población para garantizar y proteger derechos ciudadanos. El ejemplo más escandaloso es Chile con la implantación de las llamadas AFP, o Administradoras de Fondos de Pensiones privadas encargadas de administrar los fondos de cuentas individuales de ahorros para pensiones. Establecidas bajo el sistema de capitalización individual, se basa en que cada persona ahorra una parte de sus ingresos para sostener una pensión al momento de su jubilación. Este ahorro supone generar utilidades como todo instrumento financiero de ahorro. El sistema ha sido rechazado por la mayoría de los chilenos por ser inconveniente para los intereses ciudadanos y beneficiar a los grupos económicos.
La historia demuestra que no existen razones justas – técnicas ni sociales – para privatizar la seguridad social y suplantarla con administradoras de fondos de pensiones o cajas de ahorro particulares. Claro, con la salvedad de que se quiera realizar “buenos negocios, a costa de los derechos sociales de la población”. La tendencia internacional apunta en un sentido contrario, Joe Biden, en los EE.UU, lanzó recién un programa de más impuestos para los ricos, elevando la tasa a las corporaciones con el propósito de promover los servicios del Estado, incluida la seguridad social.
Las alternativas en nuestro país están dadas. En el futuro inmediato, Ecuador se apresta a defender el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de los “ajustes” privatizadores de acabar con la cobertura de salud familiar, aumentar los aportes de los trabajadores y modificar la edad de jubilación, como intentos antipopulares. La disyuntiva es mantener la seguridad social pública y universal o cometer el crimen social de eliminarla.
