La naturaleza es sabia, la política debería serlo también. Un neonato debe nacer con peso suficiente para la sobrevivencia. Quien nace debilitado no sobrevive, a no ser que se lo incube en ambiente propicio. El presidente electo inaugura un gobierno neonato débil, que surge en una democracia con un Estado disminuido por la derecha criolla. Ninguna institución que representa el poder cuenta con la confianza del pueblo, ejecutivo, legislativo judicial, electoral ni mediático.
En democracia el peso político otorga el poder que es sinónimo de gobernabilidad, capacidad de llevar a la práctica las ideas concebidas en un programa para hacer que en política las cosas sucedan. Un gobierno sin gobernabilidad es un gobierno débil, sin el peso de un liderazgo movilizador. Y la gobernabilidad pasa por sintonizar con los gobernados y con aquellos que por consenso permiten conectar con la idea democrática de estar haciendo un gobierno para todos. En otras palabras, la gobernabilidad consiste en la capacidad de compatibilizar en un propósito único, múltiples agendas sociales. Solo entonces la gobernabilidad es poder.
En el país existen dos agendas enfrentadas: neoliberalismo y progresismo. La agenda de Lasso desde el gobierno no es la misma que la agenda de una mayoría de la Asamblea Nacional. En eso consiste su debilidad. La agenda de Lasso implica corporativizar el Estado privatizando activos y servicios públicos, favorecer intereses empresariales industriales, comerciales y bancarios. Cumplir con exigencias fondomonetaristas, debilitar la función estatal con políticas de neoliberalismo económico, poner fin a controles y regulaciones financieras, efectuar reformas tributarias y laborales, eximir responsabilidades sociales del patrono en desmedro de los derechos laborales del trabajador, poner fin a subsidios, impuestos y regulación del mercado. Además, instrumentalizar a la justicia para dirimir diferencias políticas y, de ese modo, dejar atrás la confrontación.
La agenda popular progresista es distinta. Se propone mejorar las condiciones de empleo, brindar seguridad social desde un sistema estatal, universal y solidario, acceder a la salud oportuna y de calidad, contar con educación sin privilegios, recibir inmunización masiva, reactivar y fortalecer la economía popular y solidaria, respetar derechos de género, ambientales y etarios, y ejercer justicia sin retaliaciones.
El presidente entrante deberá aprender a gobernar una administración pública que es muy diferente a la gerencia privada. Y hacerlo significa considerar que una mayoría relativa eligió a un mandatario al que no dio un cheque en blanco y que, ya en el poder, le exigirá cumplir lo ofrecido en campaña a diversos colectivos, en temas relacionados con reactivación económica, transparencia, desarrollo sostenible, derechos de género, protección ambiental y acabar con la violencia. Ese es el escenario de encuentro que aspira la ciudadanía con el próximo gobierno.
Ese y no otro ha de ser el camino a la gobernabilidad, gobernar para 17 millones de ecuatorianos. Cierto es que la gobernabilidad no pasa solamente por componendas parlamentarias, aunque allí se genera la debilidad o fortaleza en el poder. La diversidad expresada en la Asamblea Nacional puede ser un obstáculo para el nuevo gobierno, o su oportunidad de obtener acuerdos mínimos que hagan posible la gobernanza en un país en crisis.
En ese escenario legislativo existen diversos pendientes por evacuar. La elección de quien dirija la Asamblea es uno de ellos, que marcará una tendencia determinada en la correlación de fuerzas parlamentarias. Por su lado, los asambleístas más votados reclaman el derecho a presidir el organismo, mientras otros hacen cálculos en transitorias alianzas. Sigue en orden de prelación en la agenda parlamentaria la discusión sobre el destino de privatizaciones (IESS y otras instituciones del Estado), reformas legales tributarias y laborales, mecanismos de reactivación económica y, por cierto, la necesidad de impulsar políticas públicas en favor popular y no solo en beneficio de grupos económicos. El tema judicial sobre posibles indultos a sentenciados por el aparato judicial no es una prioridad, aunque es un asunto que agita el avispero. Se trata de un pendiente que forma parte de la manida controversia “correísmo versus anticorreísmo”, que es necesario superar en la sociedad ecuatoriana, y que no será posible hacerlo mientras no impere una justicia despolitizada.
Los retos están sobre la mesa. El presidente entrante deberá marcar distancia con el gobierno agónico, cumplir las promesa de campaña en los plazos señalados (9 millones de vacunados en 100 días y 500 dólares de sueldo básico), reactivación de la economía nacional, atender demandas ciudadanas de transportistas, minorías sexuales y de gobiernos seccionales, entre otras. Y asumir el poder sin afán político persecutorio.
El mayor desafío del régimen neonato es que la gobernabilidad no debe ser negociada a cambio de cuotas de poder, ni con instrumentalización de la justicia. La gobernabilidad debe ser vista como un ejercicio conjunto de fiscalización al poder y gobernanza en cumplimiento de la voluntad popular.
¿Por qué si el pueblo eligió una diversidad parlamentaria ubicada al centro izquierda, el presidente electo es de derecha? He allí la mayor incógnita de la coyuntura política ecuatoriana.
La debilidad política del gobierno neonato consiste en que no tiene carta blanca y que hay que conseguirla en la voluntad de un legislativo donde no tiene mayoría, con una primera fuerza política perteneciente al progresismo (49 asambleístas de UNE, otras fuerzas socialdemócratas, y solo 12 votos del partido de gobierno (CREO), que sumados a los 20 representantes de su aliado PSC suman 32 de 137 parlamentarios). Es en la Asamblea Nacional y no necesariamente en el Ejecutivo donde se pone en perspectiva el peso político de una tendencia y, finalmente, de un gobierno. Esa es la voluntad popular expresada el 11 de abril.
El poder proviene del pueblo y su voluntad, único actor capaz de potenciar una alternativa de gobernanza. No son los pactos de media noche, ni el cabildeo del maletín lo que proporciona gobernabilidad estable, no son la felonía ni la defección política.
En democracia hay solo una forma de ejercer el poder, por voluntad del pueblo.
