La Asamblea Nacional aprobó hace unas horas la Ley de Defensa de la Dolarización por 86 votos a favor, 41 en contra, 1 en blanco y 7 abstenciones. Se trata de una ley que desde su nombre fue desinformada, al punto que la población ignora el contenido y las repercusiones de lo aprobado. En un resumen de contenido huelga decir que dicha ley desde su nombre no es lo que dice ser, o no dice lo que realmente es, una ley que reforma el Código Orgánico Monetario y Financiero.
El texto de la ley plantea un sistema de cuatro balances para el Banco Central “para alinear el trabajo del banco a estándares internacionales” -léase del FMI-, también propone la creación de dos juntas: una Monetaria y otra Financiera que tomará decisiones en torno a las tasas de interés para los créditos otorgados por la banca privada. Prohíbe la ley que el Banco Central utilice sus reservas internacionales para inyectar recursos al gobierno central o a los gobiernos autónomos, y usar recursos para proteger a terceros mediante reservas internacionales. “El país ha dado un paso importante y fundamental para defender la estabilidad económica y la dolarización», declararon los promotores de la ley.
Lo no dicho de la ley
Como toda narrativa el discurso de defensa de la ley tiene una parte no dicha, así como un sentido denotativo y otro connotativo. La parte oculta del discurso promotor de la ley es que es una norma que atenta contra la dolarización, denotativamente abre las puertas a una crisis y connotativamente encubre la privatización de la banca central.
Analistas contrarios al cuerpo legal aprobado, entre otros el economista Andrés Arauz, han manifestado que el país ha dado un paso importante en el “inicio de una crisis financiera en el Ecuador”, y que habiéndose rechazado en tres ocasiones anteriores, contiene en su espíritu un componente inconstitucional y por ese motivo fue archivada en noviembre del 2019.
¿Qué ha cambiado desde entonces, por qué aquellos que la archivaron hoy la aprueban? ¿Qué acuerdos y a qué precio quienes la aprueban, hoy consideran constitucional y pertinente un proyecto de ley que hasta ayer contradecía la Constitución de la República? Acaso la explicación hay que buscarla en el hecho de que la ley fue aprobada por una asamblea desprestigiada, que no tiene legitimidad democrática, dando el sí a un gobierno agonizante en sus propios procedimientos irregulares.
La ley, conforme el análisis de Arauz, “amenaza al sistema de cooperativas de ahorro y crédito y a la banca comunal en comunidades rurales del Ecuador y aplica estándares de Basilea en un golpe extremadamente duro al sistema cooperativo nacional”. Porque concentra mayor poder económico en pocas entidades financieras, créditos y depósitos, en desmedro de iniciativas populares de las cajas de ahorro. Hay en el texto un desprecio explícito con las cooperativas comunitarias.
La Ley de Defensa de la Dolarización, llamada así es un eufemismo que encubre su sentido contradictorio: “Es perversa con la dolarización porque permite que salgan los dólares del país, sin control. Establece que dineros del fondo de liquidez, fondo de seguros de depósitos, fondo de seguro sean sacados del país sin ninguna regulación”. Esto en la práctica, debilita la dolarización porque el país necesita dólares en casa para mantener el sistema monetario dolarizado.
Un aspecto que es clave. El artículo 10 del proyecto original “introduce el causal de crisis sistémica, es decir, se anticipa a que con esta ley, probablemente, habrá crisis sistémica en el país”. El artículo 33 establece “un subsidio de divisas del Estado a la salida de capitales de la banca privada. Eso significa que los dólares que ingresan por la venta de productos ecuatorianos de exportación o de préstamos, estarán legitimados para salir del país”. Significa también que el Estado trae dólares al país y unos pocos actores privados están legitimados para sacarlos y depositarlos en bancos fuera del Ecuador.
La ley no establece ningún mecanismo excepcional en caso de emergencia para usar recursos en atención de una crisis, por ejemplo la pandemia, norma que contradice una tendencia internacional. Todas las grandes crisis terminan provocando sacudidas políticas, y esta no iba a ser menos: un aire de cambio de régimen flota en la política económica global. EE.UU y los gobiernos de todo el mundo aprobaron estímulos fiscales y monetarios a una escala que solo se había visto en las guerras mundiales. Joe Biden dobla o triplica esa apuesta, aprobó un primer paquete de estímulos de “casi dos billones de dólares para reforzar el rebrote de la economía a corto plazo, que incluye cheques de 1.400 dólares para los estadounidenses”. A renglón seguido anunció un segundo paquete más estructural: dos billones para los próximos ocho años, con medidas destinadas a arreglar algunos problemas como desigualdad, pobreza, educación, salud, clima, inversión en infraestructuras, lucha contra los monopolios tecnológicos, una vuelta al multilateralismo y, lo nunca visto en un par de generaciones, una propuesta de subida global del impuesto de sociedades o grandes empresas.
Una ley elitista
La ley, así como fue aprobada, implica “consecuencias dentro del aparato productivo ecuatoriano, porque está diseñada para beneficiar a los grupos financieros en desmedro de los sectores productivos que quieren trabajar. Prueba de ello es “la eliminación de los techos a las tasas de interés y a las comisiones que cobran las entidades financieras”. Elimina, además, “la obligación legal de publicar las estadísticas sobre las tasas de interés al alza”, con la única motivación de ocultar a la ciudadanía cuánto perciben de ganancia los bancos por vender sus servicios de crédito. Al mismo tiempo, permite al sistema financiero privado seguir creciendo “hasta convertirse en monopolio, y posibilita una tendencia hacia una concentración oligopólica del sistema bancario».
La ley en su nombre también se la llamó «de autonomía del Banco Central», ese es otro eufemismo que habla de una independencia respecto del Estado, pero oculta la total sujeción y dependencia de la banca pública a los intereses del sistema financiero privado y sus representantes. El sentido inconstitucional de la Ley de Defensa de la Dolarización aprobada hace algunas horas radica en que viola los artículos 302 y 303 de la Constitución que señalan que “las políticas del Banco Central se mantendrán como parte del Ejecutivo”.
Marco Flores, economista y exministro de Finanzas, criticó las reformas al Código Monetario y Financiero y señaló, como mentira que dicha normativa vaya a fortalecer o salvar la moneda. Informó que la liquidez de la economía al mes de diciembre del 2020 en Ecuador cerró en USD 63.800 millones, lo que quiere decir que no hubo contracción y más bien se registra un crecimiento sistemático e ininterrumpido: “Estos valores desmienten el verdadero propósito que hay detrás de la ley”. Reprochó que se busque entregar el Banco Central a manos privadas a través de un directorio que de forma insólita no toma en cuenta al Ministro de Finanzas, quien no tiene ni voz ni voto pese a que dirige la política económica. Rechazó que a pretexto de supuestamente reactivar la economía, no solo se busque desviar el Banco Central sino que además se quiera entregar los principales activos del Estado por los cuales el país está recibiendo rentas importantes.
Al final del día, diversos economistas arriban a una conclusión preocupante: la ley “es nefasta para la economía y puede provocar una crisis financiera, porque elimina la defensa de la dolarización”.
