Es una frase popular que reclama a cada cual hacer lo suyo y no improvisar acciones ajenas a su vocación, capacitación e intereses: pastelero a tus pasteles, es un llamado a quien realiza una actividad lo haga dentro de sus competencias.
El caso del alcalde Jorge Yunda es un ejemplo de lo que ocurre cuando un pastelero se dedica a otra cosa distinta a su oficio. El edil quiteño llegó a la alcaldía proveniente del mundo de la farándula como animador de televisión y manager de grupos de bailarinas tecno cumbieras, oficios dignos, sin duda, pero muy diferentes a las experticias necesarias para administrar una ciudad. Yunda fue elegido Alcalde de Quito en el año 2019 por el partido Unión Ecuatoriana, obtuvo 296.096 votos (21.4% de los votos válidos) y termina ejerciendo su gestión rodeado de representantes políticos de la llamada “coalición por Quito” -Izquierda Democrática, Concertación, CREO, Unión Ecuatoriana-, que nombró gerentes, secretarios y funcionarios municipales entre burócratas políticamente afines. ¿Qué grado de legitimidad otorgan al Alcalde estos antecedentes curriculares?
Su gestión municipal es prueba de su eficiencia y legitimidad. Una historia que el Alcalde hoy disminuye y lo disminuye, que lo sitúa al borde de la aversión popular.
En medio de la pandemia Yunda enfrenta un proceso legal sobre presunto peculado en la adquisición de 100.000 pruebas para detectar COVID-19. La justicia inició investigaciones y el Alcalde luce hoy en su tobillo izquierdo un grillete electrónico que le impide salir de la ciudad. Al tenor de la investigación se realizaron allanamientos al domicilio y oficina del Alcalde y se procedió a la incautación de documentos y equipos electrónicos en los que aparecen diálogos sostenidos en chats entre su hijo Sebastián Yunda y funcionarios edilicios que evidencian presuntos trámites de negocios ilícitos en la administración de su padre.
La suerte echada
La trama de la historia se fue complicando y hoy Yunda enfrenta la presión por su renuncia o destitución. Las causales de remoción que se denuncian son, incumplimiento de la ley y normativa adoptada por el Municipio para su funcionamiento; y, mal manejo y despilfarro de fondos. La ciudadanía puede mediante denuncia solicitar al CNE la remoción del cargo con 592 mil firmas que equivalen al 30% de los sufragantes, según la ley. Al interior del Consejo municipal los pedidos de renuncia y remoción se han sucedido estos días. Nueve concejales la pidieron: Eduardo del Pozo; Bernardo Abad; Andrea Hidalgo; Fernando Morales; Luz Elena Coloma; Juan Manuel Carrión; Analía Ledesma, René Bedón y Santiago Guarderas.
El colectivo Quito Unido se suma a nuevos pedidos de remoción al alcalde. Incluso, el vicealcalde Santiago Guarderas cuestionó al titular de la Alcaldía metropolitana por remover a los funcionarios involucrados en los chats filtrados al celular de su hijo. “Yo fui parte de su equipo hasta que la corrupción entró a su administración”, dijo el funcionario. Por su parte, el bloque político de la Revolución Ciudadana denunció que los culpables de la crisis institucional del Municipio de Quito son el Alcalde y los concejales que forman la “coalición por Quito”. Luego de la denuncia, Carlos Alomoto, asesor jurídico de Yunda, presentó la renuncia irrevocable.
La suerte del alcalde Yunda parece estar echada. Existen mecanismos que la ley establece para relevar a una autoridad seccional de su puesto: remoción, revocatoria y destitución. También una decisión de renuncia al cargo, aunque hasta el momento, Yunda ha ratificado que continuará en la alcaldía. Además, una posible sentencia por el presunto caso de peculado en la compra pruebas para COVID-19. «Aquí estaremos hasta cuando el pueblo lo decida, hasta cuando los debidos procesos lo requieran, democráticamente», expresa Yunda, en referencia a una historia que disminuye y lo disminuye.
Una historia escrita contra la ciudad horadada en baches callejeros y en su dignidad urbana. Caotizada en cada barrio sin atención de una capital maltratada. Una historia que los habitantes quiteños y advenedizos han aprendido en carne propia, que enseña que el poder exige gente capacitada con experiencia, principios y fines.
La historia revela que políticos provenientes de la administración privada no siempre fueron buenos administradores públicos. Ejemplos abundan, entre los más recientes Trump, Piñera, y Macri, lo confirman. La prueba está en que no es lo mismo manejar una hacienda, un banco privado, conducir un programa de variedades de la farándula, una ciudad o un país. Corresponde a distintas sensibilidades, una ciudad no es un negocio privado, responde a intereses colectivos y recursos públicos.
La mayor lección de esta historia enseña que el poder es otra cosa. Participar en elecciones en donde prima y decide el poder del dinero que compra conciencias y gobernabilidad, termina siendo un mal negocio político.
Por el bien común, el poder debe ser ejercido por gente proveniente de la academia, capacitada profesional y éticamente para gobernar, cuyo origen social la comprometa con los destinos de su pueblo. Pastelero a tus pasteles.
