En la guerra existe una maniobra -¿suicida?- que consiste en lanzar por encima del hombro una granada hacia atrás, en el momento de emprender la retirada. Algo parecido está haciendo el régimen de Moreno con la llamada ley en Defensa de la dolarización enviada de última hora a la Asamblea Nacional. No sabemos con certeza el efecto o daño que provocará al futuro del país esta medida desesperada destinada a cumplir con las exigencias del FMI, y así asegurar una retirada cubierta por el Departamento de Estado. La acción cuenta con favores en la agenda de voceros y opinadores que en espacios televisivos ad hoc promueven la urgencia de la ley a coro con sus entrevistados. Algunos lo hacen “a su manera”, otros en procura de establecer lo “políticamente correcto” y, no falta informativos que entre noticias hacen campaña en favor de la mentada ley. ¿Qué hay detrás de todo este esfuerzo mediático?
El debate
El debate está centrado en la presunta autonomía financiera y administrativa del Banco Central que le permita precautelar las reservas monetarias depositadas en sus bóvedas sin que puedan ser destinadas a otros fines ajenos a dar cobertura al respaldo de los fondos de los GADs, gobierno, IESS y banca privada. Los defensores de la ley se desgañitan diciendo que defender la reservas del BC es defender la dolarización contra todo intento del próximo gobierno de financiar ofertas hechas en campaña o prestar dinero al Ejecutivo de los fondos de BC. La ley ha sido enviada en dos oportunidades a la Asamblea Nacional sin éxito, donde parlamentarios que se bajaron del barco gubernamental que hace agua no se muestran dispuestos a lanzar un salvavidas de última hora a sus atribulados navegantes.
Según opinión del ex ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, “habría que ver cuántas veces el Banco Central prestó dinero al gobierno y si las reservas monetarias bajaron por esa acción, hasta el día de hoy no hay un solo estudio ni una referencia en ese sentido”. Para el experto la reserva monetaria está en dinero físico en las bóvedas del Banco Central y en el exterior en la reserva federal norteamericana, a nadie se le ha metido la mano al bolsillo -dice- y la dolarización no se ha caído aun en la peor crisis financiera actual, la dolarización sigue fuerte.
El celo por la dolarización que muestran defensores de la ley apunta a proteger un sistema monetario que ha generado algunos beneficios importantes, pero implicó un costo enorme para el país. En tal sentido, dicha defensa es más ideológica que práctica, puesto que no existe ningún detractor identificado con nombre y apellido. El afán irrestricto de aprobar la ley responde a la necesidad de coincidencia con las políticas neoliberales sugeridas por el FMI que, en opinión de Juan Paz Miño, se caracterizan por “liberalizar los mercados, abandonar las regulaciones estatales sobre moneda, intereses y régimen financiero, asegurar las actividades privadas, total apertura a las inversiones de capital extranjero, quitar controles al comercio externo, reformar el sistema tributario, flexibilizar las relaciones laborales, privatizar empresas y servicios públicos, reducir el gasto estatal”. Se trata de políticas inéditas e incluso anteriores a la ¨revolución neoliberal¨, que sobrevino con el gobierno de Ronald Reagan en los EE.UU (1981-1989).
Las reservas internacionales -apunta de la Torre- se mueven por dos factores, los flujos externos de la economía y la demanda de dinero físico interno; no por decisión de un presidente ni por la demanda local de dinero físico. Incluso la inflación que se estabiliza con la economía dolarizada bajando del 91% al comienzo de la dolarización hasta alcanzar índices negativos, incluida una deflación, siempre respondió a un proceso comercial especulativo más que a razones de índole técnico económico.
El economista pro ley defensa de la dolarización, Vicente Albornos, argumenta que el Banco Central debe tener la suficiente autonomía para que no sirva de “caja chica del gobierno”. Y agrega que la reserva (12 mil millones de dólares), no es lo importante, “lo importante es la cobertura, cuánto de los pasivos del Banco Central cubren la reserva; ahora cubren menos de la mitad”. En la realidad, la reserva del BC cubre el 23% de los depósitos de la banca privada, el resto de los recursos está en otras operaciones. En opinión de Carlos de la Torre “la idea que se debe cubrir todos los depósitos de la banca está escondiendo algo peligroso: le da prelación o prioridad a la banca privada, en consecuencia que en esas reservas también cuentan los derechos del gobierno central, con esas reservas también se hacen importaciones. Ahí está el meollo de la privatización del Banco Central”. El presidente de la Asociación de Bancos Privados, Julio José Pardo, afirmó en un informativo de televisión: “He leído la ley y no hay ningún proyecto, ningún inciso que hable de la privatización del Banco Central”. Lo que omite decir el vocero de la Asobanca es que la privatización no vendría por la compra venta del BC, sino por el control de la banca privada sobre las decisiones de la entidad bancaria pública.
El meollo del asunto
Más allá de los eufemismos de una narrativa que encubre verdaderas intenciones, en realidad lo que está en juego es que se procura amarrar el poder financiero al poder político, con un Banco Central que se vuelva autónomo al gobierno pero dependiente de la banca privada. Estos actores estarían controlando decisiones del gobierno porque tendrían capacidad de chantajear al régimen ya que dispondrían del control de sus depósitos.
Por más esfuerzo que se haga por hacer aparecer esotérica la discusión en torno a ley de defensa de la dolarización, la ciudadanía no tiene dudas porque percibe sus beneficios. El problema existe en la clase política que no logra generar confianza y tranquilidad con sus mensajes que han politizado el debate sobre el tema. Lo que se defiende a ultransa con la aprobación de la ley es que de ello depende el desembolso en abril de 400 millones de dólares contemplado dentro del acuerdo con el FMI para seguir adelante con el guión neoliberal.
La llamada Ley de defensa de la dolarización, en argumento de los políticos, es un distractor electoral que pretende desviar la atención de aquello que realmente interesa a los ecuatorianos, conseguir un trabajo, llevar alimentos a la mesa familiar, salvar la vida frente a la pandemia a través de una accequible y oportuna atención de salud, educar a los hijos y poder transitar por las calles sin ser asaltado en medio de la inseguridad que vive el país. Estas son necesidades insatisfechas en ausencia de un Estado en manos de un gobierno discapacitado.
