Existen mujeres invisibilizadas en la vida y en la muerte. De sus tristes historias se encarga el silencio. Este es el caso de la joven Gladys Janeth Almeida Montaluisa, ejecutada extrajudicialmente por agentes policiales del ex SIC durante el gobierno de Febres Cordero. Hoy, a 35 años del crimen de Estado ocurrido el 26 de marzo de 1986, su madre Gladys Montaluisa evoca una historia clamando justicia a un sistema judicial que, junto con invisibilizar, silencia a sus víctimas.
Eran los días de la represión armada del gobierno socialcristiano contra miembros del grupo Alfaro Vive Carajo, AVC, y en ese tiempo diversos núcleos familiares militaban en sus filas. Gladys de 16 años, estudiante de secundaria, formaba parte de AVC junto a su hermano Santiago y su madre. La represión era política de Estado, se estima que hubo aproximadamente 500 casos de tortura policial y militar con un saldo de 150 desaparecidos. La CIDH, Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de condenar al Estado ecuatoriano, le impuso la obligación de reparar a las víctimas, investigar y sancionar a los responsables de los crímenes extrajudiciales. Nunca se cumplió lo establecido por la CIDH.
“A mi hija la mataron los policías porque la confundieron con otra militante. La ambición de esos agentes por cobrar dinero a cambio, los llevó a cometer el crimen”, cuenta doña Gladys Montaluisa: “yo la enterré cantando y no les di el gusto de verme llorar. Hoy solo pido justicia por el asesinato de nuestra hija”.
La joven Gladys creció en el seno de una familia humilde en el barrio La Colmena, al sur de Quito. De padre obrero y madre dedicada a labores del hogar, compartió necesidades con tres hermanos, sin embargo, vivía preocupada por la gente humilde de su entorno. Regalaba ropa y comida a los niños pobres del vecindario; quería estudiar medicina para ir a trabajar al campo con los pobres. “En esa situación –narra doña Gladys– comprendió que no tendría derecho a ser libre, tener vivienda, educación, a través de votos, y decidió la guerra y en ese camino conoce a Fausto Basantes”
Doña Gladys Montaluisa se graduó de abogada de la República motivada por el drama familiar que significó el crimen de su hija, desde entonces ha luchado contra el silencio y olvido de un crimen de Estado aun en la impunidad. Evocando esos días aciagos narra que al cumplir 18 años su hija Gladys -con el nombre de combate, Sara- se enroló en el batallón América del grupo AVC, la Navidad de 1985. La tarde que la joven se despidió, entregó a su madre una cantidad de dinero con la encomienda de que cubriera gastos de su defensa en caso de ser detenida.
En ese tiempo se ejecutaba en el país el Plan Condor, destinado a la lucha antisubversiva. Santiago Almeida, hermano de Gladys, fue detenido el 7 de marzo de 1986 como resultado de la “guerra de baja intensidad” librada en territorios contra el grupo AVC. El gobierno había dado a conocer una lista de los más buscados por los que ofrecía una recompensa de cinco millones de sucres. Arturo Jarrín encabezaba la nómina, los otros perseguidos eran Fausto Basantes, Hamet Vásconez, Edgar Frías y Justina Casco. El día jueves santo, 26 de marzo, que mataron a Gladys, había en marcha un operativo militar y policial en el norte de Quito (el militar Frank Vargas Pazzos se había sublevado el 7 de marzo). Gladys ocupaba una vivienda en una “casa de seguridad”, en la ciudadela Las Delicias sector de Cotocollao. Hasta ese lugar solía ir otro muchacho, Santiago Troya de 15 años, llevando diariamente la comida a los residentes del lugar. Aquel día, Santiago fue seguido por la policía hasta el domicilio donde se encontraba Sara y comenzó un tiroteo para eliminar a los militantes AVC. Sara, en su corta edad, se enfrentó con un grupo de los 150 efectivos policiales que asaltaron el inmueble y la ubicaron en el entretecho. La versión policial habló de haber eliminado a Justina Casco, esposa de Edgar Frías militante del AVC, por la que se había ofrecido recompensa. No importó la confusión y una vez que los elementos armados ejecutaron extrajudicialmente a Sara, incautaron su cadáver para cobrar la recompensa por Justina Casco.
“Vi el cadáver de mi hija y estaba acribillado por una ráfaga, las balas cruzaron logitudinalmente todo el cuerpo y le dieron un tiro de gracia en la quijada -cuenta Gladys-, Edwin Valverde Herrería, alias el Sambo, fue uno de los que disparó”. Cuando la madre fue a retirar el cadáver de su hija no se lo quisieron entregar porque querían cobrar la recompensa de 5 millones de sucres.
Clamor de justicia
Actualmente Santiago Almeida ejerce la medicina, cumplió el anhelo familiar de servir a los más necesitados. La joven Gladys vio truncado su anhelo de compromiso social cuando cayó combatiendo en una causa sin mayor destino. El crimen de Estado invisibilizado y silenciado por los gobiernos que sucedieron al régimen represivo del socialcristianismo, es una deuda pendiente con la familia de Gladys Almeida Montaluisa. En la fiscalía permanece la denuncia. La Comisión de la Verdad investigó el caso y señaló a los asesinos de Gladys. El Estado ha reconocido el hecho, pero los asesinos no han sido capturados.
“Que los asesinos de mi hija sean capturados y vayan a la cárcel -pide la madre- que evidencien a los asesinos, al jefe de la casa militar de la presidencia de la República de entonces, a Cleclé Orellana, yerno de Febres Cordero”, entre otros. La familia Almeida Montaluisa no claudica en el clamor de hacer justicia y reabrir el caso. Ecuador es un Estado firmante del Tratado de Roma que señala que los crímenes de lesa humanidad no prescriben.
Gladys Montaluisa este marzo, mes de la mujer, esboza un mensaje a los jóvenes, y a sus padres, que es la gente que reclama días mejores: “Las madres deben impulsar a sus hijos que son las únicas testigos que pueden decir: así era Ecuador de antes”. Espera sea oído este 26 de marzo, aniversario del crimen de Sara, Día de la Combatiente Ecuatoriana.
