En las cárceles del país se expresa también la lucha de clases por la criminalización de la pobreza que condena a los reclusos con menos recursos a constante violación de sus derechos humanos. Un sistema carcelario que les niega, no solo la rehabilitación, sino los elementos para la subsistencia básica al interior de las cárceles consideradas bodegas de escoria humana. Es sabido que los presos deben pagar con dinero familiar su estadía, alimentación, conectividad y seguridad a los capos de las mafias que controlan el mercado negro de servicios penitenciarios que no proporciona el propio sistema.
Hombres y mujeres carentes de recursos permanecen encarcelados en un sistema que opera sin políticas sociales, obligados a delinquir incrementan el nivel delincuencial que actúa dentro y fuera de los recintos carcelarios. Las cárceles de esa forma se han convertido en el símbolo del fracaso de las políticas de rehabilitación social implemetadas alguna vez por los gobiernos. La inequidad social se expresa en niveles de pobreza en aumento tras las rejas, el sistema prefiere criminalizar a los pobres que sancionar a los potentados que lideran mafias narcotraficantes y bandas contratadas para el ejercicio de la violencia.
La Constitución de la República señala al Estado como responsable de la sobrevivencia de la población carcelaria. Pero ese precepto no se cumple o se cumple a medias. El gobierno actual ha disminuido la asignación presupuestaria para el sistema penitenciario nacional; de 28 millones de dólares dedicó el año anterior 26 millones a la alimentación, olvidando la rehabilitación. El régimen de Moreno sale mal parado por el cometimiento de evidente violación a los derechos humanos de la población carcelaria.
Debido a la inadecuada infraestructura, inexistente rehabilitación, carencia de actividades laborales y/o educativas, ausencia de filtros de inseguridad, en el sistema carcelario ecuatoriano es imposible la reinserción social del privado de libertad. La cárcel es la universidad del delito, se ha dicho, pero es más que eso: es además el mercado laboral donde ejercer la delincuencia como una profesion sin más título que el reclutamiento bajo el salario del miedo, soborno o amenaza. Un poder sobre el poder domina esa lógica e impone una dinámica difícil de exterminar al interior de las cárceles donde se organiza y coordina hechos de violencia inusitada. Se abona un terreno propicio para el crimen organizado regentado por el narcotráfico que decretó a Ecuador como territorio ideal para el tránsito de estupefacientes provenientes de Colombia y que son reembarcados vía área en pistas clandestinas desde Manabí con destino a México y los EE.UU. Los carteles mexicanos y colombianos tercerizan la violencia en bandas locales para controlar, asegurar y defender esas narcorutas.
Al interior de las cárceles todo está dispuesto para esa dinámica delictiva. Directores, guías penitenciarios sobornados y sicarios contratados; al fin y al cabo, al interior de los presidios existe necesidad de trabajo y mejores sueldos entre una insufiente dotación de personal. El SNAI admite que para controlar a 40.000 internos que existen en el país se necesita 4.600 guías, pero únicamente tienen 1.500. De los 40 mil reclusos sobrevive hacinado un 30%, exceso sobre lo permitido por la capacidad carcelaria instalada. De 40 mil privados de libertad solo hay 21 mil con sentencia en firme, 16 mil se mantienen con prisión preventiva y sin sentencia. Todo esto constituye una flagrante violación a los derechos humanos.
Todo el sistema carcelario está corrompido, afirman analistas. En la cadena de corrupción existe un primer eslabón que son los funcionarios judiciales, seguidos por miembros de la institución policial y del personal penitenciario. En definitiva, son los componentes de un Estado dedicado a la persecución política que deja con las manos libres a la delincuencia común. Por eso no es de extrañar el nivel de coordinación delincuencial existente entre una cárcel y otra nunca visto en América Latina, eso explica la acción conjunta en los centros penitenciarios de tres ciudades ecuatorianas -Guayaquil, Latacunga y Cuenca- en el cometimiento de la masacre carcelaria de los últimos días. Un sistema controlado por el crimen organizado que penetra el Estado, los organismos de control y el sistema judicial. El crimen organizado no puede existir sin apoyo del Estado, según constatan expertos.
Y el crimen organizado es controlado a su vez por el narcotráfico internacional. Colombia es un país que produce 1.137 toneladas de clorhidrato de cocaína, procesa el 70% de la droga producida en el mundo; el 30% proviene de los departamentos de Putumayo y Nariño, fronterizos con Ecuador. Se calcula que, al menos, 300 toneladas de droga transitan por el país y salen desde las costas ecuatorianas en una operación que responde a los negocios que los carteles mexicanos de Sinaloa, el Golfo y Jalisco Nueva Generación mantienen en Ecuador.
Estas operaciones guardan relacion con la violencia generada en las cárceles, y no se descarta que se traslade a las calles de las ciudades, considerando la advertencia del cartel Jalisco Nueva Generación: de no cumplirse con sus exigencias de separar a ciertos funcionarios penitenciarios de sus cargos, la violencia tomaría forma callejera urbana. Ecuador es la gran autopista del narcotráfico, según califican los expertos. Y esta situación cobró fuerza desde el año 2003 con la paulatina alianza que se viene dando entre los carteles mexicanos y colombianos que eligieron al territorio ecuatoriano como tránsito de drogas y paraíso de lavado de dinero por ser un país dolarizado. Para algunos analistas la salida de la base norteamericana de Manta es un factor que ayudó a esa alianza y facilitó sus operaciones, al extremo que según opinión del especialista en seguridad, Mario Pazmiño, estamos perdiendo la guerra contra el narcotráfico. Hoy somos una plataforma internacional de tráfico de drogas. La violencia, en última instancia, se explica por la necesidad de cuidar esos corredores por donde pasa el 37% de los estupefacientes y sale de puertos y pistas clandestinas ecuatorianas con destino a los mercados norteamericanos.
En el trasfondo de las causales socioeconómicas, el Estado reconoce que no es un problema militar sino social, según manifestó el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín. Para los expertos en seguridad, criminalizar el microtráfico de drogas “es hacerle el juego” al narcotráfico de gran escala, porque quedan en libertad de acción los carteles internacionales. La analista Jessica Jaramillo señala que “el gran problema es la desigualdad, falta de políticas sociales, necesidad de acceso a la salud, educación y empleo». Se está criminalizando la pobreza y no se ataca a los ricos que lavan dinero.
Hasta que el Estado no haga una completa reingeniería del sistema carcelario, reasigne presupuestos para su mantención y debido funcionamiento, genere un sistema de formacion profesional de personal penitenciario, Ecuador seguirá siendo escenario propicio para las acciones del narcotráfico internacional, y las cárceles paradigma del crimen y reflejo de lo que es la sociedad ecuatoriana.
Urgente asignatura para el próximo gobierno.
