El saldo de 79 reos asesinados en las cárceles ecuatorianas producto de la violencia organizada no tiene precedentes en el país y en la región sudamericana. Más allá de los prolegómenos de la masacre, una hipótesis está siendo confirmada: en Ecuador existe un poder sobre el poder conformado por supraestructuras del crimen organizado trasnacional, controlado por carteles del narcotráfico con el fin de gobernar territorios de distribución de drogas, sistemas carcelarios y ejercer ajusticiamiento criminal.
El registro de población penitenciaria asesinada en las últimas horas se distribuye en cuatro cárceles del país: Penitenciaría del Litoral y Cárcel Regional de Guayaquil, Cárcel de la Latacunga y Cárcel Turi de Cuenca, en donde actúan bandas conocidas: Choneros, Lagartos, Tijerones, Cubanos, entre otras, a las órdenes de organizaciones narcotraficantes de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Cartel del Golfo. La causa estructural hay que buscarla en el debilitamiento del Estado en manos de un gobierno que eliminó el Ministerio de Justicia, el Ministerio Coordinador de Seguridad, el Ministerio del Interior y la Escuela de Guías Penitenciarios, reduciendo el presupuesto para el sistema de rehabilitación social del país.
El Coronel Mario Pazmiño, del Observatorio Ciudadano de la Seguridad integral del Estado, entrevistado por el colega periodista Jaime Cedillo señaló, confirmando nuestra hipótesis: “Hemos perdido el control del sistema carcelario ante el fracaso de políticas públicas que estableció la improvisación del Estado frente a esas políticas. Existe corrupción al interior de las cárceles, la rehabilitación social no existe, no hay selección de personal penitenciario, los sistemas de seguridad son inoperantes los funcionarios responde a cuotas políticas”. El detonante de la actual violencia carcelaria, es el asesinato ocurrido el 28 de diciembre pasado, de uno de los cabecillas de la banda Los Choneros, José Luis Zambrano González, alias Rasquiña. La venganza por ajuste de cuentas desató la masacre, según la policía, lo que abrió un capítulo de violencia organizada que recién comienza con niveles de degradación humana y barbarie nunca antes visto en el país y que ha provocado un estado de conmoción social.
Para el coronel Pazmiño, el SNAI, Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas privadas de libertad, está conformado por “un grupo de inoperantes” que ha permitido la corrupción y la impunidad al interior de las cárceles, lo cual merece una sanción puesto que en un Estado de derecho la falta de eficiencia es sancionada penalmente y, en este caso, el Estado es responsable de la vida de los privados de libertad. Consultado Pazmiño sobre la responsabilidad del Estado en los hechos de violencia carcelaria, señala que “no hay políticas públicas territoriales y la delincuencia organizada controla el sistema”. Según Pazmiño, el presidente Lenin Moreno debe realizar algunas acciones que ya se las recomendó el Observatorio Ciudadano de la Seguridad Integral del Estado, a saber: la policía debe encargarse directamente de las cárceles al menos por un año y formar guías penitenciarios, hacer una reingeniería total del sistema y sacar funcionarios ineficientes previa acción judicial, mejorar todo el sistema de infraestructura tecnológica en cada centro carcelario donde no existen sistemas de seguridad.
La descomposición social se expresa en la barbarie del sistema carcelario. Es necesario una reforma estructural del sistema que supone cambiar funcionarios, reducir hacinamiento carcelario, crear otra modalidad de rehabilitación, mejorar la atención de salud penitenciaria, reformar leyes penales y asignar nuevos presupuestos para generar políticas públicas sobre seguridad ciudadana. Solo de ese modo se podrá revertir una situación que está fuera de control. La corrupción campea a instancia de las autoridades, y así, directores y guías de las cárceles trabajan para el crimen organizado y las mega bandas. Los sistemas de inteligencia penitenciarios que deben alertar situaciones irregulares no existen o no funcionan.
Los gobernantes son los culpables, señala Pazmiño, por su inoperancia e incapacidad. Existe un “gobierno paralelo”, comandado desde los carteles por capos del narcotráfico, concluye Pazmiño. No obstante, Lenin Moreno ha dicho: “No me asombraría que las manos del correísmo estén detrás del amotinamiento en las cárceles”. Irresponsable e insólita afirmación que busca echar una cortina de humo a su desidia y desconocer su responsabilidad política directa en los hechos. Moreno debe ser llamado a responder por los actos de violencia carcelaria, puesto que la Constitución de la República ordena precautelar la vida de la población privada de libertad. Está en manos de la Asamblea Nacional iniciar un juicio político, si la voluntad pusilánime de los asambleístas no lo hace, Moreno, que entrega un país ahogado en sangre, económicamente arruinado, descompuesto en lo moral, institucionalmente destrozado y políticamente dividido, enfrentará el juicio de la historia.
