La democracia estaría amenazada en Ecuador en un intento de destitución del binomio Arauz-Rabascall bajo acusación de un supuesto financiamiento de la campaña por el ELN colombiano. La denuncia hecha por sectores cercanos a la candidatura de Centro Democrático se refiere a la injerencia del Fiscal General de Colombia, Francisco Barbosa Delgado quien arribó a Ecuador por petición de la Fiscal ecuatoriana Diana Salazar, portando presuntos documentos relacionados con la mencionada investigación.
Según fuentes allegadas a la candidatura del binomio Arauz-Rabascall se trata de “este burdo montaje, que ya fue desmentido por el ex presidente Ernesto Samper y por la Internacional Progresista”. El montaje estaría destinado a conseguir la destitución de Andrés Arauz, ganador de la primera vuelta electoral, luego de manchar su nombre con denuncias infundadas y forjadas sin ningún fundamento fáctico jurídico.
El eventual complot orquestado por fuerzas políticas afines al gobierno y a la candidatura derechista en Ecuador habría sido mentalizada desde el exterior en coordinación con la Fiscalía y el CNE. En ese contexto el organismo electoral ecuatoriano habría incurrido en ilegalidades manifiestas al promover “un debate público de los candidatos que se están disputando el segundo lugar, excluyendo a los otros 14 candidatos presidenciales y, finalmente se someta a sus decisiones”. Para los denunciantes resulta erróneo y sospechoso que el CNE excluya sin ninguna argumentación a los demás observadores internacionales y llame a participar en ese debate electoral solo a la representación de la OEA, organismo cuyo Secretario General, Luis Almagro, ha tenido “perniciosas actuaciones, particularmente, en el golpe de estado en Bolivia en octubre de 2019”.
El complot en marcha -según los denunciantes- formaría parte de la dilatación en la entrega de resultados electorales oficiales de la primera vuelta por parte del CNE que estaría dando tiempo para configurar las acusaciones fiscales en contra del binomio Arauz-Rabascall para su destitución.
Miembros del equipo de abogados del frente político UNES alertaron que “el pleno del CNE no tiene competencia para descalificar algún candidato”. El tribunal Contencioso Electoral es la única instancia para hacerlo “previo un debido proceso y un juicio expedito”. Tampoco es competencia de la justicia ordinaria ecuatoriana. La visita del Fiscal General colombiano es un show mediático, que “busca desesperadamente argucias para calentar las calles”, manifestaron.
El arribo del fiscal Francisco Barbosa Delgado a petición de la fiscal Diana Salazar, es un hecho que ha causado polémica en el país porque es considerado una clara intervención extranjera en asuntos políticos nacionales y fue calificado de “urgente” por la revista Semana, que reveló la presunta colaboración del ELN a la campaña de Arauz. El fiscal Barbosa, viajó este 12 de febrero a Ecuador para reunirse con la fiscal Salazar y entregarle el informe sobre los supuestos hallazgos que los investigadores hicieron en las computadoras del líder de la guerrilla del ELN, Andrés Vanegas Londoño, alias Uriel. El informe denominado “Informe investigador de campo”, está suscrito por dos funcionarios de la Policía Judicial adscritos a la Dijín Interpol, en un total de 50 folios y que reposa en un disco duro portable embalado, rotulado y en cadena de custodia. El abogado fiscal Barbosa llega tras una solicitud oficial recibida por parte de Fiscalía de Ecuador, que hace parte de cooperación bilateral de las dos entidades en un trabajo conjunto contra organizaciones criminales que afectan a los dos países. «Estamos juntos en esto y juntos la vamos a combatir”, declaró la fiscal Diana Salazar. Por su parte el senador colombiano del Polo Democrático, Iván Cepeda, calificó la visita de Barbosa a Ecuador como una “burda maniobra de intervención política en un proceso electoral extranjero”.
Los hombres del presidente
El mencionado fiscal Francisco Babosa es abogado especializado en conflictos armados colombianos y asuntos internacionales. Forma parte del círculo del actual presidente colombiano, Iván Duque, quien lo propuso en una terna presidencial para ser nombrado Fiscal General de Colombia hace un año. Barbosa ha estado siempre vinculado a círculos del poder en su país, como asesor jurídico externo de entidades públicas, el Ministerio de Hacienda cuando Juan Manuel Santos era Ministro de Andrés Pastrana y del Ministerio de Comunicaciones cuando Martha Pinto de Hart fue Ministra de Álvaro Uribe.
Babosa ha formado parte del círculo más cercano al ex presidente Álvaro Uribe, a través de su cercanía con el actual presidente Duque, delfín político del uribismo. Uribe está involucrado en juicios relacionados con sobornos a congresistas cuando sus hombres en el DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, fueron condenados por entregar información a grupos paramilitares colombianos y espiar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a grupos opositores a Uribe.
Uribe guardó arresto domiciliario acusado por su reponsabilidad política en crímenes de jóvenes de sectores pobres del país vecino en el 2008, asesinados por el ejército y luego disfrazados sus cadáveres como guerrilleros abatidos en combate. Las ejecuciones extrajudiciales investigadas en Colombia se refieren a la muerte irregular de más de 2.248 jóvenes. El hermano del expresidente colombiano Álvaro Uribe -Santiago Uribe- fue también condenado por aliarse con comandantes paramilitares, del grupo Los 12 apóstoles, relacionados con la muerte de un ex asesor presidencial, presuntamente asesinado por orden de Álvaro Uribe. Cabe notar que el prontuario del ex presidente colombiano es notable, considerado miembro de la derecha más radical de Colombia instigadora de las ejecuciones extrajudiciales y de los “falsos positivos” en casos de guerrilla que tuvieron lugar, según la propia Fiscalía colombiana, entre los años 1998-2014, durante el primer y segundo mandato de Uribe.
Ecuador no debe dejarse confundir por la orquestación de un presunto complot, cuyos bemoles tendrían antecedentes en las políticas del estado colombiano en la guerra interna sostenida con grupos irregulares y que quiere ser exportada al exterior, a través de una clara injerencia en los asuntos políticos de nuestro país.
