El periodismo es el mejor oficio del mundo. Esa frase que resuena en las escuelas de periodismo de América Latina, fue pronunciada por Gabriel García Márquez ante la 52a Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde inmortalizó su amor a la profesión que permite servir al pueblo y llevar la magestuosidad de sus letras a todo tipo de público. Lo mejor de la profesión: “contar lo que ocurrió para que el lector conozca y viva lo sucedido”, dejó escrito el Nobel de literatura colombiano. En réplica, colegas de todas las latitudes hemos replicado a coro “el mejor oficio, pero el más peligroso del mundo”.
A la postre, ese riesgo no es patrimonio exclusivo de periodistas profesionales, también de la expresión pública de comunicadores, líderes de opinión, reporterismo ciudadano, en peligro bajo la amenaza de un arma sicaria, instrumento de un suprapoder plenipotenciario que actúa desde las sombras, muchas veces con la complicidad pusilánime del Estado.
El crimen de Efraín Ruales, joven presentador de un programa televisivo de variedades que había crecido su figura pública con el poder de la palabra, al punto de erguirse en líder de opinión, “guía espiritual”, conciencia ciudadana, lo confirma. Su muerte no fue natural, cobra fuerza la versión de que Ruales no se murió, lo mató la corrupción a través de sus tentáculos del sicariato. Lo silenció un omnímodo poder del mal, de intereses ilegítimos del dinero mal habido para acallar su voz de protesta que rechazaba sus actividades protervas en una comunidad socialmente descompuesta.
Frente a ese crimen que perturba la conciencia nacional, independientemente de la diversidad de hipótesis policiales, se vienen dando diversas reacciones. Desde la condolencia multitudinaria con una madre destrozada ante la pérdida absurda de su joven hijo, el rechazo categórico a la impunidad criminal, hasta el miedo a vivir en una sociedad en manos de la delincuencia organizada desde un poder clandestino.
Entre las hipótesis policiales del asesinato de Ruales se descartó el robo y se perfiló la presencia del sicariato, supuestamente, vinculado a actos de corrupción hospitalaria que llevó preventivamente a la cárcel a algunos sujetos, y a otros condenó en firme. Precisamente, a pocas horas del crimen del comunicador guayaquileño la policía realizó operativos en una de las cárceles de la capital donde guarda prisión uno de los, presuntamente, involucrados en el caso de corrupción en hospitales públicas en busca de pistas, indicios que permitan confirmar las hipótesis de pertinencia con el asesinato de Ruales.
Acto seguido, en otra reacción, uno de los presuntamente implicados en los procesos judiciales por el tema hospitalario, realiza declaraciones públicas donde rasga vestiduras y profiere amenazas contra comunicadores. El sujeto parlante se pronunció en rechazo al rumor inicial de que Ruales debía presentarse a declarar a la Fiscalía el día del crimen, situación desmentida posteriormente; el ex presidente Abdalá Bucaram, escribió en su cuenta de Twitter: «Debo felicitar a la Fiscalía por aclarar públicamente que el montaje del Gobierno era falso, pues el joven Efraín Ruales no estaba involucrado, ni citado por ninguna Fiscalía a rendir ninguna declaración». En seguida, manifestó: «Pero ustedes no se han preguntado por qué meterse con un pobre chico, cuando si yo podría matar a alguien es a Fidel Egas, un pedófilo que financió el golpe de Estado… No se han preguntado que el señor David Reinoso (comediante de variedades) se burló de mi hijo en varios programas de televisión, no sería mejor matarlo a él. Y Dayana Monroy (periodista de Teleamazonas) que por 8 meses viene difamando a mi familia».
Ante estas declaraciones la Fiscalía General del Estado, FGE, emitió un comunicado solicitando protección a los periodistas: “Ante los actos intimidatorios proferidos por personas procesadas por la justicia, a través de redes sociales, y que podrían guardar relación con investigaciones judiciales en marcha, la Fiscalía con base en los estándares internacionales de protección a los derechos humanos, la Constitución de la República y demás normativa legal vigente, ha solicitado a la policía nacional que, de manera inmediata, realice un análisis de riesgo y garantice la seguridad de los periodistas y demás denunciantes públicos que investiguen presuntos actos de corrupción. La FGE llama a la opinión pública a rechazar cualquier conducta que incite a la violencia y a continuar denunciando posibles hechos delictivos bajo el precepto de que la democracia y la cultura de paz se constituye a partir del respeto a la libertad de expresión”.
En consonancia con la declaración de la Fiscalía, organizaciones periodísticas, UNP, Federaciones y Colegios de periodistas, la academia y medios de comunicación, no pueden guardar pusilánime silencio. Son llamados a salir en defensa del libre ejercicio del oficio periodístico, profesional y ciudadano, a través de redes sociales y medios alternativos. La libertad de expresión en un país que se dice democrático y civilizado, no puede depender de un arma criminal, del dinero que financia la muerte a merced del sicariato, ni de amenazas proferidas desde la impunidad.
Hasta qué extremo han llevado al país los sistemas políticos cómplices que fomentan la debilidad del Estado que, abandonando su rol social de rector y protector, tambalea ante un suprapoder delincuencial filofascista en lo político y criminal en sus acciones. Poder plenipotenciario que se permite coartar bajo amenazas la expresión profesional periodística, veladora de la verdad y la convivencia democrática, para silenciarla.
Una alerta roja a este Ecuador inseguro de instituciones cooptadas, secuestradas por el crimen organizado. Este Ecuador de anemia política, debilitado en sus responsabilidades cívicas que debe tomar acciones a tiempo para no sucumbir en total ineficacia frente al mal estructurado, no solo en bandas del sicariato, sino en un sistema político orgánico que lo regenta.
