La gestión del ministro de Salud se mantiene con pronóstico, políticamente, reservado al ser objeto de críticas desde diversos ámbitos sociales, federaciones médicas, Asamblea Nacional y sectores ciudadanos que piden su renuncia al cargo ministerial.
El último entredicho contra el polémico ministro se produjo hace pocas horas, cuando una brigada de vacunación del Hospital Pablo Arturo Suarez habría vacunado a personas del Hospital de los Valles y de su centro gerontológico, que son centros médicos privados. El cuestionamiento surge por el hecho de que mientras se ha constatado la insuficiente cantidad de dosis de vacunas en el país, no se ha priorizado al personal de primera línea y pacientes vulnerables de los centros médicos públicos, según el Defensor del Pueblo. Freddy Carrión señaló que “ante la insuficiente cantidad de vacunas, resulta intolerable que se no haya priorizado personal de UCI”, y anunció un seguimiento nacional al plan de vacunación, y que hará comparecer al ministro ante la justicia. El hecho cobró ribetes de escándalo cuando se supo que en esos centros médicos privados se encuentra la madre del ministro, a lo que el funcionario respondió “no solo tengo un familiar, sino varios familiares”. El ministro justificó la medida diciendo que “las vacunas están asignadas por ciudad. En el Hospital de Los Valles y un centro gerontológico se utilizaron las brigadas del Hospital Pablo Arturo Suarez y no las vacunas asignadas”, y que “no solo tienen derecho a ser vacunados solo los públicos” .
El gobierno ofreció conformar un comité de transparencia para vigilar el proceso de vacunación, que, obviamente, no es confiable porque es juez y parte. Federaciones médicas solicitaron al ministro Zevallos ser “parte de las veedurías y asesorarlo en el plan de vacunación”, pero se desconoce la respuesta del ministro de Salud.
En otra polémica, el ministro Zevallos protagonizó un enfrentamiento con el candidato presidencial Andrés Arauz ante su ofrecimiento de gestionar la reserva de vacunas desarrolladas por la universidad de Oxford en el Reino Unido y producidas conjuntamente por Argentina y México. Arauz dijo que se necesita “enfrentar la pandemia de manera técnica y con responsabilidad (…) antes teníamos un sistema de salud pública ahora ha sido entregado en función de los intereses de la partidocracia”. El ministro Zevallos respondió, «lo del candidato es una ridiculez (…) primero porque el señor Alberto Fernández, por más presidente que sea de la República Argentina, no tiene la potestad, a no ser que él sea dueño de AstraZeneca (…) para mí no es correcta esa aseveración”.
Ministro político
Durante su gestión, desde marzo del 2020, no es la primera vez que el ministro Juan Carlos Zevallos actúa en el plano político, saliéndose de sus competencias técnicas, para defender al gobierno al cual se pertenece. En los meses de su gestión ha sostenido una constante polémica con sectores opositores de la Asamblea Nacional que lo han llamado a comparecer, en el ámbito de la fiscalización, para responder por la corrupción durante la emergencia sanitaria, la falta de pago a los médicos postgradistas, los carnés de discapacidad falsos y el veto total al Código de Salud.
Sus primeras dos acciones en el ministerio, desde ya, fueron polémicas cuando desmintió a su predecesora sobre la falta de recursos para enfrentar la pandemia y luego trasladar la sede ministerial a la ciudad de Guayaquil. En los siguientes días, Zevallos se dedicó a recorrer hospitales de todo el país para calmar a la ciudadanía, e intervino en cadenas nacionales de innegable corte político, mientras aumentaban las denuncias del personal de salud y de los usuarios por la falta de insumos médicos de protección y de atención ciudadana.
En el interín, según el portal Edicionmédica, la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, la Federación Médica Ecuatoriana, el Colegio Médico de Pichincha y la Asociación Nacional de Médicos Rurales, “han sido las primeras organizaciones que han rechazado unas declaraciones del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, quien supuestamente aduce las muertes de profesionales por el contagio de la COVID-19 “en el ámbito social” y los acusó involuntariamente de llevar la enfermedad a los hospitales”. La SESP ha calificado de “desaprensivas” las declaraciones públicas del ministro y se anticipan a prever que el MSP “pretende evadir posibles responsabilidades institucionales culpabilizando al personal de salud de haber ‘llevado la enfermedad al hospital’ al haberse, según él, infectado en «ámbitos sociales» y haber actuado «con desconocimiento total de las normas para protegerse».
A la disconformidad profesional del personal de salud se sumó el escándalo de 3.000 carnés ilegales, emitidos durante la pandemia, a vista y pacencia del Ministerio de Salud. El ministro ofreció investigar, pero las medidas tomadas por el Ejecutivo resultaron peor que la enfermedad, perjudicando a los beneficiarios reales de la medida. Zevallos ha flotado, sin avanzar, en la cresta de una ola de corrupción administrativa en el ministerio a su cargo, sin precedentes, en complicidad con decisiones ministeriales erráticas, como objetar sin mayor explicación el proyecto de Código Orgánico de la Salud, en coordinación con el Ejecutivo.
El más reciente hecho que habla de un descontrol ministerial en varios aspectos de su gestión, como el plan de vacunas, se refiere a que la Directora de Comunicación del Hospital Carlos Andrade Marín del IESS, y personal administrativo de ese centro de salud pública, fueron vacunados sin pertenecer a la primera línea de atención a los pacientes en áreas covid.
Zevallos enfrenta las consecuencias de sus intervenciones políticas en su área técnica de trabajo, el ministerio de Salud, así como sus propios errores técnicos. El ministro de Salud que fuera premiado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como: “Extranjero con habilidades extraordinarias”, deberá mostrar sus habilidades para sortear la retahíla de cuestionamientos que ponen a su gestión ministerial en terapia, políticamente, intensiva y con pronóstico reservado.
