Dime con quién andas y te diré quien eres, dice un adagio popular. Y en este caso no hay excepción. El acercamiento al FMI, hace a este gobierno neoliberal ¿o es al revés?. De esta simbiosis en la que alguien gana y alguien pierde, ¿quién contamina a quien?. En esta simbiosis que, según la etimología griega es un “medio de subsistencia”, se establece una relación de parasitismo en la que uno de los simbiontes se ve beneficiado a raíz de la razón que establecen, mientras que el otro se ve perjudicado.
El FMI, como todo prestamista, hace su negocio de chulquero internacional al fiar dinero al interés. De este affaire, por partida doble, el FMI además propaga sus designios por el mundo haciendo del planeta un entorno trágico, de recurrentes crisis. Desde una perspectiva de costos y beneficios que obtienen cada uno de los participantes, las relaciones simbióticas son parasitarias. Uno de los simbiontes se “mal enseña”. En este caso Ecuador, que a la postre, hace del endeudamiento su modo de subsistencia, en lugar de optimizar su capacidad de producir riqueza, la consigue al préstamo. Así la economía ecuatoriana no sale del vicioso círculo de una deuda eterna -no solo externa- y de la necesidad de seguir pidiendo plata al chulco internacional.
Hace pocas horas el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, anunció impopulares medidas en cumplimiento con el acuerdo que este gobierno estableció con el FMI en marzo del 2019, y que pretende implementarlo de todas formas a última hora. El régimen se apresta a enviar a la Asamblea Nacional tres leyes con carácter de “urgente”, surgidas en el marco del estado de excepción.
Una ley que establece un Código Monetario y Financiero que busca la autonomía del Banco Central que es uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno en el acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional por USD 6.500 millones. Dicha ley permite dotar al Banco Central de «una independencia» en la toma de decisiones, «autonomía» administrativa y financiera y regirse con su propio «gobierno corporativo». El Banco Central de Ecuador cambió su rol como instituto emisor de dinero en el año 2000, cuando Ecuador adoptó la dolarización. La autonomía implica que, en el ejercicio de sus funciones, no acepta instrucciones de ninguna personalidad o entidad del Estado. Esto significa que el BCE no podrá desembolsar dinero hacia el Ministerio de Economía y Finanzas o a cualquier otra institución estatal.
Las otras dos leyes responden a pendientes económicos del gobierno de Lenin Moreno en el espíritu del FMI que recomendó aumentar el ingreso tributario, como el incremento al IVA y la eliminación de exenciones tributarias. El acuerdo está atado a metas que el Ejecutivo debe cumplir para recibir desembolsos de dinero hasta el 2021. La propuesta de leyes incluirá la eliminación del impuesto a la salida de divisas. Entre otros cambios está el impuesto a los consumos especiales (ICE) para las cervezas industriales y servicios de telefonía móvil, que se eleva en un 10%. Incremento que es trasladado directamente al bolsillo del consumidor. La nueva ley plantea cambios como gravar con impuesto a la renta las ganancias que pagan las empresas a sus inversionistas extranjeros y elimina el anticipo del impuesto a la renta. La reforma tributaria prevista en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se deberá definir en concreto este año 2021. La reforma tributaria que, no obstante, deberá ser implementada en el próximo Gobierno plantea, entre otros temas incrementar el IVA a 15%, eliminar la devolución del IVA a las personas de la tercera edad, impuestos a la gasolina y emisiones de CO2 y ampliar la base para impuesto de telecomunicaciones.
El paquete urgente incluye reformas laborales para impulsar la “flexibilidad en el mercado laboral”, como ejemplo está Estados Unidos: tiene un mercado laboral flexible, donde es fácil despedir, pero también es fácil contratar.
Se trata de la supuesta posibilidad de que empleadores y trabajadores puedan, en consenso, modificar las condiciones económicas de la relación laboral. La jornada de trabajo podrá ser reducida hasta el 50% del horario y hasta el 45% de la remuneración. La nueva modalidad propuesta supone la eliminación del 35% en el recargo de los contratos eventuales. se contempla la posibilidad de distribuir la jornada laboral de 20 a 40 horas semanales a lo largo de seis días en lugar de cinco. Y mantener el recargo establecido por jornada nocturna, que es del 50% en horas extra y del 100% en días de descanso.
La terminación laboral por caso fortuito o fuerza mayor, establecida en el artículo 169 del Código de Trabajo, aplicará únicamente con el cese total de la empresa. La propuesta del Gobierno es crear un nuevo tipo de contrato, que durará dos años, renovables por una vez. En caso de despidos, el empleador indemnizará al colaborador con la remuneración de tres meses adicionales. Los trabajadores desvinculados recibirán indemnizaciones calculadas en base al sueldo ganado antes de la reducción de la jornada. En caso de no lograr consensos para mantener el negocio, el empleador podrá iniciar el proceso de liquidación de la compañía.
Se sabe que el empleador ecuatoriano ha promovido el registro de los contratos a plazo fijo como una modalidad contractual de uso permanente, y la garantía de estabilidad que otorga el contrato a plazo indefinido se utiliza como una excepcionalidad a pesar de la garantía normativa. El deber del Estado es garantizar el empleo de las y los ecuatorianos, así se expresa en el artículo 326 numeral 1 de la Constitución de la República, donde se dispone que el “Estado impulsará el empleo y la eliminación del subempleo y desempleo”. Sin embargo, las denuncias por despidos intempestivos y desvinculaciones ascienden a 40.000, varias han sido resueltas en el Ministerio y otras han pasado a la vía judicial. Todo lo anterior significa ajustar contratos de trabajo vigentes, y reducir por dos años -en casos de fuerza mayor- la jornada laboral, y con ello el sueldo del trabajador y lo que se aporta a la Seguridad Social que sirve para calcular las futuras jubilaciones. En definitiva, es una pérdida de derechos laborales.
Es notorio que buscar la tutela y la providencia del FMI para nuestros asuntos particulares como nación es renunciar a nuestra condición de Estado soberano, abogando por un asistencialismo que despersonaliza. Analistas coinciden en que el Estado ecuatoriano no puede seguir viviendo de lo que le han prestado del exterior, y si no solucionamos los problemas económicos, el país no podría pagar sus deudas, perdiendo préstamos futuros porque nadie quiere prestarle a un moroso. Las sugerencias de algunos economistas van de mal en peor: focalizar el controversial subsidio a los combustibles y atender rápidamente el desequilibrio en las finanzas de la Seguridad Social, vender o liquidar entidades públicas que ofrecen bienes y servicios que el sector privado puede proveer -la banca, la telefonía, el transporte aéreo- entre otras.
El FMI proclama la “austeridad” para nuestros países. Todos sabemos que cuando habla de austeridad, el Estado recorta programas útiles y castiga, siempre, a los más vulnerables. El ejemplo es claro: en la proforma presupuestaria de 2020, eliminó los fondos para la prevención del embarazo adolescente, y Ecuador tiene la más alta tasa en América Latina. También redujo fondos a las universidades públicas mejor calificadas como Espol y EPN. Los programas de “austeridad” son una perversidad económica que juegan a las reducciones numéricas sin tomar en cuenta que esos cambios implican impactos reales en las condiciones de vida y el futuro de personas. La eliminación de las empresas públicas -ocho se encuentra en proceso de liquidación- y la reducción del gasto corriente -despido de funcionarios públicos- son otro mecanismo de “austeridad” que continuará hasta finalizar la agonizante gestión del gobierno.
En esta simbiosis del gobierno de Moreno con el FMI, el futuro pinta sombrío. Es nítido prever lo que se nos viene. Según las predicciones, aumentará el índice de desempleo, no se reducirá la brecha fiscal, las medidas -en caso de ser aprobadas por la Asamblea- impactan gravemente lo social. No obstante, los diversos enfoques para afrontar la crisis, existe coincidencia en que las leyes propuestas por el gobierno no alcanzan como solución paliativa. En el país de los parches de urgencia se precisa de medidas más profundas y estructurales para que el país prospere, reduzca la pobreza, genere empleo y dé salud y educación como derechos inalienables de los ecuatorianos.
