Ecuador está amenazado por un virus tanto o más dañino que el Covid 19: la falta de liderazgo frente a la emergencia sanitaria. El país asiste en medio de la pandemia a una ruptura de autoridad, evidentemente perniciosa en plena crisis. La decisión de la Corte Constitucional que deja sin efecto el estado de excepción decretado por Lenin Moreno, el 21 de diciembre, bajo el argumento de que “no constituye una calamidad pública”, no solo denota una contradicción jurídica en las esferas del poder, sino una insólita diversa visión sobre el tema. Como si el poder Ejecutivo y el poder judicial habitaran un distinto país, ambos tienen un criterio opuesto acerca de la constitucionalidad en el manejo de la crisis. El decreto presidencial fue expedido con la justificación de un posible aumento de contagio de Covid-19 debido a las aglomeraciones de diciembre y el riesgo de que la nueva variante del virus detectado en el Reino Unido ingrese al país. Pero, oh sorpresa, aspectos burocráticos determinan, en opinión de los jueces, que “transcurridos más de nueve meses de pandemia, tal situación dejó de ser imprevista o sobreviniente”. La Corte concluye en que “sin recurrir a un estado de excepción, es posible adoptar las medidas decretadas”, como el toque de queda y restricción vehicular en todo el territorio nacional. El gobierno, con total falta de responsabilidad política, acató pusilánime la resolución de inconstitucionalidad de sus erráticas decisiones. Al fin y al cabo, ya nada más tiene que perder frente al país.
Lo cierto es que más allá de las leguleyadas, los ecuatorianos vivimos una peste fuera de control que mantiene los hospitales llenos de infectados y está matando gente cada día en cifras que se duplican respecto del inicio de la pandemia y que hasta el momento contabilizan los 214 mil contaminados. Esta estadística refleja solo el impacto de las aglomeraciones de comienzo de diciembre anterior, sin tomar en cuenta las reuniones masivas que se produjeron en todo el territorio nacional por las fiestas de navidad y año nuevo.
En opinión del epidemiólogo Marcelo Aguilar “en el mes de enero puede haber un rebrote muy grande” como resultado de los contagios ocurridos el fin del año anterior. El especialista señala que la capacidad de mutación del virus, en versión de la nueva cepa británica, lo vuelve un 70% más transmisible. Los nuevos contagios detectados en el país registran, preferentemente, casos en edades comprendidas entre los 16 y 40 años que se suman a los de mayor edad, lo que significa que la cifras “desbordarán los sistemas de salud” en corto plazo.
Caos en el país
Aguilar manifiesta la urgente necesidad de “reorganizar las estrategias” de lucha contra el virus. El país requiere vacunar, al menos, 12 millones de habitantes -60% de la población a un costo de 200 millones de dólares- para obtener una inmunidad colectiva y eso tomará todo el año 2021. Dicha urgencia contrasta con la lentitud oficial con que las autoridades han ofrecido iniciar la campaña masiva de vacunación, cuando el propio presidente Moreno ha dicho que las vacunas llegarán al país a fines de marzo en cantidades importantes. Aguilar denunció que se sigue debilitando el sistema de salud pública con frecuentes despidos de personal especializado en el manejo de la emergencia. En opinión del experto, Ecuador “no está preparado para enfrentar los nuevos rebrotes”. El país no enfrenta una nueva ola como se ha pronosticado, sino una sucesión de rebrotes de la epidemia en el territorio nacional, concluye Aguilar.
El epidemiólogo hace algunas observaciones que ponen al descubierto una situación clave. Una epidemia es un tema de salud pública que debe ser conducido por el liderazgo técnico-científico del sector salud, y no por políticos que no conocen el tema y carecen de experiencia al respecto. Existe «un caos en el país por falta de liderazgo», señala Aguilar. No tenemos orientación estatal por un inadecuado manejo de la comunicación, dice el experto, puesto que “la comunicación de riesgo tiene que ser replanteada, debido a que no llega con claridad a la gente, esto se confirma cuando un 45% de los habitantes no conoce cuáles son las medidas de bioseguridad”.
En medio de la preocupante realidad de bioseguridad, procedimientos éticos y observaciones técnicas, Aguilar sugiere escuchar a la academia sobre el tema y pone énfasis en la necesidad de un “acuerdo nacional por la salud” y que arroje un plan adecuado y articulado para el manejo de la emergencia. Hasta eso los ecuatorianos estamos lejos de tener inmunidad de rebaño frente a las caóticas contradicciones pandémicas.
