El aborto ha sido criminalizado no por razones médicas o jurídicas, sino únicamente morales, inspiradas en la fe religiosa bajo el supuesto de que la vida humana depende de una decisión divina. Esto ha conculcado los derechos de la mujer a decidir su maternidad y, por tanto, a organizar su vida personal y familiar conforme sus aspiraciones y posibilidades. Diversos colectivos feministas y organizaciones de mujeres bogan porque se ponga fin al privilegio de clase de mujeres que tienen recursos económicos para acceder a una clínica privada y pagar a un médico que les practique un aborto e interrumpir su embarazo, sin ser sancionadas por el acto. El reclamo de los sectores pro aborto legal se basa en el precepto de que la interrupción del embarazo debe ser un derecho garantizado por el Estado y ejecutado con todas las seguridades clínicas, tanto por el sistema de salud pública como privado.
En el centro de la polémica, el hecho de que el aborto no sea legal, no significa que no exista, y esta circunstancia convierte al aborto en un tema de salud pública por el riesgo social de su práctica clandestina, desprovista de garantías médicas. Además, si el aborto es un aspecto de salud pública, esto obliga al Estado a dar respuesta a la sociedad y, si no lo hace, soslayando el tema y delegando dicha función regulatoria en mano eclesiásticas, significa que en la práctica no existe separación formal de la Iglesia y del Estado, y este último elude, irresponsablemente, funciones que le corresponden.
En la sociedad moderna existe confusión conceptual que deriva en malos entendidos. La discusión sobre la legalización del aborto es abordado a partir de preceptos ideológicos que se convierten en prejuicios y, por tanto, en decisiones equívocas o claramente injustas. Mientras la sociedad asuma el tema del aborto como un problema moral y no legal, científico, no habrá una salida adecuada al problema. Incluso, la politización del tema entre sectores conservadores y progresistas, desata una polémica irreconciliable de organizaciones autodenominadas provida, enfrentadas a colectivos feministas que asumen el asunto desde un enfoque de derechos. Esa es otra forma de situar al aborto fuera de su ámbito natural: la salud pública, y en ese contexto, la opción personal de la mujer de decidir respecto de su maternidad con garantía de seguridad sobre su vida.
Recientemente el aborto subió de perfil mediático en América Latina ante la decisión política en la Cámara de Diputados de Argentina de aprobar un proyecto de ley que permite acceder libre y legalmente al aborto hasta la semana 14 de gestación. La decisión todavía debe ser ratificada o rechazada por el Senado argentino. No obstante, la resolución ha estimulado la lucha de los colectivos feministas que aspiran a que la interrupción segura del embarazo deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho para quien lo necesite.
Argentina está a punto de ingresar a grupo de países como Cuba, Uruguay, Guyana Francesa, y en México el estado de Oaxaca, que han regulado el aborto libre. En contraste están los países latinoamericanos de El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití que prohíben, sin excepciones, la interrupción voluntaria del embarazo. En medio de la polarizada polémica, existen diversas restricciones y vetos que quitan el poder de decisión a las propias mujeres. El escenario es diverso, según el país. En Colombia y Bolivia, antes del aborto la mujer debe probar que su decisión en su caso responde a algunas de las causas contempladas en la ley: si está asegurada la viabilidad del feto, en casos de violación o incesto, o existe amenaza para la vida, salud física o mental de la mujer. En cambio, en Cuba y Uruguay se establece que la mujer puede decidir bajo su propio criterio. En Chile el abortó se despenalizó hace tres años, pero se condiciona según la viabilidad del feto y la seguridad de la vida de la mujer. En países como Guatemala, Paraguay y Costa Rica, la mujer puede abortar legalmente si demuestra que su vida corre peligro, lo que equivale a una prohibición.
Hay una circunstancia común en todos los países que prohíben o restringen bajo condicionantes el acceso a la interrupción libre del embarazo: la mujer que lo practica fuera de la norma corre el riesgo de terminar en la cárcel o pone en riesgo su salud. Y esto retorna el tema al planteamiento inicial, el aborto es un privilegio para quien lo puede practicar y encubrir con recursos, y una condena para el resto de mujeres. Y se suma un hecho violatorio de derechos: quienes deciden por la mujer son jueces, políticos, curas, médicos, psicólogos, y moralistas conservadores que se atribuyen -aun con el consentimiento de la ley- un derecho de la mujer que a ellos no corresponde.
Los contrastes no terminan ahí. Un estudio realizado por la revista médica The Pancet señala que la proporción de abortos que se pueden considerar seguros para la mujer, varía drásticamente entre países. En la realidad existe un mercado clandestino de riesgo y si el aborto está prohibido no implica que no exista, la diferencia radica en que lo practica quien tiene dinero para comprar seguridad, mientras que otras mujeres ponen en riesgo su vida al acudir a sitios en donde se practican métodos abortivos clandestinos o terminan en la cárcel luego de tener dificultades obstétricas.
En países donde el aborto es ilegal, se genera un mercado clandestino de intervenciones inseguras y convierte a la salud en un privilegio. Esto queda demostrado en las ciudades en las cuales la mujer desde que sale del hospital es esposada, sin juicio previo, y sin concederles la presunción de inocencia, como es el derecho de todo acusado por la ley. Una vez más se confirma que el Código Penal afecta desproporcionadamente a las mujeres pobres-como es el caso de El Salvador- que encabeza la lista latinoamericana de injusticias al respecto, e impide que la mujer tome libres decisiones para ella y su familia, convirtiendo esta prerrogativa en un privilegio reservado para personas adineradas.
La desigualdad en el acceso al aborto es una injusticia en todos aquellos países donde existe restricciones. La estadística indica que en Argentina, unas 300 mil mujeres practican el aborto y, de esa cifra, al menos una 40 mil deben ser hospitalizadas anualmente por complicaciones en la intervención. Como referente sudamericano, Uruguay registra 33 mil abortos clandestinos; al cabo de siete años de haber legalizado el aborto, la cifra se redujo a 10 mil intervenciones realizadas bajo las normativas vigentes y las muertes disminuyeron de manera drástica.
Lo ocurrido en Argentina respecto a la legalización del aborto, abre un horizonte de esperanza e inspira al resto de América Latina a consolidar la posibilidad de que la mujer practique un aborto seguro para su vida, con la convicción de una ciudadana que no renuncia a sus derechos frente al injusto privilegio de muchos.
