Un verso idealizante de la realidad de Chile describe en el himno nacional al país del sur como “la copia feliz del Edén”, metáfora desmentida por informes sobre la situación de los derechos humanos en este último año en el país de Sebastián Piñera.
En los últimos 365 días miles de personas fueron víctimas de violación a sus derechos, bajo un paraguas de impunidad. En los primeros meses de 2019 en la protesta social se registraron más de 30 muertos y 2 mil heridos confirmados por organismos de derechos humanos y de la sociedad civil. En su mayoría, 400 corresponden a personas con amputación o daño ocular. El Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó 2.520 querellas contra agentes del Estado por violaciones a los derechos civiles.
Un informe emitido este año por Amnistía Internacional, estableció que “agentes de Carabineros de Chile violaron de forma generalizada los derechos humanos de los manifestantes por lo menos durante el primer mes y medio de protestas de 2019”. En los meses recientes en Chile se registra 460 denuncias por casos de tortura, 5 homicidios, 35 homicidios frustrados y uno por violencia innecesaria con muerte. El Ministerio Público reconoce que a enero del 2020 se investigaron 31 muertes y 5.558 acusaciones por violación a los derechos ciudadanos. Se registran 4.525 agresiones a hombres y 1.031 a mujeres. Al menos, 4 mil personas acusaron de actos de violencia a elementos de la policía uniformada de Carabineros. Las formas violatorias se relacionan con el “uso de perdigones, balines, gas pimienta, agua contaminada, armas de fuego, bastones antidisturbios, golpizas, tocaciones sexuales e insultos de parte de funcionarios policiales. Sin embargo, en este contexto que describe el informe, no existe explicación alguna de la Subsecretaria de Derechos Humanos.
No obstante, los primeros meses del 2020 las agresiones de agentes del Estado continuaron y se reprodujeron los primeros días de la pandemia cuando hubo protestas por el hambre y la falta de apoyo del gobierno y se incrementaron en el mes de octubre de este año. En Chile, no se discute que el país entró en un escenario negativo, sensible y complejo en materia de derechos humanos. Así lo confirman los casos más emblemáticos: una trabajadora y un estudiante quedaron ciegos por disparos efectuados por oficiales de Carabineros; un trabajador muerto en Maipú después de la golpiza que le propinó un grupo de funcionarios de la policía uniformada; el joven ecuatoriano ejecutado por disparos de un oficial del Ejército; el joven arrojado por un carabinero desde un puente al cauce del río Mapocho; los dos muchachos heridos a bala por un sargento de Carabineros, en un recinto del Servicio Nacional de Menores.
Los voceros de gobierno sostienen que se trata de “simples excesos”, que no existe responsabilidad del régimen porque esta situación no corresponde a una política de Estado sino a errores de procedimientos de Carabineros. Dos jefes policiales discrepan con el gobierno y señalan que “no se cometió ningún error, no se puede pedir perdón por algo que no está resuelto por los tribunales de Justicia, y que los funcionarios policiales han defendido a las personas”.
Desde otro ángulo, familiares de las víctimas y abogados de los organismos de derechos humanos denuncian que en Chile “se violan sistemáticamente los derechos de las personas” y apuntan la responsabilidad política al presidente Piñera, ministro del Interior, director de la Policía y al alto mando militar. La situación revive los días de la dictadura pinochetista de la que aún siguen desaparecidas más de mil ciudadanos por motivos politicos, reprimidos por el régimen cívico-militar.
Chile ha conmemorado el Día Internacional de los Derechos Humanos con déficit en esta materia y con cientos de jóvenes menores de edad detenidos en cárceles en calidad de prisión preventiva por su participación en los disturbios de la protesta social protagonizada por el pueblo chileno en octubre del 2019. Esta realidad desmiente cualquier idealización «poética» del himno nacional chileno que en su versos describe a Chile como la “dulce Patria…copia feliz del Edén”.
Una larga y angosta franja de tierra que, a la postre, es objetivamente el país con el más alto estándar de violación a los derechos humanos en el continente latinoamericano.
