A dos meses de los comicios de febrero en los que Ecuador renovará los poderes Ejecutivo y Legislativo, los ecuatorianos muestran un marcado desinterés en el proceso. Existe un generalizado desconocimiento ciudadano de las opciones electorales, con evidente apatía. Según sondeos de opinión, al 67% de los ecuatorianos no le interesa la elección. Solo la tercera parte de la población muestra curiosidad por los comicios.
En tanto, el Consejo Nacional Electoral CNE, no contribuye al estímulo ciudadano al no haber conformado aun las listas definitivas de candidatos que terciarán en las elecciones. El proceso exhibe dilataciones burocráticas y un ir y venir entre el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Entre ambos se lanzan la pelotita con la pretensión de prescribir al movimiento que, según casi todas las encuetas, lidera la intención de voto ciudadano. Andrés Arauz, aspirante por el correísmo a la Presidencia de Ecuador, pidió “vigilancia ciudadana” e «internacional» tras el bloqueo de su candidatura en impugnaciones que considera improcedentes. La postulación de Carlos Rabascall a la Vicepresidencia, es la única que no cuenta con la calificación oficial. La situación del binomio regresó al CNE, luego de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), devolvió la impugnación presentada por dos políticos porque, supuestamente, la candidatura se hizo de forma irregular. El fallo del TCE pretende dilatar el proceso electoral, puesto que el registro final de las candidaturas podría tomar hasta un mes más. Según Rabascall, el CNE “sirve a los intereses políticos del gobienro de Moreno”.
Paralelamente, en el gobierno hay el despropósito de continuar con sus planes soslayando los comicios de febrero que marcan su fin, como si nada. Y en realidad es como si mucho. El régimen hubiera querido que mucho suceda en materia de aplicación a última hora del modelo neoliberal, con afán de cumplir lo ordenado por el FMI, en cuanto a privatización de empresas públicas, reformas a leyes laborales y tributarias, desmantelamiento de servicios y entidades estatales en perjuicio de la mayoría de los ecuatorianos. La profundización del desempleo y la pobreza, deudas públicas y desinstitucionalización del país será la herencia que dejará el regimen, como memoria de su impopular travesía en el poder. Al final del día, el gobierno ya nada pierde con apenas 7% de credibilidad ciudadana.
La ciudadanía, en este panorama, manifiesta pesimismo: un 51% no pertenece a ningún partido y a un 31% no le agrada ninguna organización política. Solo un 6% dice que el país “va por buen camino”, y 94% dice que “va por mal camino”. El 23% cree que “va a mejorar”, 77% que “seguirá igual”. En un estudio realizado por la empresa Cedatos en 16 ciudades, un 57% señala que los principales problemas del país son la economía, la pobreza y el desempleo, y el 17% que es la corrupción. El 54% señala que algún familiar suyo ha perdido el trabajo y el 73% considera que su situación “no mejorará”.
Y los medios informativos reflejan, o mejor, recrean estos escenarios en el imaginario de los ecuatorianos. Nueve de cada 10 noticias de la televisión se refieren a violencia social, criminalidad, corrupción pública y privada, accidentes y desastres. Ya no se trata del simple amarillismo o de crónica roja, es la expresión de la descomposición social que vive el país. Frente a esta realidad la respuesta del Estado no es política, es policiaca. Se conforman comités de emergencias integrados por policías y militares para tratar de enfrentar una delincuencia que se apoderó de las principales ciudades del país. Y no se apunta a las causas sociales que la provocan.
Corren malos tiempos. No hay recuerdo certero de una época de mayor incertidumbre nacional. El país perdió el rumbo. La sobrevivencia democrática es un simulacro y, sobre su agonía, más golpes a la democracia.
