La negociación salarial entre patronos y trabajadores ha representado históricamente una de las contradicciones fundamentales de la lucha de clases. Esta vez, a las puertas del 2021 no es una excepción cuando no se llegó a ningún acuerdo entre empresarios y empleados reunidos entre el 16 y 23 de noviembre en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, CNTS, para fijar en consenso la remuneración básica que regiría para el próximo año.
Que el Salario Básico Unificado (SBU) aumente en un 20 % o que se mantenga en $ 400 durante un año fueron las principales propuestas en esa oportunidad. Ninguna fue aceptada. Los empresarios consideraban que el salario básico debía mantenerse en USD 400, por su parte los sindicatos plantearon un aumento de no menos de USD 80. Mientras tenían lugar las negociaciones, los trabajadores organizados en la Central Única de Trabajadores, CUT, presionaban frente al Ministerio de Trabajo en Quito. En la demanda sindical con banderas y pitos exigían el alza salarial: «Como trabajadores hemos cargado el peso de la pandemia en nuestros hombros, pagado con vida una crisis sanitaria, hemos sufrido reducción de jornada, pagos inhumanos, despidos y todo tipo de explotación laboral», decía uno de los manifestantes.
Ante la falta de acuerdos, la ley determinó que sea el Ministerio del Trabajo, es decir, el gobierno, quien dirima la contradicción clasista. Lo hizo ayer aplicando una fórmula que se basó en la inflación anual proyectada para el 2021 (-1,01%) y de esa manera determinar el cálculo del salario, pero los resultados fueron negativos. En caso que no existir este dato se hubiese aplicado la fórmula establecida en el Acuerdo Ministerial MDT-2020-185; según lo que establece el Código de Trabajo, no hay la posibilidad de incrementar el salario básico para el año próximo y debe mantenerse intocable. No resuelta la contradicción, el salario básico se mantiene invariable, en USD 400. En “compensación”, en el primer trimestre de 2021 el gobierno entregará un bono de $60 para quienes ganan el Salario Básico Unificado y uno de $100 para los trabajadores que perdieron su empleo durante la pandemia y no lo han recuperado. El dinero será entregado a través de las cuentas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Según el ministro de Trabajo, Andrés Isch, en Ecuador 4,8% de la población económicamente activa o el equivalente a 380.959 personas reciben el salario básico. El 48% no tiene una relación laboral formal, es decir, es imprescindible mejorar la calidad de vida de la otra mitad de la población. Esta es la primera vez que no ocurre un incremento anual en el salario. Antes sí se han efectuado y fue para el 2020 el que tuvo menor incremento de $ 6. Otros han sido de $8, $9, $11 y hasta $28 en la última década.
La acción sindicalista debe proyectarse más allá del reivindicacionismo economicista, y los trabajadores deben pugnar políticamente porque la legalidad laboral garantice derechos, asegure empleo digno y estable, e impida las tan mentadas reformas laborales impulsadas por los patronos que, eufemísticamente, llaman “flexibilización laboral” y permite la sobre explotación del trabajo por el capital. Esta propuesta forma parte del programa sugerido por diversos candidatos del centro y de la derecha política del país que, a través de flexibilizar las condiciones de contratación laboral, buscan una mayor «competitividad» empresarial, lo que haría posible -según dicen- la generación de empleo. Nada más demagógico y falso. La reivindicación económica debe proyectarse a la arenga política con lucidez y decisión. La lucha de clases se expresa y no se resuelve en la mera pugna económica si no trasciende al debate ideológico por la justicia social. Esa es la deuda pendiente de los empresarios con el país y la deuda de los trabajadores con su propia condición de clase.
