Se cumplió lo previsto en el juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que ayer fue censurada y destituida del cargo por 104 votos contra 18, de 125 asambleístas reunidos virtualmente. Romo asistió a la sesión plenaria vía telemática, acompañada en la sede de gobierno por el régimen en pleno, incluida la cúpula policial, mientras que los interpelantes asistieron acolitados por “la virgencita y la verdad”, según dijo Roberto Gomez en su exposición.
Romo enfrentó dos causales relacionadas con el uso de bombas lacrimógenas en centros de acogida humanitaria durante las protesta de octubre de 2019. Los parlamentarios fiscalizadores sostuvieron que la ministra “reconoció haber transgredido normas humanitarias al disculparse por atacar lugares de acogida y refugio responsabilizándose del hecho”, según dijo Amapola Naranjo de la Revolución Ciudadana: “La ministra enfrentó a pueblo contra pueblo, y las víctimas no han recibido ni siquiera una llamada”, señaló la interpelante.
La ministra respaldó y defendió todas las acciones policiales de octubre y reconoció que “las instrucciones operativas están a cargo de la policía y la responsabilidad política por la ministra”. Al mismo tiempo señaló que “es grave que se haya escogido como pretexto para el juicio político el cuestionar al legitimidad de la policía para usar la fuerza”. En esa acusación, dijo Romo, “el partido social cristiano se unió al correísmo para censurarla”, en uso de un manido argumento del gobierno en contra de sus oponentes.
Ecuador presenció en vivo las expresiones más nítidas de la descomposición política del país en un intento de la Asamblea por mejorar su imagen venida a menos, con un 4% de aceptación a su gestión. Una descomposición que se explica en el descrédito de una clase política que carente de principios, actuó motivada por el instinto de venganza y arremetió contra el rostro más visible de un régimen popularmente repudiado por haber traicionado a su electorado. El montaje tuvo toda la apariencia de un gesto electoral en campaña.
En ausencia de argumentos de mayor peso ideológico, las partes involucradas apelaron a una retahíla de hechos que, como trapos sucios expuestos a sol, dejaron al descubierto la bajeza de la politiquería criolla. La clase política ecuatoriana se interpeló a sí misma, autocensurándose al saberse culpable para luego resarcirse de culpas, sin rubor, diciendo que la censura es una condecoración: “estoy lista para ser censurada (…) hay miembros cuyo voto de censura será una condecoración para mí, los que creen que la política es sumirse en un escándalo», dijo Romo.
El país presenció cómo la ética no es un buen negocio para una clase política que no ha sabido ver en la probidad una buena inversión política, ni menos capitalizar un recurso del cual carece. El sistema confirma convalecer de insuficiencia moral, un síndrome contagioso y políticamente letal. Un mal para el que no hay otro antídoto que no sea el rechazo popular a un régimen censurado en una amplia movilización de castigo ciudadano.
