Pocas veces el paso de una mujer en la política, y su gestión en altas responsabilidades públicas, ha generado mayor controversia en el país. La actual ministra de Gobierno, María Paula Romo, enfrenta el cuarto juicio político en la Asamblea Nacional, y los argumentos a favor y en contra a pocos meses de concluir el mandato, dividen la opinión entre quienes señalan que el proceso sentará precedentes democráticos en el país, y Romo -junto a sus adherentes- que afirman que se trata de una venganza política.
El carácter y estilo de un ministro del Interior o de Gobierno -como se lo quiera llamar- denota el estado de la política de un país. Un ministro con liderazgo tiene capacidad de diálogo y la gobernabilidad viene dada por el consenso político. Un ministro autoritario o corrupto impone, por intimidación o corrupción, el tráfico de influencias que degenera en la descomposición política de la cosa pública. Este es el caso del Ecuador.
¿Y quién es ella?
María Paula Romo, actual ministra de Gobierno de Ecuador, nació en Quito en 1979. Se graduó de abogada en la Universidad San Francisco de Quito y obtuvo adicionalmente un masterado en Gobierno y Administración Pública por la misma institución. En agosto de 2004 fundó junto con otros jóvenes el grupo político de izquierda Ruptura de los 25, nombre que surgió de la conmemoración de los 25 años de retorno a la democracia en Ecuador. A finales de 2006 pasan a formar parte de la coalición Alianza País que buscaba la elección como presidente del economista Rafael Correa. Romo fue miembro de la Asamblea Constituyente de 2007 que redactó la actual Constitución. En 2009 fue elegida asambleísta provincial de Pichincha. En este período creó y presidió la Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado. En el 2011 la revista Foreign Policy la escogió como uno de los nuevos rostros del pensamiento iberoamericano por su compromiso con las mujeres y los Derechos Humanos. El 31 de agosto de 2018 fue nombrada Ministra del Interior por el presidente Lenín Moreno. Con el devenir de los acontecimientos en el poder, Romo muestra la defección de ex partidarios del régimen correísta. Durante su posesión había aseverado que entre los ejes prioritarios de su gestión en el ministerio estaría el combate contra los delitos sexuales contra menores, los crímenes de violencia contra las mujeres y los casos de personas desaparecidas. Su gestión ministerial durante las manifestaciones en Ecuador de 2019, en las que fallecieron al menos diez personas, fue duramente criticada por agrupaciones indígenas, quienes exigieron al presidente Moreno la salida de Romo y del ministro de defensa, Oswaldo Jarrín, acusándolos de haber cometido «violencia desmedida contra el pueblo» y «terrorismo de Estado». Posteriormente, el movimiento CREO, presentó solicitud de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, bajo la acusación de incumplir sus funciones durante las protestas de octubre de 2019.
El juicio
Con 9 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, la Comisión de Fiscalización aprobó informe para juicio político a María Paula Romo por “incumplimiento de funciones porque la policía a su cargo empleó en octubre de 2019 equipo antimotines obsoletos, bombas lacrimógenas caducadas”. Bajo su gestión tiene lugar el peor estado de descomposición de la política interna del país con la corrupción desenfrenada en el Estado. Con reparto de espacios de poder, a través de la entrega del sistema de compras públicas de insumos médicos de casi la totalidad de hospitales del sistema de salud pública y de la seguridad social a parlamentarios de movimientos y partidos políticos que, según investigación fiscal, conformaron una poderosa red de delincuencia organizada junto a sujetos vinculados al comercio ilegal de implementos médicos. Reparto de hospitales y sus sistemas de compras públicas que habría tenido lugar a cambio de apoyo político parlamentario al régimen de Lenin Moreno que Romo representa.
Lo cierto es que durante su gestión tiene lugar en el país un estado de violencia inusitada, a través de la acción del sicariato nacional e internacional que actúa impunemente en las principales ciudades del país. La seguridad interna cae a su peor estatus en la historia nacional. Sectores como la llamada “zona 8” que agrupan a populosos cantones de Guayaquil, Samborondón y Durán, tienen el récord diario de crímenes cometidos por bandas narcotraficantes y tráfico de migrantes ilegales. Guayaquil fue la ciudad con más casos de criminalidad, en el 2018 hubo 168, y en el 2019 se registraron 269; es decir, 60,12% más. El número de asesinatos subió 18,7% a escala nacional en el 2019 respecto del 2018, según datos del Ministerio de Gobierno. El femicidio -asesinato a mujeres-, y el feminicidio -impunidad frente a esos crímenes por inacción o desprotección estatal-, alcanza niveles insospechados en el país. Según registra la prensa, “solo en 2014 hubo 121 mujeres que murieron a causa de este delito. La cifra en 2015 sumó otras 121 víctimas, mientras que en 2016 aumentó a 129. En 2017 se registraron 159 femicidios y en 2018 disminuyó a 98. Entre 2019 y lo que va de 2020, la cifra ya suma 120 mujeres víctimas de este crimen”.
A la ministra de Gobierno se la acusa de “incumplimiento de funciones”, situación que, según sus interpelantes, habría convertido a la Policía Nacional en el peor aparato represivo ciudadano de la historia del país. Romo ha sido condecorada por la Policía y por los organismos de inteligencia estadounidenses. La Agrupación de Agregados Policiales en los Estados Unidos otorgó la condecoración insignia, al mérito profesional ‘Apala’, con la distinción ‘Gran Oficial’, la Ministra de Gobierno. En tanto, en Chile, por excesos policiales con muerte de jóvenes por represión, el Comandante de la Policía -Carabineros o policía uniformada- se vio obligado a dejar el cargo y el gobierno enfrenta la peor oposición y rechazo que puede exhibir un presidente de la República. Sebastián Piñera, es el segundo mandatario con la más baja aceptación popular de América Latina, después de Lenin Moreno que encabeza la lista a nivel continental.
En definitiva, el paso de María Paula Romo por el ministerio a su cargo, responsable de la política, seguridad interna y control de la delincuencia, ha significado para Ecuador un estado de descomposición de la política, al punto de convertirse en sinónimo de actividad delictiva. La inseguridad ciudadana es el estado «normal» de sobrevivencia de los ecuatorianos, bajo un incremento inédito de la delincuencia en el territorio nacional. Ese es el balance que amerita hacer de la gestión de Romo en el Ministerio de Gobierno.
Esta vez la Comisión de Fiscalización parlamentaria aprobó el informe, que acoge dos de las tres causales propuestas, con nueve votos a favor, uno en contra y una abstención. El proceso pasará a análisis de los 137 asambleístas el día de hoy. La Ministra de Gobierno es acusada de incumplimiento de funciones, “un atentado a la integridad y la vida” y “uso excesivo de la fuerza” policial.
Romo niega las acusaciones y señala que va “a juicio político porque quieren vengar a sus líderes sentenciados, porque aun no pueden creer que detuvimos un golpe de Estado, porque preferirían que guarde silencio sobre la gigantesca estafa al ISPOL (…) el caos y la impunidad no lo permití, eso es lo que no me perdonan”, en última instancia, como un acto machista.
Ninguna bancada legislativa se arriesga a asegurar si hay los 91 votos que se necesitan para la censura y destitución de la funcionaria. El movimiento Revolución Ciudadana se pronunció por la censura de la ministra, lo mismo el PSC, Alianza País estaría dividida y el movimiento CREO no define aun su postura y lo hará según sean los argumentos que se esgriman en el plenario legislativo. Otros movimientos, como el BIN, han dejado en libertad de acción a sus miembros. Esta indefinición y ambigüedad en la postura política del parlamento connota que aun hay rezagos del influjo del Ministerio de Gobierno en la política nacional, sea por la vía de la coincidencia, o el tráfico de influencia.
Si la ministra Romo afirma no saber porqué es jugada, el pueblo lo dice claro: por hacer perder la dignidad al cargo, por no entender que la política es diálogo digno, y la acción policial debe ser de protección ciudadana. No falta quienes sostienen que es inoficioso juzgar y destituir a la ministra de un gobierno agonizante al que le quedan pocos meses en el mandato.
No lo es ni lo será, si la condena a la ministra Romo sienta un precedente cívico de inaceptación y rechazo a la ineptitud de un gobierno que hizo de la política un repudiable acto de felonía y del poder un execrable acto de corrupción. La historia la juzgará, cuando no la acción popular.
