Una significativa expresión lleva por título el libro de Boaventura de Sousa Santos, La cruel pedagogía de la pandemia. El texto quiere significar lo que nos está enseñando la pandemia, y proporciona un revelador contexto en el cual se desenvuelven las economías bajo los sistemas de gobierno vigentes en el mundo y en nuestro continente en particular. El autor señala que “la pandemia actual solo empeora una situación de crisis a la que ha sido sometida la población mundial, en un contexto en que el capitalismo neoliberal ha incapacitado al Estado para responder a emergencias (…) Habrá más pandemias en el futuro, probablemente más graves, y las políticas neoliberales continuarán socavando la capacidad de respuesta del Estado, y las poblaciones estarán cada vez más indefensas”.
Al tenor de la presentación del libro del brasilero de Suosa Santos, compartimos algunas reflexiones válidas para el conjunto de nuestros países latinoamericanos, el territorio más visible del mundo en cuanto a las zonas invisibles de una realidad camuflada, negada o distorsionada por quienes ostentan el poder político. Y la manera más evidente de manipulación de la realidad viene dada por el burdo manejo de las cifras estadísticas con las que se pretende dimensionar la magnitud de la crisis pandémica.
El caso ecuatoriano
En el caso particular de Ecuador, el país alcanza los “180.676 casos acumulados de covid19 al 16 de noviembre, con prevalencia de la provincia de Pichincha con el 36% de total de éstos (64.529 casos); seguida por Guayas con 23.249”. Considerando los contagios de las últimas 3 semanas, Pichincha representa el 49% del total de cuadros del país con 9.031 contagios, mientras que Guayas registra oficialmente sólo 1.695 casos recientes. Si bien esta información pretende dar una idea del territorio nacional con mayor impacto de la pandemia, revela por tanto dónde deberían tomarse las medidas de salud emergentes y el manejo de cifras debe ser más riguroso, pero no ocurre así. En Pichincha se informa que en esta provincia se aplican 546 test por cada 100 mil habitantes, a diferencia de Guayas que se aplican 164 por ese mismo número de habitantes, con una positividad que oscila entre el 20% y el 25%. En cambio en “las pocas pruebas aplicadas en Orellana, Zamora, Santo Domingo, Chimborazo, Los Ríos y Tungurahua es necesario proyectar por 5 o más veces los números oficiales”, según datos estadísticos. Y esos datos están mostrando un indicador más alto de positividad en Cañar, Santa Elena, Azuay, Orellana, Manabí, Imbabura, El Oro, Loja, Chimborazo y Pastaza, lugares en dónde al existir evidente subregistro estadístico ¿cómo se puede hacer un seguimiento epidemiológico válido?
Los indicadores citados se desprenden de las propias cifras oficiales, no obstante, no se ve que se hagan correctivos en el monitoreo que permitan afinar la acción preventiva de la epidemia. No existe seguimiento sistemático, sino que se lo realiza según la disponibilidad de laboratorios en capacidad de hacer pruebas que, obviamente, se concentran en ciudades más grandes. Así nos hemos acostumbrado a transitar por un camino errático.
Al fin de cuentas a quienes emiten y manejan las cifras parece ya no importarles el impacto político que supone el descrédito ciudadano. Al final del día, según un estudio realizado por el Directorio Legislativo -organización independiente y apartidaria- que detalla el nivel de desaprobación de 14 mandatarios latinoamericanos, Lenin Moreno y su equipo de gobierno, encabeza la lista con el 90% de desaprobación. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, está en el segundo lugar con el 70% de desaprobación.
Al ocaso del “peor gobierno de la historia” a quién más preocupa ese vacío de poder dejado por un zombi político que hacen aparecer con vida en patéticas cadenas televisivas balbuceando mensajes embusteros, lastimeros y fuera de todo contexto histórico. De igual fortuna, una ministra de Gobierno, sin vergüenza en el rostro que, ante el inminente juicio político que debiera concluir en su destitución y juzgamiento, echa a rodar bolas mediáticas acerca de un juego de espionaje, inteligencia y contrainteligencia fruto de una afiebrada imaginación en un postrer intento por obstaculizar las candidaturas progresistas.
El nuestro es un país que observa atónito cómo la pandemia redobla casos de contagio y en pleno rebrote no hay respuesta oficial que no sea el burdo manejo de cifras irreales con fines de proyectar una imagen de falsa normalidad. Mientras desde el Ministerio de Salud se guarda el más escandaloso silencio respecto de la descontrolada corrupción hospitalaria. La pedagogía del virus nos está enseñando que más letal resulta la impunidad de los responsables del desastre nacional. La “crisis financiera permanente” se utiliza para explicar los recortes en las políticas sociales de salud, educación, seguridad social o la degradación salarial. Esto impide preguntar sobre las causas reales de la crisis. El objetivo de la crisis permanente no se debe resolver. Pero, ¿cuál es el propósito de este objetivo? Básicamente, dos: legitimar la escandalosa concentración de riqueza y boicotear medidas efectivas para prevenir una inminente catástrofe ecológica. Por esta razón, la pandemia solo agrava una situación de crisis a la que hemos sido sometidos premeditadamente.
Según Boaventura de Sousa Santos, la idea conservadora de que no hay alternativa a la forma de vida impuesta por el hipercapitalismo en el que vivimos, se desmorona. Y concluye afirmando que ‘las alternativas entrarán, cada vez con más frecuencia, en la vida de los ciudadanos a través de la puerta trasera de crisis pandémicas, desastres ambientales y colapsos financieros.
