La presidencia de Perú pendía como una fruta madura, o en este caso, podrida, según el Congreso de ese país que aprobó la destitución del mandatario, Martin Vizcarra, por “Incapacidad moral”, luego de un segundo juicio político en menos de dos meses tras denuncias de haber recibido sobornos cuando era gobernador en el 2014. La denuncia de recepción de pagos ilegales cuando Vizcarra se desempeñó como gobernador fue negada por el presidente peruano, no obstante “ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la república», declaró tras la votación el jefe del Congreso, Manuel Merino, quien reemplazará a Vizcarra hasta completar el mandato presidencial que finaliza el 28 de julio del 2021.
La crisis peruana se vio alentada por una bancada opositora que determinó que “en cumplimiento del artículo 89-A del Reglamento del Congreso, la Resolución del parlamento aprobada será comunicada de inmediato al vacado y al presidente del Consejo de Ministros”. Por su parte la medida sera comunicada a Vizcarra quien deberá abandonar el cargo y enfrentar, además, a la justicia. El mandatario destituido había enfrentado un juicio político en el mes de septiembre del que salió airoso, pero esta vez en una especie de “remake”, corrió la misma suerte de su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski, quien no logró completar su mandato al verse obligado a dimitir por presiones parlamentarias.
El procedimiento parlamentario toma la forma de golpe blando, incruento, que interrumpe procesos democráticos bajo la sombra de la corrupción oficial que, según denuncias, campea en el Perú. El Mandatario rechazó las acusaciones y cuestionó que se le pretenda destituir del cargo con denuncias no corroboradas por la justicia. Vizcarra aclaró que, de momento, solo ha sido citado por la Fiscalía en una etapa preliminar de la investigación por presuntos pagos irregulares en la licitación de dos obras públicas durante su gestión como gobernador de Moquegua (2011-2014), aunque esos casos ya han sido investigados previamente por el Ministerio Público. Sin embargo, insistió en que «no existe prueba de flagrancia de un delito, ni habrá porque no he cometido un delito, no he cobrado soborno”, señaló, ante las evidencias presentadas en medios de comunicación por “colaboradores eficaces”, es decir, quien ha delinquido y busca reducir su pena acusando a otra persona. El presidente no mencionó que uno de los presuntos colaboradores es el ex ministro de Agricultura, José Hernández, su amigo personal, y mediador entre Vizcarra y las empresas que presuntamente pagaron el soborno.
Vizcarra no descartó que todo puede responder a una acción de las empresas que se vieron afectadas cuando él, en calidad de presidente, redujo hasta en un 20% los montos de inversión de los proyectos adjudicados, lo que se asume puede haber generado que las empresas concursantes tomen represalias contra el mandatario por combatir la sobrevaloración de las obras.
Los sucesos del Perú corroboran que no es la primera vez que la justicia ordinaria se instrumentaliza para juzgar gestiones de la política latinoamericana, bajo la figura de la corrupción oficial que desfigura la gestión del Estado en los países de la región. Esto hace que se muevan las frutas, hayan alcanzado o no el tiempo de madurez necesaria.
