No tiene precedentes. La situación política en los Estados Unidos no había mostrado antes a un presidente que se juegue una carta desestabilizadora del sistema democrático de su país. El actual mandatario mantiene su postura temeraria apuntando a desconocer los resultados electorales, hablar de fraude y definir que el desenlace de la elección quedará en manos de la Corte Suprema, donde más del 60% de sus integrantes son conservadores. Trump pone en tela de juicio millones de sufragios emitidos por correo y el conteo oficial, en consecuencia de que se trata de una alternativa electoral aceptada por todo el país como una medida de bioseguridad nacional, e impulsada por los demócratas y que, en este caso, desfavorece electoralmente a los republicanos.
Biden exhibe una notable ventaja respecto del “voto popular” que expresa la voluntad directa del elector en los sufragios emitidos, en relación con los “votos electorales” que es la cifra que el Colegio Electoral asigna en votos a cada estado. Ganar en la votación directa popular no significa ganar la elección, si el vencedor no obtiene al final 270 votos electorales como la sumatoria en los estados de la unión. El ejemplo lo constituye la elección pasada en la que Hillary Clinton sacó tres millones de votos más que Trump, pero el republicano ganó en el Colegio Electoral. Por esa vía matemáticamente tiene aun posibilidades de ganar y, peor aun, de enredar la situación en la Corte Suprema donde daría “un golpe de Estado blando” que asegurase su permanencia en el cargo. La única posibilidad de que esto no ocurra es que Biden obtenga una victoria con una irrefutable cantidad de votos electorales que hagan imposible las maniobras al republicano. Se sabe que frecuentemente los derrotados hablan de fraude para deslegitimar los procesos electorales, pero llevar la situación a un juicio en el sistema de justicia es apelar a la cooptación de instituciones. Se conoce que recientemente los republicanos instalaron una jueza conservadora en la Corte Suprema, práctica que según se ve ha sido común en los Estados Unidos.
No existe claridad en las normas estadounidenses en caso de que un presidente desconozca los resultados de una elección popular y apele al Poder Judicial para dirimir la situación. Esto forma parte de la incógnita y genera expectativas a nivel mundial, respecto de un país que se jacta de ser modelo de democracia. No deja de ser extraño este déficit de la elección presidencial estadounidense en que todo se define en el Colegio Electoral y no por la votación popular mayoritaria, tratándose de “la primera gran democracia en el mundo”. Está por demás claro que no puede haber una ruptura de la transición pacífica del poder en los Estados Unidos, uno de los cimientos de la sociedad norteamericana.
No obstante, nunca antes la potencia del norte se vio abocada a defender la democracia y el gobierno de la mayoría ante amenazas desestabilizadoras provenientes de la propia Casa Blanca. Aquello implica abolir el Colegio Electoral, según los analistas, para quienes el resultado final de las elecciones se puede reducir a unos miles de votos en un puñado de estados del Medio Oeste. La otra novedad es el fallo de la industria de las encuestadoras que fueron incapaces de predecir una carrera electoral reñida. Todo este panorama habla de un sistema anacrónico en el Colegio Electoral norteamericano que data de tres siglos, y que debe ser observado. Además, este organismo estimula campañas para ignorar franjas grandes del país, según el análisis de Andrew Prokop de Vox: “El Colegio Electoral es un mosaico del monstruo de Frankenstein, que en el mejor de los casos simplemente garantiza que los votos de millones de estadounidenses sean irrelevantes para el resultado porque no viven en estados competitivos y, en el peor de los casos, podrían ser vulnerables a una gran crisis”.
Bien cabe preguntarnos por la legitimidad de una presidencia como la de Donald Trump que ha obtenido ventajas de un sistema que permite la elección al cargo ejecutivo más alto del país con una minoría de votos reales. Nunca antes fue tan vital defender la democracia y el gobienro de la mayoría en los Estados Unidos, ambos valores limitados en las instituciones políticas del país. Resulta más viable la abolición del Colegio Electoral que otras reformas y puede encontrar apoyo generalizado. Una encuesta reciente de Gallup publicada en septiembre indica que el 61% de los estadounidenses está a favor de deshacerse del organismo electoral. En tal circunstancia, según analistas, el país del norte queda con una Corte Suprema dominada, una supresión de votantes importantes y una serie de otros controles institucionales que restringen y limitan la democracia. Tal vez sea el camino expedito en un primer paso para confirmar un control popular genuino sobre el gobierno federal de los Estados Unidos.
