Cuando los griegos crearon el concepto democracia estaban pensando en una forma de convivencia social armónica y perfecta de unos a favor de otros: el gobierno del pueblo para el pueblo. Y en esa búsqueda de la perfección omitieron un detalle, el concepto de pueblo no incluía a los esclavos. He ahí una primera contradicción social, un primer desfase entre teoría y práctica, porque si democracia era una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía, dicha titularidad era patrimonio de unos pocos. La democracia debía otorgar el poder al pueblo, según su significado griego -δημοκρατία- democracia era una palabra compuesta por demos -δῆμος- y -κρατία- o fuerza, poder. Y esa fuerza quedaba en manos de quienes, en la práctica, podían ser considerados dignatarios de dicho poder.
En sentido estricto, la democracia debió ser una forma de organización del Estado, en la cual las decisiones colectivas fueran adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieran legitimidad a sus representantes. En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen conforme a mecanismos contractuales. Pero aquello nunca ocurrió en la antigua Grecia. Plutarco, historiador griego, señalaba que los geomoros (campesinos) y demiurgos (artesanos), eran con los eupátridas (nobles) las tres clases en las que Teseo dividió a la población libre de Ática. Adicionalmente la población estaba integrada por esclavos y mujeres, estamentos sin poder de decisión cuando los artesanos y campesinos, en oposición a la nobleza, formaron el demos. Desde ese momento la democracia fue el gobierno de los artesanos y campesinos que no incluía a esclavos, nobles, ni mujeres.
Entre los casos conocidos se encuentran las relativamente breves experiencias de algunas ciudades-estado de la antigua Grecia, en especial Atenas alrededor del año 500 A.C. Las pequeñas dimensiones y la escasa población de las polis griegas explican la posibilidad de que apareciera una asamblea del pueblo, de la que solo podían formar parte los varones libres, excluyendo así a dos tercios de la población integrada por esclavos, mujeres y extranjeros. La historia antigua demuestra cómo, en su búsqueda de convivencia social, el ser humano creo organizaciones preñadas de contradicciones. La contradicción de clase fue la primera división del hombre por el hombre.
En la llamada Edad Media, o sociedad feudal, se utilizó el término “democracias urbanas” para referirse a ciudades comerciales -en Italia y Flandes- que en realidad eran gobernadas por un régimen aristocrático. Existió también la democracia campesina en Islandia, con un primer Parlamento que se reunió en el año 930 y la de los cantones suizos en el siglo XIII. A fines del siglo XII se organizaron las Cortes del Reino de León, inicialmente llamadas ayuntamientos que pretendía reunir a representantes de todos los estamentos sociales en yunta o grupos.
En el propio seno de la sociedad feudal, nace el mito burgués de la sociedad democrática. Concluidas las guerras independentistas que ponen fin al colonialismo español e inglés, surgen la repúblicas que concibe un tipo de gobierno en el que se permite la participación de personas distintas en el ejercicio del poder político. Y, a partir de entonces, crece el mito democrático, confundiéndose república con democracia, en consecuencia de que república es el gobierno de la ley mientras que democracia significa el gobierno de la gente. Esta confusión mítica conlleva a que en los gobiernos burgueses de corte tradicionalista se crea, como un acto de fe, que la democracia es un sistema en el que el poder político emana del pueblo, y supone diversos principios tales como la división del poder, el control del poder y el trato igualitario entre los miembros de la sociedad, sin contradicciones de fondo. Tal es así, que a partir del siglo XX este criterio adquiere fuerza mayor y se consagra con la abolición de la esclavitud, la conquista del sufragio universal, el reconocimiento de igualdad legal de las mujeres, el reconocimiento de los derechos de los trabajadores y las garantías de no discriminación para las minorías raciales y étnicas. Aquello es el mejor reconocimiento de una sociedad dividida en clases y en constante lucha antagónica .
Como una forma de armonizar esa contradicción, la sociedad moderna burguesa apela al principio de la “regla de la mayoría”, es decir, el derecho de la mayoría a que se adopte su posición cuando existen diversas propuestas. A partir de entonces se asimila en la cultura popular la idea de que la democracia descansa en la decisión mayoritaria, en el gobierno de la mayoría y no de todos.
¿Cómo hacer evidente que la decisión de la mayoría social es tal y, por tanto, legitima? Esa es la gran disyuntiva de la política moderna en la sociedad capitalista.
Las elecciones son el instrumento por el que se aplica la regla de mayoría; haciendo así de la democracia el ejercicio más eficiente, eficaz y transparente, donde se aplica la igualdad y la oportunidad de justicia. No obstante, muchos sistemas democráticos no utilizan la regla de la mayoría o la restringen mediante sistemas de elección rotativos, al azar, derecho a veto, etc. De hecho, en determinadas circunstancias, la regla de la mayoría puede volverse antidemocrática cuando afecta derechos fundamentales de las minorías, de los individuos, o vulnera los principios fundamentales de la vida del Estado.
Vivir de la democracia para vivir sin ella, haciendo uso de sus recursos institucionales, cooptando sus instituciones para otros fines, parece ser el principio de la sociedad burguesa en el neoliberalismo postmoderno, en la que una minoría elitista utiliza todos los recursos institucionales y legales de la democracia formal para conculcar los derechos de las mayorías. Para ello es necesario cooptar las instituciones que consagran una aparente legitimidad de los hechos antidemocráticos, eso es lo que viene sucediendo en el gobierno de Lenín Moreno en Ecuador, ocurre en Chile en el gobierno de Sebastian Piñera y ocurrirá en todo lugar en donde la democracia formal sea convertida en un simulacro. Se trata de sociedades del silencio en las que no se reconocen las divergencias entre la propia sociedad, lo cual hace imposible desarrollar una vida en libertad y democracia. Luego, tampoco es factible que las divergencias sociales sean expresadas libremente. No solo esas divergencias sean expresadas, sino que también se creen los mecanismos para que dichas diferencias lleguen al ente político que ostenta el poder y desde ahí crear condiciones propias para la vida social en consenso.
Una democracia se debe fundamentar en principios, tales como el de la división del poder, la igualdad o el respeto a los derechos fundamentales. Así, estos mismos fundamentos democráticos no pueden ser desconocidos por persona o institución alguna, incluyendo a las mayorías, porque hay ciertos valores del propio Estado burgués que no pueden ser reducidos por la actuación de las propias instituciones que se han constituido a la luz de la democracia formal, y tampoco pueden ser olvidados por las mayorías, aun cuando estas lo hubieren determinado así mediante procesos y mecanismos que se encuentren establecidos en la Constitución. A razón de esto, es que es factible hacer una diferenciación entre la democracia formal y la material. Por eso es que hemos venido señalando que la democracia en nuestra sociedad es un simulacro, una pura representación, un mito.
¿La construcción de una sociedad justa y democrática, entonces, implica la destrucción de la anterior o su utilización institucional? He ahí el dilema.
Dentro de la concepción marxista y del materialismo histórico, el Estado es el órgano de la sociedad para el mantenimiento del orden social al servicio de la clase dominante. La democracia burguesa se la ejerce como una dictadura de la burguesía sobre el proletariado, en una sociedad en la que el orden capitalista está fundado en la explotación humana, en el robo del trabajo ajeno, a través del concepto de plusvalía legitimado en la propiedad privada. Luego, el Estado burgués no puede ser defensor de los intereses generales, ya que estos se oponen a los de la propiedad privada.
De ahí nace la concepción de la lucha armada contra instituciones militares y civiles que consagran la sociedad capitalista y la defenderán a sangre y fuego. En otras palabras, un nuevo Estado debe ser instaurado por la insurrección de las masas, guiadas por un partido único o frente pluripartidista si fuese posible, con una línea partidaria que apunte a barrer con las instituciones del Estado burgués y la legalidad que asegura el poder económico de la minoría. Existen ejemplos históricos exitosos como la Revolución bolchevique, la Revolución Cubana, y también fracasos en el intento de tomar el poder por las armas, como la captura y asesinato del Che en Bolivia. Lo uno o lo otro todavía sigue pendiente de dilucidar en el debate político actual.
¿Puede la fuerza de la voluntad popular reemplazar la fuerza de las armas, es un plebiscito lo suficientemente representativo y democrático para que por sus mecanismos de consulta al pueblo se decida la reorganización constituyente de un país? No falta quienes afirman que los procesos constituyentes -vía plebiscito, incluso- son un mecanismo de la propia democracia burguesa para maquillar a la sociedad de democracia y perpetuare en el poder, cuando los medios de control de la constitucionalidad se identifican como recursos jurídicos diseñados para verificar la correspondencia entre los actos emitidos por quienes detentan ese poder.
En Colombia los rebeldes entregaron las armas y ahora confían en la voluntad popular para ganar espacios de poder. El Che fue enterrado como símbolo y figura política, pero pervive como ícono pop del movimiento estudiantil. Seguirá siendo un deber ser, un aspiracional moral de los revolucionarios latinoamericanos, aun cuando sus tesis de lucha guerrillera armada se muestran cada día más imposibles, en su concreción histórica.
¿El ejemplo chileno, es una opción?
La pregunta cobra fuerza en la actualidad cuando un pueblo como el chileno, desmonta el tinglado dictatorial aprobando el cambio de la Constitución vigente que lo consagra. La voluntad mayoritaria del pueblo expresada en consulta popular, al parecer, reemplaza en ese país el argumento de las armas. Otro ejemplo es Bolivia, país en el que una elección presidencial da vuelta el panorama político por expresión mayoritaria a favor de un régimen que considere los intereses ciudadanos.
En ambos casos hay un factor determinante. Chile y Bolivia bogan por sociedades de derechos en que las más elementales necesidades básicas del pueblo estén resueltas por la voluntad política de un Estado democrático. Entonces se potencia el nuevo sentido de la democracia. No puede haber democracia real sin derechos populares respetados. Y lo que es más singular, ya no habrá paz social sin vigencia de la democracia. La lección histórica parece indicar que la democracia como convivencia social retorna a su significancia original, todo con el pueblo, nada sin él. Y recobra su sentido real para dejar de ser un mito.
