El pueblo chileno en una jornada histórica aprobó hoy por más del 78% contra un 21% de rechazo la instauración de una nueva Constitución que sea redactada por una Asamblea Constituyente ciudadana. El mayoritario rechazo a todo vestigio heredado de la dictadura pinochetista se hace tan evidente en el país del sur que, a treinta años de haber concluido la tiranía militar Chile confirma su vocación democrática y hace justicia con plena expresión popular de rechazo a una carta constitucional que dejó intacto el país excluyente que es hoy Chile.
Los próximos pasos en el verdadero retorno a la democracia comienzan hoy en el territorio chileno, con la conformación de listas para elegir a los miembros de una Convención Constitucional ciudadana que deberá redactar la nueva carta fundamental del país. El mecanismo que escogió la ciudadanía para elaborar el nuevo pacto será integrado paritariamente por delegados y delegadas elegidas en su totalidad por el voto popular, con escaños reservados para pueblos originarios, personas en condiciones de discapacidad y mejores condiciones de elegibilidad para independientes. La opción transformadora será más fuerte con una contundente participación popular, para llegar al 11 de abril, cuando haya que escoger a quienes trabajarán en la elaboración del nuevo pacto constitucional, que es la siguiente elección más importante de un calendario plagado de comicios. Esa batalla electoral será seguida por una menos visible pero trascendental: la capacidad de los delegados constituyentes de dotarse de un reglamento de funcionamiento y procedimientos que debería sellar la legitimidad social y política para seguir avanzando.
Quienes estarán investidos por mandato popular para elaborar la nueva Constitución, serán los que deberán fijar las reglas del espacio constituyente, su forma de relacionarse con sus mandantes, cómo recogerán las propuestas emanadas desde la sociedad, su procesamiento y permanente retroalimentación. Es un proceso que no podrá encerrarse entre cuatro paredes, que deberá estar en la calle, en las regiones, en las asambleas y cabildos, nutrirse de propuestas sectoriales y técnicas de quienes trabajan por los derechos humanos en su más amplia acepción, que buscan alternativas para mitigar el cambio climático, el fin de la violencia de género, por la justicia social y por un modelo de desarrollo sustentable, entre otras muchas materias.
Será necesario como ahora en octubre, también en abril un triunfo de manera contundente para elaborar una carta de derechos como quiere la ciudadanía, que incluya garantías de una mejor salud, educación, acceso a viviendas dignas, al trabajo decente, a pensiones justas y a otras tantas necesidades y demandas puestas sobre la mesa por la democrática movilización que ya no cabe en los marcos constitucionales actuales.
El repudio a una clase política cómplice de la dictadura militar que buscó eternizarla preservando su herencia política, social y económica no es dádiva de nadie, es el fruto de la lucha decidida valiente y sin tregua librada en las calles desde octubre pasado por la juventud, la mujer y los trabajadores de Chile dispuestos a poner fin a leyes heredadas de la dictadura promulgadas en la década de los años ochenta. Es consecuencia de las masivas y macizas movilizaciones del último trimestre del 2019. Es producto de un ideario y una demanda social por derechos. Es consecuencia de años en que las fuerzas progresistas y de izquierda vinieron reclamando la realización del plebiscito y avanzar a un nuevo contenido constitucional. La enseñanza chilena para los pueblos latinoamericano es clara: solo el pueblo dispuesto, organizado y movilizado provoca los cambios sociales.
Chile da un ejemplo al mundo con una categórica aprobación por la democracia, la justicia social y la dignidad nacional, en un país durante más de medio siglo con derechos conculcados. Latinoamérica y el mundo observan con atención el camino trazado en la tierra de las uvas y el viento, hoy iluminado por la estrella solitaria de los chilenos.
